Miguel Ángel Díaz Castro
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Díaz Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega informe Glósese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, así como la documental que acompaña, de conformidad con lo establecido por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene a la autoridad oficiante informando que es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que se formó el expediente **********, relativo a la providencia precautoria en su modalidad de retención de dinero, promovida por ********************, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, misma que se admitió el catorce de julio del año en curso, y se ordenó para tal efecto girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se llevara a cabo la retención de dinero que se encontrara depositado en cuentas bancarias de inversión o cheques a nombre de los demandados, informando que se localizó la cuenta ******************** a nombre de ********************. Asimismo, hace del conocimiento de este juzgado que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora ********************, sociedad anónima de capital variable, desistiéndose de la retención de dinero en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, por lo que, giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tuviera conocimiento que quedó sin efectos la retención de dinero, dicha solicitud de liberación de cuentas, se registró con folio ********************, de dieciocho del citado mes y año, anexando copia certificada del expediente **********, de su índice. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitieron copias certificadas de las mismas. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, es oportuno precisar que, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y Actuario y/o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial de Hermosillo Sonora, de quienes reclamó lo siguiente: [.] IV.- ACTO RECLAMADO Del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, reclamo el ordenamiento de un supuesto embargo respecto de mi cuenta personal, la de la Institución de bancaria ********************, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ********************, con No. De cuenta ********************, a través de oficio No. ********************/2023 que desprende del expediente ********************/2023, del mencionado juzgado, ya que desconozco si fui demandado ya que nunca fui oído ni vencido en juicio, aunado a lo anterior, no me notificó previamente la orden respectiva, sin siquiera realizar diligencia de mi embargo o de embargo precautorio correspondiente y sin hacer de mi conocimiento hoy quejoso, todas y cada una de las actuaciones realizadas precias a dicho congelamiento. Del C. Actuario y/o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora la supuesta notificación de los multicitados ordenamientos de congelamiento, secuestro de cuentas y/o supuesto emplazamiento a juicio. [.] Bajo este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, hizo del conocimiento de este juzgado que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora ********************, sociedad anónima de capital variable, desistiéndose de la retención de dinero en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, girando oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tuviera conocimiento que quedó sin efectos la retención de dinero, dicha solicitud de liberación de cuentas, la cual se registró con número de folio ********************, de dieciocho del citado mes y año, anexando las documentales que acreditan su dicho. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa el acto reclamado era el embargo respecto de la cuenta de la Institución de bancaria ********************, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ********************, número ********************, la cual se realizó a través del oficio número ********************/2023 derivado del expediente ********************/2023, del juzgado responsable, y, en virtud de que la parte actora se desistió de la retención de dinero en contra del aquí quejoso ********************, por lo que, sin lugar a dudas, cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que se presentó la demanda de amparo, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, existía la orden de retención de dinero que se encontrara depositado en cuentas bancarias de inversión o cheques a nombre del quejoso en la cuenta ********************. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto a los actos reclamados, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, registro 184572, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo antes expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, relativa al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega informe Glósese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, así como la documental que acompaña, de conformidad con lo establecido por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene a la autoridad oficiante informando que es cierto el acto reclamado por el quejoso, ya que se formó el expediente **********, relativo a la providencia precautoria en su modalidad de retención de dinero, promovida por *****, sociedad anónima de capital variable, en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, misma que se admitió el catorce de julio del año en curso, y se ordenó para tal efecto girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se llevara a cabo la retención de dinero que se encontrara depositado en cuentas bancarias de inversión o cheques a nombre de los demandados, informando que se localizó la cuenta ******************** a nombre de ********************. Asimismo, hace del conocimiento de este juzgado que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora ********************, sociedad anónima de capital variable, desistiéndose de la retención de dinero en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, por lo que, giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tuviera conocimiento que quedó sin efectos la retención de dinero, dicha solicitud de liberación de cuentas, se registró con folio *****, de dieciocho del citado mes y año, anexando copia certificada del expediente **********, de su índice. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitieron copias certificadas de las mismas. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, es oportuno precisar que, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y Actuario y o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial de Hermosillo Sonora, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO Del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, reclamo el ordenamiento de un supuesto embargo respecto de mi cuenta personal, la de la Institución de bancaria ********************, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ********************, con No. De cuenta ********************, a través de oficio No. ********************2023 que desprende del expediente ********************2023, del mencionado juzgado, ya que desconozco si fui demandado ya que nunca fui oído ni vencido en juicio, aunado a lo anterior, no me notificó previamente la orden respectiva, sin siquiera realizar diligencia de mi embargo o de embargo precautorio correspondiente y sin hacer de mi conocimiento hoy quejoso, todas y cada una de las actuaciones realizadas precias a dicho congelamiento. Del C. Actuario y o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora la supuesta notificación de los multicitados ordenamientos de congelamiento, secuestro de cuentas y o supuesto emplazamiento a juicio. Bajo este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el efecto es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9 98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, hizo del conocimiento de este juzgado que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte actora ********************, sociedad anónima de capital variable, desistiéndose de la retención de dinero en contra de ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y el aquí quejoso ********************, girando oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que tuviera conocimiento que quedó sin efectos la retención de dinero, dicha solicitud de liberación de cuentas, la cual se registró con número de folio ********************, de dieciocho del citado mes y año, anexando las documentales que acreditan su dicho. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa el acto reclamado era el embargo respecto de la cuenta de la Institución de bancaria ********************, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ********************, número ********************, la cual se realizó a través del oficio número ******************** 2023 derivado del expediente ******************** 2023, del juzgado responsable, y, en virtud de que la parte actora se desistió de la retención de dinero en contra del aquí quejoso ********************, por lo que, sin lugar a dudas, cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que se presentó la demanda de amparo, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, existía la orden de retención de dinero que se encontrara depositado en cuentas bancarias de inversión o cheques a nombre del quejoso en la cuenta ********************. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto a los actos reclamados, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, la jurisprudencia 2a.J. 10 2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, registro 184572, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo antes expuesto, se dejan sin efectos las nueve horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, relativa al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
IInterlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 920/2023-I-2, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente: [.] IV.- ACTO RECLAMADO Del Juzgado Tercero de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, reclamo el ordenamiento de un supuesto embargo respecto de mi cuenta personal, la de la Institución de bancaria ************, con No. De cuenta ************, a través de oficio No. ************/2023 que desprende del expediente ************/2023, del mencionado juzgado, ya que desconozco si fui demandado ya que nunca fui oído ni vencido en juicio, aunado a lo anterior, no me notificó previamente la orden respectiva, sin siquiera realizar diligencia de mi embargo o de embargo precautorio correspondiente y sin hacer de mi conocimiento hoy quejoso, todas y cada una de las actuaciones realizadas precias a dicho congelamiento. Del C. Actuario y/o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora la supuesta notificación de los multicitados ordenamientos de congelamiento, secuestro de cuentas y/o supuesto emplazamiento a juicio. [.] Segundo. Tramitación del incidente. Previa aclaración, por auto de dos de octubre de la presente anualidad, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la ejecución inminente del acto reclamado esto es, el embargo respecto de la cuenta de la Institución de bancaria SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, número ************, la cual se realizó a través del oficio número ************/2023 derivado del expediente ************/2023, del juzgado responsable. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Coordinador General de la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en representación del Actuario y/o Ministro Ejecutor adscrito a los Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Hermosillo Sonora, negó el acto reclamado consistente la notificación de la orden de congelamiento, secuestro de cuentas y/o supuesto emplazamiento a juicio. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que, se tiene por inexistentes los actos endilgados a la citada autoridad. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridades que en este considerando se precisan. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Por su parte el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora (en su denominación correcta), al rendir su informe previo, conviene en la existencia del acto que se reclama, ello en virtud de que si se encuentra en trámite el expediente ************/2023. Por lo que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen como ciertos los actos que le fueron reclamados. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Quinto. Determinación sobre la suspensión definitiva. A efecto de resolver sobre sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa solicito la suspensión para el siguiente efecto: [.] Con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, solicito a este H. Tribunal se sirva conceder la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la ejecución inminente del acto reclamado y en su momento la definitiva, ordenando que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente, toda vez que con esto, no se estaría perjudicando el interés social ni contraviniendo disposiciones de orden público, en cambio de continuar ejecutándose dicho acto nos ocasionaría daños de difícil reparación. [.] Primero se analizara respecto a la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la orden emitida para inmovilizar la cuenta bancaria ************ de la institución bancaria denominada ************, a nombre del quejoso ************, se niega la suspensión definitiva, toda vez que al mismo le reviste el carácter de consumado, por lo que, de otorgarse la medida cautelar solicitada, se le daría efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio principal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Ahora se procederá a analizar la medida suspensional solicitada respecto de los efectos de la orden de inmovilización de la cuenta bancaria ************ de la institución bancaria denominada ************, a nombre del quejoso ************, en términos de los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, para resolver lo relativo a los efectos de la medida cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que en su orden señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la parte quejosa en el escrito de la demanda de amparo, solicitó la medida suspensiva del acto reclamado. Los cuales aducen, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, conducen a la suscrita juzgadora a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la parte inconforme. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir que para determinar lo anterior, debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamenten los actos sean de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por ende, para decidir respecto de la concesión de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos aquí reclamados, debe realizarse un análisis del grado de afectación que sufren tales conceptos (orden público e interés social); de esta manera, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquél que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de las Ley de Amparo en aplicación, se desprende que la medida suspensiva tiene como propósito mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, de modo que el Juez de Distrito tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; y tomando en consideración que el artículo 139 de la ley de la materia, consigna la potestad conferida al Juzgador Federal de ordenar en el incidente de suspensión, en todos aquellos casos en que haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte quejosa, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, facultad que está supeditada a la naturaleza del asunto y principalmente a las disposiciones relacionadas con la misma. De esa manera, la suspensión es una medida cautelar de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias; de ahí, que no crea derechos en beneficio de la parte quejosa, sino únicamente los preserva en cuanto que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que sean o no inconstitucionales. Asimismo, efecto de resolver sobre la medida cautelar solicitada, el artículo 138 de la ley de la materia establece que el Juez de amparo al momento de emitir resolución, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Respecto al principio de apariencia del buen derecho, debe decirse que es un elemento que permite apuntar una credibilidad objetiva y seria, que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a alcanzar una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El análisis que debe realizarse sobre la base de dicho principio no prejuzga sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede resolverse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. En ese sentido, el principio de apariencia del buen derecho es un elemento que incide sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues se establece que, para el otorgamiento de la suspensión, es factible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que dejen de observarse los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es decir, el principio de la apariencia del buen derecho es un elemento que debe tomar en consideración el juzgador sólo para el otorgamiento de la suspensión, sin soslayar los requisitos de procedencia de la medida cautelar previstos en numeral referido en el párrafo que antecede. Por tanto, la verosimilitud del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria, que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo cual se justifica, debido a que las medidas cautelares, más que destinarse a hacer justicia, se dirigen a dar tiempo a ésta para cumplir eficazmente su objetivo. En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que únicamente para el otorgamiento de la suspensión debe ponderarse de manera simultánea el principio de la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público. Indicado todo lo anterior, se considera que en el caso, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, con el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que se trata de una controversia que afecta el patrimonio de un particular y para garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se pudieran ocasionar a su contraparte en el juicio natural, se tomarán las medidas correspondientes. Además, se considera que el quejoso demostró su interés indiciario, pues exhibió copia certificada del estado de la cuenta bancaria ************ de la institución bancaria denominada ************, a nombre del quejoso ************. Con dicha documental se acredita de manera presuntiva su dicho e interés suspensional; constancia a la que se otorga valor probatorio indiciario, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. En ese contexto, al considerarse que en el presente caso, se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, aunado a que de conformidad con el precepto 147 de la Ley de la materia, debe resolver sobre esta medida cautelar, de manera tal, que se preserve la materia del juicio de amparo; por ello, se concede la suspensión definitiva al quejoso ************, para que se le permita manejar libremente la cuenta bancaria ************ de la institución bancaria denominada ************, únicamente de la cantidad que exceda del monto inmovilizado, el cual a la fecha se desconoce. En la inteligencia de que la suspensión definitiva surtirá efecto sin necesidad de fijar una garantía, toda vez que los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada se encuentran garantizados con la inmovilización ordenada por la autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ************, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando tercero y primera parte del considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ************, en contra de la autoridad y acto precisado en la última parte del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Informe previo Agréguese a los autos el informe previo rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del distrito judicial de Hermosillo, Sonora (en su denominación correcta); con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetarlo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Valor probatorio del informe previo Lo anterior, en el entendido de que el valor probatorio del informe de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno por las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Anotación denominación correcta Finalmente, se comisiona al Oficial Judicial "A" de la adscripción, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de la autoridad que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/jcm
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