Miguel Angel San Lorenzo Madero
Expediente 1794/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1794/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2018
Partes del expediente
- Miguel Angel San Lorenzo Madero
Actuaciones
- Principal
VII-Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Aparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual hace del conocimiento que el juicio de amparo 1794/2018-VII, fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, adjuntando impresión de la boleta de turno. Atento a lo anterior, agreguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
vii)Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual hace del conocimiento que por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se avocó al conocimiento respecto a la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel San Lorenzo. Ahora bien, visto el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" Lo anterior, a virtud de que por auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel San Lorenzo; y mediante oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, informó que por auto de siete de diciembre del presente año, se avoco al conocimiento de la demanda de referencia, razón por la cual el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
vii)Toluca, Estado de México; cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel San Lorenzo Madero, contra actos de este Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1794/2018-VII. Incompetencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 38 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes. De la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como autoridad responsable ordenadora a este Juzgado Federal atribuyéndole el acto reclamado consistente en: todo lo actuado en el juicio de amparo 700/2018, promovido por María del Pilar Rovalo y López de Linares, y sus consecuencias. Ahora bien, en relación con lo anterior, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Del precepto legal en cita, refiere en lo que interesa al caso que, para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, es competente otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En ese orden, tomando en consideración que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituye los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la tesis I.3o.C. 102 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primera Circuito, publicada en la página 2333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 162281, que establece: "HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia constitucional." Luego, de conformidad con el precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, se tiene a la vista el juicio de amparo 700/2018, del índice estadístico de este juzgado el cual fue promovido por María del Pilar Rovalo y López de Linares, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México y otras, de donde se desprende que el veintiocho de septiembre del presente año, este juzgado dictó sentencia, quedando firme el treinta de octubre de dos mil dieciocho, requiriendo el cumplimiento de la misma. En consecuencia, se invoca dicho hecho notorio para los efectos del presente juicio de amparo y, se ordena glosar a este expediente copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, sentencia referida, auto de ejecutoria y último proveído dictado en el expediente de referencia. En esas condiciones el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo por tener el carácter de autoridad responsable, al haber emitido todo lo actuado dentro del juicio de amparo 700/2018, lo cual se señala como acto reclamado, según se desprende en el escrito de cuenta; por lo que declina se competencia en favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.XI. J/2 K (10a.), emitida por los Plenos de Circuito, consultable en la página 1024, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2017, Libro 39, Tomo II, Decima Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE ATRIBUYE AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, DEBE DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO Y DECLINARLA AL QUE ESTIME COMPETENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 38 y 51, fracción IV, de la Ley de Amparo que prevén, el primero, el supuesto de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un Juez de Distrito y, el segundo, la hipótesis de impedimento cuando el Juez de Distrito tenga el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo por haber emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado, puede establecerse que la primera hipótesis corresponde al caso en el que el acto reclamado fue emitido por el juzgador federal en o con motivo de su actuación en el propio órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, de donde le resulta aplicable la regla especial de competencia contenida en esa disposición y, la segunda, se encuentra determinada para los casos en que el juzgador de amparo hubiese tenido la titularidad de la entidad pública a la que se atribuye el acto en la demanda de amparo indirecto que ahora es de su conocimiento. Por tanto, cuando el acto reclamado se encuentra atribuido al Juez de Distrito en o con motivo de su actuación en el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, debe declarar su falta de competencia legal para conocer del asunto y declinarla al Juez de Distrito que estime competente. En las relatadas condiciones, lo procedente es remitir los autos originales del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que a su vez lo remita al Juez de Distrito en turno. Lo anterior, no obstante en dicha demanda de amparo se aleguen violaciones al interés superior al menor, pues ello no es suficiente para transgredir las reglas de competencia establecidas, máxime que en el caso únicamente se está declinando competencia para que diverso Juzgado de la especializad de el tramite correspondiente. Sirve de apoyo por analogía la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2390, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2018, Libro 59, Tomo III, Decima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Por otra parte, con copia del escrito inicial de demanda, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, se solicita de la manera más atenta y respetuosa al homologo federal que conozca del presente juicio de amparo se sirva informar lo que tenga a bien determinar con relación al presente asunto, lo anterior para los efectos legales conducentes. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio del escrito de demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizada en términos amplios a Emiliana Leticia Escamilla Velázquez por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los restantes en términos restringidos; esto es, para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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