Miguel Ángel Hernández Castillo

Expediente 122/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
122/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Hernández Castillo
  • Miguel Ángel Hernández Castillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cinco de junio de dos mil dieciocho; sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo solicitado por ******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Atento lo anterior, es oportuno precisar que de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.]lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra del acto analizado en el presente considerando para los efectos que se precisan a continuación. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que éste exija; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las responsables deberán realizar lo siguiente: Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad: De manera inmediata ordene a quien corresponda la realización de "paraclínicos", que incluyan pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, lo que deberá acreditar a este juzgador de amparo con las constancias conducentes. Suministre al quejoso en las formas señaladas por la médico tratante los medicamentos prescritos.[.] Sin embargo, de la constancia de dieciséis de los corrientes, levantada por la Actuaria Judicial adscrita, se advierte que el quejoso ******, fue puesto en libertad el tres de mayo de dos mil dieciocho Asimismo, mediante oficios recibidos el veintitrés del mismo mes y año, el Director General y Encargado del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, residentes en esta ciudad, reiteraron que el referido quejoso, obtuvo su libertad el tres de mayo del actual; por tanto, resulta evidente que con ese proceder no es necesario solicitar el cumplimiento a las referidas autoridades responsables; en consecuencia se declara sin materia el cumplimiento la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.****

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la constancia de dieciséis de los corrientes, levantada por la Actuaria Judicial adscrita; ténganse por hechas las manifestaciones contenidas e informando que no fue posible notificar al quejoso *******, la sentencia emitida el quince de los corrientes, toda vez que el directo agraviado fue puesto en libertad el tres de los actuales. Atento lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones aún las personales se le realicen por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de mayo de dos mil dieciocho. Vistos para resolver el juicio de amparo 122/2018-VI, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de febrero del año en curso, turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados al Director General y Encargado del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", de quienes reclamó la omisión de proporcionarle atención médica necesaria. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite el juicio el amparo 122/2018-VI, se solicitaron los informes con justificación, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, y posterior a diversos diferimientos, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por imperativo de los artículos 74, fracción I, 75 y 76, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que los actos reclamados consisten en los siguientes: Del Director General y Encargado del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", reclama: La falta de atención médica; La negativa de proporcionarle los medicamentos que le fueron prescritos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Director General y Encargado del Área de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron; argumentando que el quejoso *******, ha sido atendido cuando ha sido necesario, ya que se le ha valorado de manera pronta y eficientemente por el personal del área médica de esa unidad administrativa, lo que pretenden acreditar con la nota informativa ******* (fojas 49 y 68), de veintitrés de febrero del año en curso, de la que se desprende que el quejoso fue monitoreado cada doce meses en los cuales no se ha desarrollado ningún síntoma o signo, asimismo, que del último estudio efectuado al mismo, el resultado fue negativo, resaltando que si el paciente en algún momento tuvo contacto con el virus, sus anticuerpos quedaron con la memoria del "*******", sin desarrollar propiamente la enfermedad. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte". Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. No obstante, de las constancias adjuntas al informe justificado rendido por las responsables, específicamente de la nota informativa *******, de veintitrés de febrero del año en curso, así como de la nota de valoración por ortopedia (fojas 51-52 y 70-71), de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, únicamente se colige que la médico especialista en ortopedia *******, sugirió la realización de "paraclínicos", que incluyeran pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, así como que en atención a lo anterior, la autoridad penitenciaria tomó al aquí quejoso muestras médicas para los estudios solicitados el veintidós de febrero del año en curso, sin embargo, no remite constancia alguna para acreditar la realización de los estudios así como el resultado de los mismos. Al respecto, se estima que la atención médica no se limita a la obtención de una consulta, sino que, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la salud de que todo individuo goza (y cuyo estudio se desarrollará más adelante) necesariamente comprende, como en el caso, la realización de los estudios de gabinete necesarios. Por ende, se tienen por desvirtuadas las negativas que vertieron las responsables, pues no cabe duda que la omisión reclamada, existe. CUARTO. Causas de sobreseimiento y de improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son sustancialmente fundados, analizados a la luz de la suplencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 fracción III, inciso a) y último párrafo de la Ley de Amparo vigente. La parte quejosa, en esencia, se duele de que con el actuar de las autoridades responsables, se vulnera el derecho fundamental de acceso a la salud, el cual se ve trastocado ante la eventualidad de que no se le proporciona una atención médica adecuada. Ahora bien, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: 4. El Varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, en su precepto 5°, Punto 1, establece: 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derechos a que se respete su integridad física, psíquica y moral." (.)". Debe destacarse también, lo dispuesto por el ordinal 25, punto número 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, que estableció: 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad...". Así, de lo dispuesto en el artículo 4° Constitucional, interpretado de conformidad con los instrumentos internacionales recién destacados, se obtiene que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cuya finalidad es la de garantizar, por una parte, el disfrute de servicios de salud y asistencia médica a fin de que se avale esa prerrogativa elevada al rango de derecho humano. