Miguel Ángel Casas Sosa
Expediente 618/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ángel Casas Sosa
- Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil dieciséis. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto ***************, promovido por ***************, el suscrito procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado el tres de septiembre del mismo año a este Juzgado, ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades consistentes en: QUINTO. ACTO RECLAMADO: De la autoridad ordenadora la ÓRDEN DE BÚSQUEDA, DETENCIÓN Y APREHENSIÓN que ha dictado en mi contra, sin que se encuentre fundada ni motivada, ya que el quejoso supe de manera informal por parte de un Agente de la POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN INVESTIGACIÓN, omitiendo su nombre para no ocasionarle problemas en su trabajo, que me han estado buscando para detenerme por una orden girada por un juez de Garantía, sin que el quejoso haya cometido conducta ilícita alguna, por lo que el acto reclamado resulta violatorio de garantías. De las autoridades señaladas como ejecutoras, específicamente del FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA NORTE, C. COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN PREVENTIVA, ZONA NORTE DE LA FISACALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y C. COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATL ÚNICA, DIVISIÓN INVESTIGACIÓN ZONA NORTE DE LA FISACALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ZONA NORTE, señalo la ejecución que pretenden llevar a cabo de la orden de aprehensión. SEGUNDO. Concesión del amparo. Por proveído de cuatro de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional el treinta de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia terminada de engrosar el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, a Miguel Ángel Casas Sosa, para el efecto de que el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: [.] Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en contra de ***************, por el delito de fraude, cometido en perjuicio de ***************; Enseguida, emita un auto en el cual señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación que fue solicitada en contra del aquí quejoso; Finalmente, haga uso de los medios de comunicación que estén a su alcance para lograr la citación del indiciado, que garantice la autenticidad y recepción del mensaje, tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 58, del Código de Procedimientos Penales del Estado. [.] TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo (fojas 150 y 151). CUARTO. Cumplimiento por parte del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos. La autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria remitió el oficio *************** de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el cual informó a este juzgado que en proveído de dieciocho del mismo mes y año, dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince; giró oficio al Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión, para hacer de su conocimiento la cancelación de la orden de aprehensión; señaló nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación; y notificó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, así como al quejoso ***************, en el domicilio ubicado en *************** y en el domicilio proporcionado por el Juez de Control Constitucional, ubicado en ***************, ambos en esta ciudad. Asimismo, informó que el quejoso no se presentó a la audiencia de imputación, a pesar de haber sido debidamente notificado. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis; del oficio que giró al Coordinador Especial "B" de la Policía Estatal Única, Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión; y de las constancias de notificación realizadas al quejoso de referencia; así como del registro audiovisual de la audiencia de imputación celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Documentales a las que se les reconoce valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de treinta de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y anexos de la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SÉPTIMO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El suscrito procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a Miguel Ángel Casas Sosa, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues: I. Declaró insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en contra de Miguel Angel Casas Sosa, por el delito de fraude, cometido en perjuicio de Estuardo Alvelais Destarac; Emitió un auto en el cual señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación que fue solicitada en contra del aquí quejoso; Finalmente, hizo uso de los medios de comunicación que estuvieron a su alcance para lograr la citación del indiciado a dicha audiencia. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En efecto, si bien la autoridad responsable ordenó una vez más la notificación al quejoso de la audiencia de formulación de imputación en el domicilio ubicado en ***************, no obstante que en la ejecutoria de amparo se dijo que no correspondía al quejoso, sino a diversa persona que afirmó no conocerlo; sin embargo, de las constancias que remitió para acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que también ordenó la notificación de dicha audiencia en el diverso domicilio proporcionado por el Juez de Control Constitucional, ubicado en ***************, ambos en esta ciudad; de ahí que se reitera, no existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto *************** ha quedado cumplida Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita; y por oficio a la autoridad responsable. