Miguel Angel Rodriguez Diaz
Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2019
Partes del expediente
- Miguel Angel Rodriguez Diaz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinte de junio año en curso, en el recurso de queja 96/2019 de su índice, medio de impugnación resuelto en los términos que a continuación se precisan: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja.". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; catorce de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Hugo López Ramírez autorizado en términos amplios del quejoso Miguel Ángel Rodríguez Díaz, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de siete de los actuales, por el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 567/2019-III. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis de la demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente éste se hace consistir en: La omisión de establecer el momento en que la defensa del quejoso deberá de aceptar y protestar el cargo, a pesar de estar designada, pues en razón de ello no se encuentra en condiciones de desahogar el requerimiento consistente en manifestar si otorga o no su consentimiento para la toma de muestras fotográficas y de huellas, para la realización de una prueba en materia de identidad humana, y la vigencia del apercibimiento de multa para el caso de no desahogarlo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que, como se ve, el aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Para explicar de una manera más clara lo dicho, es necesario citar el contenido de los referidos artículos, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de establecer el momento en que la defensa del quejoso deberá de aceptar y protestar el cargo, a pesar de estar designada, pues en razón de ello no se encuentra en condiciones de desahogar el requerimiento consistente en manifestar si otorga o no su consentimiento para la toma de muestras fotográficas y de huellas, para la realización de una prueba en materia de identidad humana, y la vigencia del apercibimiento de multa para el caso de no desahogarlo. En efecto, dicha omisión no se considera de imposible reparación, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se advierte el quejoso refiere que su defensa ya fue designada por la responsable, y que el acto en concreto que desea combatir es la circunstancia de que no se haya señalado plazo para que aceptara y protestara el cargo, pues derivado de ello no se encuentra en condiciones de desahogar el requerimiento consistente en manifestar si otorga o no su consentimiento para la toma de muestras fotográficas y de huellas, para la realización de una prueba en materia de identidad humana, y la vigencia del apercibimiento de multa para el caso de no desahogarlo; lo cual, evidentemente no resulta un daño irreparable a la esfera jurídica del quejoso. Pues en primer lugar es dable advertir que el derecho fundamental de defensa está tutelado en su favor, tan es así que ya le fue designada, pero el hecho de que no se señalara un plazo para la aceptación de cargo no debe confundirse con una afectación que le genere daños irreparables, pues no se advierte cómo es que esa circunstancia por si sola le pueda perjudicar, aunado a que no puede justificar la ausencia de desahogo del requerimiento por la omisión de señalar plazo para la aceptación de cargo, debido a que las máximas de la experiencia permiten establecer que cuando en un juicio se tiene designada a la defesa ésta puede acudir ante la autoridad del procedimiento para realizar el trámite relativo a la aceptación y protesta de cargo correspondiente. Estimar lo contrario sería tanto como desconocer la carga procesal que tienen la partes, en el caso el extraditable de acudir al procedimiento y designar una defensa, sea pública o particular, y más aún si como en la especie ya fue designada por la autoridad judicial mediante auto de veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, tiene que acudir al juicio para la protesta respectiva, pues la autoridad responsable ya la tuvo por designada. Además, se advierte que el acto reclamado surge del hecho de que la responsable le hizo un requerimiento para el desahogo de pruebas, lo que robustece la idea de que se trata de actos de autoridad de mero trámite en el procedimiento de extradición. Por tanto, el acto que por esta vía se pretende combatir es de carácter intraprocesal; y por ende, hasta este momento no le genera un daño irreparable al quejoso, pues será hasta la resolución que se dicte sobre si es procedente o no la extradición, en que podrán invocarse las afectaciones que se estime generan un daño a la esfera jurídica del quejoso, o bien se le haga efectivo el apercibimiento de multa si no desahoga el requerimiento aludido. Sobre todo, se insiste, porque no se hace consistir en un acto de autoridad que afecte directamente a su derecho defensa, ni mucho menos se advierte de la demanda que con el actuar de la responsable se esté obstaculizando, sino que simplemente se trata de un trámite cuya carga respecto del impulso procesal corresponde a la defensa para acudir a aceptar y protestar el cargo, pues ya fue autorizada su intervención en el juicio, como lo expone el mismo quejoso. Consecuentemente, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procedimentales del quejoso, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el trámite del procedimiento de extradición, el cual es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior la Tesis Aislada P. XXXVI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Página: 11, de Agosto de 2004, Novena Época, Materia Penal, con número de registro: 180883, cuyo rubro y texto son: "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición." Por ende, se considera que se trata de actos meramente intraprocesales que en caso de generar algún daño en la esfera jurídica del quejoso podrán ser reparables en caso de obtener una opinión favorable a sus intereses en el expediente de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, la omisión de establecer el momento en que la defensa del quejoso deberá de aceptar y protestar el cargo, a pesar de estar designada, pues en razón de ello no se encuentra en condiciones de desahogar el requerimiento consistente en manifestar si otorga o no su consentimiento para la toma de muestras fotográficas y de huellas, para la realización de una prueba en materia de identidad humana y la vigencia del apercibimiento de multa para el caso de no desahogarlo, puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la resolución de extradición que se llegue a dictar en definitiva. Se itera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga resolución favorable. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción, inciso b), de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo López Ramírez, Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno que autoriza, firma y da fe.
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