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número de tesis LXV/2008, en la página 457, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, Materias Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". A mayor abundamiento, el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental a la protección de la salud, mientras que el Organismo de las Naciones Unidas especializado en la materia, ha definido la salud como un "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de la salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo...". De ahí que, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Sin que resulte obstáculo alguno la condición de internamiento que guarda el quejoso, en el centro penitenciario, habida cuenta que del dispositivo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compatible con el numeral 10, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta), se obtiene el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada de manera humana, y con el debido respeto a la dignidad. Al respecto, tales disposiciones establecen: 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley". 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Lo expuesto, en síntesis, obliga a las autoridades responsables encargadas de la reinserción social de los internos, a prestar un servicio médico básico, que cumpla con las exigencias de los derechos humanos que se protegen a través de los dispositivos apuntados, es decir, es menester atender a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidas en el artículo 1° de la Constitución Federal. En la inteligencia que los referidos derechos obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, más no niegan la posibilidad de verse expandidos por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinan la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deben reconocerse a favor de las personas, para que de ese modo, se dé cumplimiento al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos dentro del marco normativo antes mencionado. Se cita como apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada IV.2o.A.15 K (10a.), con número de registro 2003881, visible en la página mil doscientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia.". En ese contexto, las autoridades carcelarias deben atender a las necesidades médicas que se requieran, tomando como base los lineamientos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el cual, en lo relativo a la protección a la salud, dispone: 49. Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y proporcionará a los internos la atención necesaria. El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. 50. La atención médica de los internos se realizará en las instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, podrá autorizar por escrito: I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo su más estricta responsabilidad, o II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el Comisionado o el Coordinador General en su ausencia. El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial que tenga a su cargo el proceso. 51. El Comisionado celebrará convenios con instituciones públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. 52. El traslado de un interno a una institución pública del sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. 53. La intervención de médicos particulares sólo procederá en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio, manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio. Para ello, se requerirá de la autorización por escrito del Director General previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General. Los gastos y honorarios derivados de la intervención correrán a cargo del interno y la responsabilidad profesional corresponderá al médico particular. De la interpretación de los dispositivos legales supracitados, se advierte que los servicios médicos de los Centros Federales de Readaptación Social, deberán ser suficientes para atender toda clase de necesidades de salud, proporcionando la atención médica en sus instalaciones y, de primera mano, con el personal de la propia institución. Asimismo, que existen convenios celebrados por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con instituciones públicas del sector salud en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, así como para el desarrollo de acciones y de programas específicos. Además, que los internos podrán ser atendidos por médicos particulares en casos graves cuando las instituciones públicas del sector salud con las que se haya celebrado convenio manifiesten su incapacidad para otorgar el servicio, previa autorización por escrito del Director General del Centro de Readaptación Social y previo dictamen del Área de Servicios Médicos, quien deberá informar de inmediato al Coordinador General de Centros Federales. También, se advierte que el citado Reglamento prevé los supuestos en que el Centro Penitenciario no cuente con la capacidad para atender a los internos, caso en el cual se acudirá a las instituciones públicas y más aún, que ante la incapacidad de éstas para otorgar el servicio, pueden ser atendidos por médicos particulares o trasladados a instituciones públicas, previa la satisfacción de los requisitos que el propio reglamento enuncia. Ahora bien, si partimos del análisis de la demanda de amparo suscrita por el quejoso, se advierte que reclama lo siguiente: "Falta de atención médica y negarme medicamento adecuado y preescrito por el médico. [.] fui revisado y diagnosticado, puesto en tratamiento, y hasta la fecha no se me ha brindado el medicamento, asimismo la doctora que me atendió, solicitó estudios médicos y tampoco se me han realizado" De este modo, aún y cuando de autos se demostró que el veintiuno de enero del año en curso, el quejoso *******, fue valorado por la médico especialista en ortopedia, ******* (foja 51-52 y 70-71), con diagnóstico de "poliartralgia, polimialgia de