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio *************** y anexos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Con el contenido del oficio de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados legalmente para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Bajo el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare que la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia en vigor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 618/2015-III, y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este Juzgado al día siguiente, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, los Coordinadores de la Policía Estatal Única, División Preventiva y División Investigación, Zona Norte, el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y el Coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales; con excepción del primero de los mencionados, todos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sito en esta localidad, a quienes reclamó lo siguiente: De la autoridad ordenadora la ORDEN DE BÚSQUEDA, DETENCIÓN Y APREHENSIÓN que ha dictado en mi contra, sin que se encuentre fundada ni motivada, ya que el quejoso supe de manera informal por parte de un Agente de la POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN INVESTIGACIÓN, omitiendo su nombre para no ocasionarle problemas en su trabajo, que me han estado buscando para detenerme por una orden girada por un Juez de Garantía, sin que el quejoso haya cometido conducta ilícita alguna, por lo que el acto reclamado resulta violatorio de garantías. De las autoridades señaladas como ejecutorias, específicamente de FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA NORTE, C. COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN PREVENTIVA, ZONA NORTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y C. COORDINADOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, DIVISIÓN INVESTIGACIÓN, ZONA NORTE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, COORDINADOR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ZONA NORTE, señalo la ejecución que pretenden llevar a cabo de la orden de aprehensión. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil quince, se radicó la demanda, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo ***************, y se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se emplazó a juicio al tercero interesado. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto en materia penal, que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda así como de las constancias que conforman el juicio se desprende que la parte impetrante reclama: Del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, la orden de aprehensión girada en su contra el diecisiete de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal ***************, y de los Coordinadores de la Policía Estatal Única, División Preventiva y División Investigación, Zona Norte, del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y del Coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, estos últimos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en este Municipio, la ejecución de dicho mandamiento de captura. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en representación del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, quien al mismo tiempo funge como Coordinadora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia del acto que les fue atribuido. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que remitió el Juez natural, consistentes en la solicitud de orden de captura por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, así como el fallo concerniente a dicha petición de diecisiete de julio de dos mil quince, dentro del expediente judicial (causa penal) ***************. Probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por ello, se tienen por ciertos los actos que les reclama para los efectos de este juicio de amparo, en la esfera de sus respectivas facultades. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, el Subcoordinador en representación del Coordinador de la Policía Estatal Única División Prevención Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, negó los hechos que se le reclamaron mediante informe justificado recibido el siete de septiembre del año próximo anterior; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con el informe rendido por la autoridad ordenadora, quien aceptó haber librado la orden de captura reclamada y, en esa medida, la ejecución que le fue atribuida es latente, pues a esa corporación policiaca le corresponde ejecutar ese tipo de mandatos de captura; de ahí que deba tenerse por ciertos los actos reclamados de ejecución que les fueron imputados. Apoya lo anterior, la tesis aislada, que sustentó el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 68, Sexta Parte, materia Común, que se consulta en la página 20, del tenor siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS RECLAMADOS A LAS. CASO EN QUE SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA RENDIDA POR ESTAS. Si se presumen ciertos los actos de la autoridad ordenadora, por no rendir su informe justificado, esa presunción es suficiente para desvirtuar la negativa que respecto de los actos reclamados produzcan las autoridades ejecutoras, pues correspondiendo a éstas dar cumplimiento a las órdenes combatidas, debe considerarse inminente el que se realicen también los actos de ejecución. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio no alegan causas de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación son fundados, al ser suplidos en su deficiente expresión, conforme lo establece el dispositivo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establecen: 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Atento a los fragmentos normativos transcritos, cabe destacarlos vinculados con los derechos de seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los que destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades judiciales para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia se unen, además, las relativas al principio de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntos se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicte de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que rige la actuación de los entes estatales. Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados; a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el acusado conozca la existencia del juicio mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus aseveraciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Cobra aplicación la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del tomo I, materia Constitucional, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dispone: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. En tal virtud, para el análisis de los actos reclamados, resulta conveniente indicar los siguientes antecedentes: El Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos fijó las diez horas del uno de julio de dos mil quince, para que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en audiencia pública formulara imputación al quejoso ***************, por el delito de fraude simple. Una vez llegada la fecha de la diligencia, el Juez hizo constar la inasistencia del ahora quejoso, motivo por el cual no se desahogó la misma, resaltando que el indiciado había quedado debidamente notificado, de conformidad con el ordinal 55 último párrafo, del Código Adjetivo Penal de la Materia. Enseguida, a petición del Representante Social Especializado de Delitos Patrimoniales, el diecisiete de julio de dos mil quince, el Juez de Garantía libró orden de aprehensión en contra de ***************, por el ilícito de fraude, previsto en la fracción III del artículo 223 del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de ***************. Con los antecedes establecidos, este juzgador advierte que el treinta de junio de dos mil quince, dentro de los autos de juicio de amparo ***************, seguido ante este Órgano Jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ***************, contra actos reclamados al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución de la misma; por el ilícito de fraude, cometido en perjuicio de ***************. En síntesis, la concesión del amparo antes mencionado, se atribuyó a que la constancia de notificación realizada al quejoso por el personal adscrito al Juzgado de Garantías y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos, no se realizó conforme a derecho. En efecto, en la multicitada constancia se indicó que en el domicilio proporcionado por el Fiscal acusador, ubicado en ***************, en esta localidad, no residía el quejoso de nombre ***************, no obstante lo anterior, se dejó la cédula de notificación fijada en la puerta del domicilio. En ese tenor, es un hecho notorio para este resolutor, que existe un acontecimiento previo que es análogo con los datos que nos conciernen en el presente asunto, ya que se advierte que ambos juicios de amparo fueron promovidos por el referido agraviado, encontrando además, similitud entre los actos reclamados al Juez de Garantías del Distrito Judicial Bravos, y a otras autoridades que designó como ejecutoras, agregando que el injusto penal que se reclama es el de fraude, con discrepancia únicamente del tercero interesado. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de dos mil dos, materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXV, Junio de dos mil siete, visible en la página 285, Materia Común, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Ahora, como de las constancias que integran el expediente relativo al juicio de amparo ***************, específicamente, de la sentencia pronunciada el treinta de junio de dos mil quince, del auto donde causó ejecutoria, del informe justificado rendido en aquel asunto, así como del oficio *************** y anexo remitido en alcance al mismo, se advierten hechos notorios para este juzgador, que es necesario tomarlos en cuenta, para dictar una resolución acorde con la real situación procesal en que se ubica el quejoso, las que se ordenó incorporar a este proceso, debido a que este resolutor tiene la facultad para allegarse de los medios de prueba que considere pertinentes para resolver el asunto, más aún, cuando se trata de un asunto en materia penal en el que se encuentra en juego la libertad personal del promovente y sobre el que se ha resuelto en diverso asunto un tema idéntico, respecto del mismo quejoso y autoridad, aunque se trate de hechos diversos. Es sustento de esta determinación, por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/51, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, página 550, del rubro y texto siguientes: QUEJA, SUPLENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE RECABAR PRUEBAS DE OFICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. (ORDEN DE APREHENSIÓN). Cuando se reclama la orden de aprehensión y la autoridad responsable omite remitir con su informe justificado constancia de ese acto, queda a cargo del quejoso exhibir por lo menos la documental correspondiente en que conste esa orden de aprehensión reclamada, para que el Juez de Distrito que conozca del amparo se encuentre en legal posibilidad de determinar primeramente si esa orden de captura es inconstitucional en sí misma por no estar debidamente fundada ni motivada, y conceder la Protección Constitucional de forma total sin más pruebas; o por otra parte, en caso