Miguel Angel Rodriguez Diaz
Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2019
Partes del expediente
- Miguel Angel Rodriguez Diaz
Actuaciones
- Principal
TVI)oluca, Estado de México a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite: - Testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintidós de agosto del año en curso, en la queja 123/2019, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Con precisiones, se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, acúsese recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: - El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues, se desechó la demanda de amparo (Punto Vigésimo Primero, fracción I). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes, de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México a dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 14958/2019, por el que este juzgado le remitió las constancias ahí detalladas, medio de impugnación que se registró con el número de queja 123/2019, asimismo, requiere la constancia ahí señalada. Atento a lo anterior, como lo solicita el superior jerárquico, envíese copia certificada de la constancia requerida, en el entendido de que dicho escrito se imprime tal y como se encuentra recepcionado en el correo electrónico de este juzgado el once de junio del año en curso, el cual fue registrado con el número de promoción 9322. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México a doce de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por ******************** autorizado en términos amplios del quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de los actuales, por el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de mérito; asimismo, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada, aceptando la existencia del auto impugnado. A fin de resolver dicho medio de impugnación, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rodríguez Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 689/2019-VI. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis de la demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente éstos se hacen consistir en: Único. El acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el procedimiento de extradición 1/2019, donde se tiene por recibido el oficio del Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, en el cual informa diversas circunstancias con dicho procedimiento (que solicitó el archivo digital -master impresión-, del que surgió el rostro que aparece en el paquete de pruebas que conforma la petición de extradición), motivo por el cual, se hace del conocimiento a la defensa que debido a que se desconoce la fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos de América atenderá la petición de la Fiscalía General de la República, la experticias admitidas deberán desahogarse con la información que obra en el expediente de extradición; asimismo, en virtud de que no se cuenta con el escrito completo de la defensa donde promueve apelación, se ordena correr traslado a la representación social con el escrito con folio 7439; de igual forma, en relación con el escrito de la defensa donde hace suyas las manifestaciones expresadas por los peritos, le dicen que no se realiza mayor pronunciamiento, porque ya fue enviado el oficio correspondiente; y finalmente, no se emite mayor pronunciamiento sobre la solicitud de metadatos, archivo digital (master de impresión), por lo ya acordado. Sin que se tenga como acto reclamado destacado el señalado como: "II. La omisión de la responsable de bridarle auxilio judicial efectivo y eficaz de solicitar por su conducto al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de requerir al Gobierno de los Estados Unidos de Norte América la misma información, que en el paquete de extradición se ubican como los anexos D-6, prueba E y E1, para poder realizar las pruebas periciales que ofertó a efecto de acreditar sus excepciones en el procedimiento de extradición"; pues el mismo, es sólo una apreciación valorativa o calificativa del acto central, puesto que tal observación se refiere al fondo del asunto y su análisis procederá, al no presentarse alguna causa de improcedencia y se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 159, volumen 18 tercera parte, con registro 239099, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que, como se ve, el aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 107, fracción III, de la citada Ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." (Lo resaltado en el texto no es de origen). La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Debe destacarse el estudio que realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2002-PL, determinación en la cual identificó la naturaleza jurídica del procedimiento de extradición como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, impugnable vía amparo indirecto por la naturaleza de las autoridades de que proviene, en los términos ahí precisados; lo anterior, partiendo de la interpretación de la fracción II de artículo 114 de la anterior Ley de Amparo. Correlativo con el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Destacó en este punto, que aparece la regla especial de procedencia consistente en que cuando dentro de un procedimiento administrativo seguido "en forma de juicio" se emitan actos que ameriten la inconformidad del particular, éstos no pueden válidamente reclamarse en amparo sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamar en el amparo ante Juez de Distrito tanto las violaciones contenidas en dicha resolución, como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Entonces, si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal, para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; sobre todo, si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apoyó en la tesis de jurisprudencia 22/2003, de la Segunda Sala, emitida al resolver por unanimidad de votos la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil tres, que se identifica y lee como sigue: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Asimismo, tiene aplicación la tesis P. XXXVI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, número de registro 180883, cuyo rubro y texto son: "EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CLXV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 36, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).", reiteró un criterio anterior en el sentido de que la extradición es un procedimiento que se divide en tres fases: la primera inicia cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal de extradición y solicita se adopten medidas precautorias, o bien, la que inicia directamente con la petición formal de extradición; la segunda se entendía iniciada con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la solicitud formal de extradición; y la tercera constituida sólo con la resolución de dicha secretaría, que en forma definitiva la concede o la rehúsa, con el importante señalamiento de que cuando culmina una de las tres, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ellas pudieran haberse cometido, en virtud del cambio de situación jurídica. Ahora bien, nuevos elementos de reflexión llevan a establecer que la adopción de las medidas precautorias previstas por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, si