origen a determinar, contractura muscular cervical que irradia a cintura escapular derecha", sugiriendo la realización de "paraclínicos", que incluyeran pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, así como que, según nota informativa *******, de veintitrés de febrero del año en curso, se tomaron muestras médicas al quejoso para los estudios solicitados el veintidós de los mismos, las autoridades responsables no acreditaron que dichos estudios se hayan efectuado, o en su caso, el resultado de dichas pruebas de laboratorio. Tal circunstancia por sí, se considera insuficiente para colmar el cumplimiento del derecho a la salud en estudio, en virtud de que, si bien es cierto, se advierte la existencia de una valoración efectuada por la especialista en ortopedia (veintiuno de enero de dos mil dieciocho), también lo es que, dicha médico ordenó la realización de "paraclínicos", que incluyeran pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, a efecto de localizar origen de poliartralgia, polimialgia crónica, así como descartar enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, hiperuricemia, enfermedades reumáticas y trastorno depresivo, y es obvio, que las responsables desde ese momento han omitido la realización de dichos exámenes. Lo antes expuesto, no obstante lo dicho en la nota informativa *******, de veintitrés de febrero del año en curso, en el sentido de que se tomaron muestras médica al quejoso para los estudios solicitados, dado que las autoridades responsables, hasta esta fecha, no acreditaron que dichos estudios se hayan efectuado, o en su caso, el resultado de dicha prueba de laboratorio. Sentado lo anterior, como se apuntó en el considerando tercero, el derecho a la salud no se limita a la mera consulta médica, sino que, ante la especial situación en que se encuentra el quejoso, necesariamente, incluye tanto el tratamiento farmacológico, como la práctica de los estudios ordenados por el especialista. Se afirma lo anterior, pues el artículo primero de la Carta Magna, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De tal suerte que, al haber determinado el legislador, la necesaria implementación de este último elemento (progresividad), en lo concerniente a los derechos humanos de los que, obvio es, la salud forma parte, impuso al Estado, a través de todo su aparato institucional, la obligación de desarrollar gradualmente el contenido y alcance de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el país es parte, así como impedir la adopción medidas regresivas. En esta línea, se entiende el principio de progresividad, en términos generales, como aquel que ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. En razón de lo anterior, la única manera de que el derecho de la salud a que el quejoso tiene acceso, es mediante la materialización de la orden médica del especialista, es decir, la realización de "paraclínicos", que incluyeran pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, a efecto de localizar origen de poliartralgia, polimialgia crónica, así como descartar enfermedades sistémicas como hipotiroidismo, hiperuricemia, enfermedades reumáticas y trastorno depresivo, así como el suministro de los medicamentos prescritos. Sin que pase inadvertido que mediante oficio ******* (fojas 147 a 155), signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de marzo del año actual, remitió copia certificada del "kardex", del cual se desprende el suministro al quejoso *******, de los medicamentos prescritos por la especialista en ortopedia, consistentes en paracetamol/metocarbamol e indometacina; sin embargo, la concesión del presente amparo también deberá abarcar que a dicho agraviado le sean otorgados en su totalidad dichas medicinas en las formas señaladas por la médico tratante. Por lo tanto, si no se ha dado la atención médica completa al quejoso, indicada en párrafos anteriores, que implique que presente una mejoría o incluso cura total de su afección médica, es innegable la transgresión a su derecho a la obtención de los servicios de salud del Estado Mexicano. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis VI.2o.37 P , con número de registro IUS 203666 , sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta y cuatro del Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, que establece: SALUD, DERECHO A LA. LA AUTORIDAD DEL RAMO NO PUEDE NEGARSE A PROPORCIONAR TRATAMIENTO A UN PROCESADO. Si conforme a lo establecido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a la protección de su salud y acceso a los servicios correspondientes, el quejoso tiene tal derecho, lo que se traduce en recibir el tratamiento requerido. Luego, con el hecho de que el secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, no proporcione la atención médica a un procesado y niegue su traslado a un hospital especializado, es inconcuso que viola esa garantía individual consagrada en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución General de la República". Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 136/2008, con número de registro IUS 168549 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Máxime que, como se indicó en párrafos que anteceden el derecho a la salud previsto por el artículo 4° Constitucional, ha sido complementado con tratados internacionales en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano forma parte. En ese orden, lo procedente es otorgar la protección y amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra del acto analizado en el presente considerando para los efectos que se precisan a continuación. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, establece que cuando el acto reclamado es de carácter omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que éste exija; por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las responsables deberán realizar lo siguiente: Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve "Norte", en esta ciudad: De manera inmediata ordene a quien corresponda la realización de "paraclínicos", que incluyan pruebas de funcionamiento hepático, perfil tiroideo, perfil reumático con reacciones febriles y ácido úrico, lo que deberá acreditar a este juzgador de amparo con las constancias conducentes. Suministre al quejoso en las formas señaladas por la médico tratante los medicamentos prescritos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *******, respecto a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, para los efectos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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