de cumplir con estos requisitos, basado en esa resolución, el Juez pueda imponerse de las pruebas en que se apoyó la responsable para decretar la orden de busca, aprehensión y detención, y así recabar oficiosamente las que no se hubiesen remitido con el informe justificado y considere necesarias para resolver el asunto, en cumplimiento de lo establecido por el reformado artículo 78 de la ley de la materia. Es decir, para que el Juez de Distrito se encuentre en legal posibilidad de recabar pruebas de oficio, es necesario, en todo caso, que obre en autos constancia del acto reclamado; por lo que si la autoridad responsable omite acompañarla, es menester que el quejoso la exhiba, para que, en el supuesto de no existir en autos las pruebas suficientes para fallar el asunto, el Juez Federal pueda recabar oficiosamente aquellas en que se hubiese apoyado el acto de autoridad combatido. Lo anterior es fácil de establecer ya que el tercer párrafo de dicho numeral de manera clara impone la obligación al Juez de amparo para que de oficio recabe pruebas que, "habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto." De igual manera, dicha consideración se robustece con la jurisprudencia 1a. 9 (sic), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, correspondiente al mes de Julio de mil novecientos noventa, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número 31, Materia Común, Octava Época, del rubro y texto: PRUEBAS. FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABARLAS DE OFICIO. No puede reputarse como una violación al procedimiento en agravio del quejoso, el que el juez de Distrito no recabe de oficio las pruebas rendidas ante la responsable, porque la facultad que concede al juzgador federal el artículo 78 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como un derecho procesal de las partes, en los términos de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, listada bajo el número 66, en la página 428, de la parte correspondiente al Pleno, del Informe de labores de 1985, bajo la voz: "PRUEBAS QUE PUEDEN RECABAR DE OFICIO LOS JUECES DE DISTRITO. ARTICULO 78, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO." De manera que, correspondiendo al quejoso la carga de la prueba de la inconstitucionalidad de los actos reclamados cuando éstos no son violatorios de garantía en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se fundaron, de conformidad con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el amparista la inconstitucionalidad de la resolución impugnada, es correcta la negativa de la protección constitucional solicitada. Precisado lo anterior, deviene oportuno señalar que las irregularidades alegadas por el quejoso en cuanto a que "no ha cometido conducta ilícita alguna, de donde resulta que se viola semejante orden de aprehensión", obligan a este juzgador de amparo a analizar primeramente si la diligencia de notificación del auto mediante el cual se señaló fecha y hora para el verificativo la audiencia de formulación de imputación -cuya finalidad es hacer saber al acusado el delito que se le imputa- fue practicada de manera legal. En este sentido, es importante destacar el contenido del artículo 55 que menciona el Juez Natural en su informe justificado, contemplado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el cual establece lo siguiente: 55. Notificación a persona ausente. Cuando la persona por notificar no sea encontrada en el domicilio señalado, la copia será entregada a cualquier persona que viva o trabaje ahí, debiendo asentarse esa circunstancia y el nombre de la persona que la recibió. No encontrándose a nadie en el domicilio señalado, se fijará una cita para el día siguiente en la puerta del lugar donde se practique el acto. Si en la fecha indicada no se encontrara a nadie, se fijará la copia de la resolución a notificar en el mismo sitio, asentando constancia de dicha actuación, sin perjuicio de la obligación de fijar otra copia en los estrados del juzgado o Tribunal correspondiente. A su vez, el numeral 58, del citado ordenamiento legal, indica: 58. Citación. Cuando para algún acto procesal sea necesaria la presencia de una persona, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación por cualquier medio de comunicación que garantice la autenticidad y recepción del mensaje. En tal caso, deberá hacerse saber el objeto de la citación y el proceso en el que ésta se dispuso; además, se deberá advertir que si la orden no se obedece sin causa justificada, la persona podrá ser conducida por la fuerza pública y pagará los gastos que ocasione. Igualmente, el artículo 57, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado, señala que la notificación será nula en cualquier otro supuesto que causa indefensión a alguna de las partes. Ahora, una vez analizado el contenido de los numerales descritos, se aprecia que a diferencia del ordinal 55 que enfatizó el resolutor de Garantías, lo correcto, es atender los lineamientos estipulados en el diverso 58, pues como se especificó con anterioridad, en el juicio de amparo previo, promovido por el propio quejoso se determinó que éste no reside en la vivienda ubicada en Plutarco Elías Calles número 817 de la Colonia Progresista, en esta localidad, donde se practicó la cita de espera para notificarle el requerimiento dictado por el Juez Penal, como se aprecia de la foja 25 de la orden de aprehensión reclamada, en la que el Juez consideró lo siguiente: [...] NECESIDAD DE CAUTELA Finalmente, del artículo 161 del Código de Procedimientos Penales, establece que la orden de captura se librará cuando la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada (lo cual se conoce como necesidad de cautela); al respecto, el suscrito subraya la posible sustracción a la acción de