Miguel Angel Rodriguez Diaz
Expediente 1630/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Miguel Angel Rodriguez Diaz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1630/2019-III. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es .. Analizado lo anterior, se destaca el acto reclamado donde el acto reclamado consistente en la resolución del recurso de revocación de dos de diciembre del año en curso, el proceso de extradición 1/2019, en el que dejó sin efectos la fecha de la audiencia señalada para el desahogo de las pruebas periciales ofertadas, resuelto por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el procedimiento de extradición 1/2019, no es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se considera como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. Es aplicable en lo conducente la tesis II.2o.P.21 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, número de registro 197110, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradición; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente." En efecto, los actos referidos solamente producen efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno como lo pretende hacer valer el agraviado, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez federal responsable, remita junto con el expediente de extradición su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, y será hasta la resolución que allí se emita, cuando estará en aptitud de hacer valer el medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, como lo dispone el diverso artículo 33 de la ley en cita. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo López Ramírez, Juan Manuel Delgado González y Marco Antonio Avilés Huerta, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7061/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva de dicha comisión, quien actúa asistido del Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
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