bien en términos generales pueden formar parte del trámite de extradición siempre que el gobierno requirente decida hacer uso de ese derecho, ello no da inicio formal al citado procedimiento, sino que esto ocurre hasta que se presenta la petición formal, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado la garantía de audiencia ante un Juez de Distrito y concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición. Por tanto, la medida precautoria que tiene por objeto evitar que la persona reclamada pueda sustraerse a la acción de la justicia, asegurando la eficacia de la decisión de extradición no da inicio al procedimiento relativo y, además, es preclusiva, en tanto que conforme al último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede durar más de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se haya cumplimentado, por lo que se extingue el derecho de realizar cualquier facultad procesal no ejercida en ese plazo; lo que no ocurre con las violaciones procesales que pudieran suscitarse a partir de que se presente la petición formal de extradición, ya que al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, por regla general, podrán invocarse al tiempo de combatir en amparo indirecto la resolución que concede la extradición." [Lo resaltado no es de origen] Analizado lo anterior, se destaca el acto reclamado donde el acto reclamado consistente en el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el procedimiento de extradición 1/2019, donde se tiene por recibido el oficio del Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, en el cual informa diversas circunstancias con dicho procedimiento (que solicitó el archivo digital -master impresión-, del que surgió el rostro que aparece en el paquete de pruebas que conforma la petición de extradición), motivo por el cual, se hace del conocimiento a la defensa que debido a que se desconoce la fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos de América atenderá la petición de la Fiscalía General de la República, la experticias admitidas deberán desahogarse con la información que obra en el expediente de extradición; asimismo, en virtud de que no se cuenta con el escrito completo de la defensa donde promueve apelación, se ordena correr traslado a la representación social con el escrito con folio 7439; de igual forma, en relación con el escrito de la defensa donde hace suyas las manifestaciones expresadas por los peritos, le dicen que no se realiza mayor pronunciamiento, porque ya fue enviado el oficio correspondiente; y finalmente, no se emite mayor pronunciamiento sobre la solicitud de metadatos, archivo digital (master de impresión), por lo ya acordado. Dicho acto no es una resolución definitiva que ponen fin al procedimiento de extradición, ni tampoco se considera como de imposible reparación, porque no afectan un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo del procedimiento de extradición, porque puede darse el caso que la resolución que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, determine la improcedencia de la extradición del quejoso, con lo que la alegada violación, no dejaría huella en su esfera jurídica; caso contrario, esto es, que la determinación de extradición fuese procedente, aquellas infracciones podrían combatirse, en el sentido de que la recepción y tramitación de la solicitud de extradición fuese ilegal, sea por no cumplir con los requisitos legales, o por presentar alguna inconsistencia de carácter procesal, y esas infracciones pueden analizarse al verificar, inclusive, en sede de amparo indirecto, la ilegalidad de aquellas infracciones. En ese escenario, se reitera, que para determinar la procedencia del juicio de amparo por actos dentro del procedimiento que sean reparables, deben recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, tales actos no encuadran en alguna de las excepciones que contempla Ley de Amparo, pues principalmente sólo se acuerdan diversas cuestiones relativas a las pruebas a recabar dentro de dicho procedimiento, lo cual no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que en dado caso afectaría la esfera jurídica del gobernado surgiría al dictarse la resolución correspondiente por el Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y contra esta última seria procedente el juicio de amparo, ya que con ella culminaría el procedimiento de extradición. Es aplicable en lo conducente la tesis II.2o.P.21 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1109, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, número de registro 197110, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradición; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente." En efecto, los actos referidos solamente producen efectos formales o intraprocesales al momento de su emisión, los cuales no afectan de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno como lo pretende hacer valer el agraviado, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento en que el Juez federal responsable, remita junto con el expediente de extradición su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y una vez que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, y será hasta la resolución que allí se emita, cuando estará en aptitud de hacer valer el medio extraordinario de defensa como es el juicio de amparo, como lo dispone el diverso artículo 33 de la ley en cita. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, de la invocada ley, por los motivos expuestos. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III, de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido fue citado en párrafos precedentes. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional el auto de treinta y uno de mayo del año en curso, ya señalado, éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que las determinaciones reclamadas pueden ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Así las cosas, la determinación que por esta vía impugna el quejoso, encuadra en el supuesto del artículo 465 del Código Nacional Procedimientos Penales; por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el citado artículo dispone que las resoluciones emitidas por una autoridad judicial de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación serán revocables; por tanto, al establecer la legislación la procedencia de la revocación, resulta evidente que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando usuario para recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se comisiona al Secretario del Juzgado para que previo cercioramiento de su registro autorice el nombre del usuario "vhlopez7", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo López Ramírez, Juan Manuel Delgado González y Carlos Enrique García Limón, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que señala, en términos restringidos del numeral en cita, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así señalarlo la promovente. Uso de medios electrónicos. En conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a los autorizados para imponerse únicamente de los acuerdos que se dicten en este expediente, mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21, párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
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