la justicia por parte de ***************. Ya que, tal y como se desprende de la solicitud de captura del referido imputado y de los registros con que cuenta este Tribunal de Garantía, en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el Licenciado Fernando Dávalos Medina oficial notificador, acudió al domicilio del pasivo, ubicado en ***************, y al no encontrar a persona alguna, dejó fijada la respectiva cita de espera para el día siguiente, la cual tampoco fue atendida, dejando la notificación fijada en la entrada principal de dicho domicilio; ello con la finalidad de que acudiera a la audiencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN señalada para el día uno de julio de dos mil quince, a las diez horas, solicitada por la Representación Social, a la cual no acudió. [...] Esta transcripción permite establecer que la notificación en que se apoyó el Juez para determinar la contumacia del quejoso resultaba ilegal, porque para la citación del quejoso, no bastaba con dejar la cédula de notificación fijada en la puerta de un domicilio, y lo realmente trascendente es que se tiene certeza de que en éste no habita, sino que en dicha vivienda reside persona diversa que afirmó no conocerlo, aunado a que se haya fijado la notificación respectiva en los estrados de dicho Tribunal; pues en ese supuesto, el agraviado no tuvo oportunidad de enterarse que el Agente del Ministerio Público adscrito a Delitos Patrimoniales inició una investigación en su contra, así como que debía comparecer el uno de julio de dos mil quince ante el Juez de Garantías, para formularle imputación por el delito de fraude en perjuicio de ***************. Se hace tal aseveración debido a que, en autos del amparo ***************, seguido en este Tribunal, obra la constancia de notificación de trece de febrero de dos mil quince, en la que se evidencia que la residencia proporcionada por la Representación Social en el juicio de amparo en cita, es la misma que se señaló en la orden de aprehensión que nos ocupa, la que para mejor referencia a continuación se inserta digitalizada: En ese orden de ideas, los requisitos fundamentales del procedimiento no pueden satisfacerse plenamente si la citación del imputado no se llevó a cabo conforme a las reglas establecidas por el legislador para tal efecto. Debido a que, la audiencia de formulación de imputación, constituye una diligencia esencial, pues en la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el encausado tendrá la oportunidad de conocer el delito que se le imputa, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye, así como el nombre de su acusador, y podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público, asimismo, estará en aptitud de declarar o no hacerlo y, eventualmente, preparar su defensa. Así las cosas, del estudio de las citadas circunstancias, es evidente que el actuar del juzgador de garantías, se apartó de las disposiciones legales, contenidas en el citado artículo 58, del Código de Procedimientos Penales del Estado, puesto que su obligación como tal, era hacer uso de cualquier medio de comunicación que garantizara la autenticidad y recepción del mensaje emitido, situación que no se satisface en este caso, pues se itera, la notificación respectiva se trató de realizar en un domicilio en el que como se tiene constancia, no corresponde al indiciado. De esta manera, con la inobservancia del precepto aludido, se transgreden los derechos de seguridad jurídica, garantizados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna pues se colocó en estado de indefensión a ***************, al no haber sido debidamente llamado a la audiencia de formulación de imputación, generadora del acto reclamado, a fin de estar en aptitud de comparecer ante el juez de origen a oponer las defensas a su alcance; de ahí que la orden de aprehensión reclamada se encuentre sostenida a partir de una falsa premisa, porque no se hizo saber al indiciado que debía comparecer a la audiencia de formulación de imputación. Atento a lo anterior, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil quince, dictada en contra de ***************, por el delito de fraude, cometido en perjuicio de Estuardo Alvelais Destarac; Enseguida, emita un auto en el cual señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de imputación que fue solicitada en contra del aquí quejoso; Finalmente, haga uso de los medios de comunicación que estén a su alcance para lograr la citación del indiciado, que garantice la autenticidad y recepción del mensaje, tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 58, del Código de Procedimientos Penales del Estado. Tales efectos se hacen extensivos al acto de ejecución impetrado al Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, Coordinador de la Policía Estatal Única División Prevención Zona Norte, a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en representación del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, y a la Coordinadora de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al no haberse impugnado por vicios propios. En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia II.3o. J/12, sustentada por sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, núm. 55, julio de 1992, página 41, cuyo contenido literal es el siguiente: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 73, 74, 77, 79, fracción VI, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***************, contra los actos precisados en el considerado segundo de este fallo y para los efectos precisados en el último considerando del mismo. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************, hoy veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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