Miguel Ángel Campa Gardea

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Campa Gardea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en la fracción III, inciso b), del Artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 391/2023-I-1, promovido por *** y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El diez de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficialía de Partes de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, se recibió la demanda promovida por ***, turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de chihuahua, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Investigadora 04 Cuatro General de la Delegación Región, Director de la Policía del Municipio de Ciudad Juárez Chihuahua, Policía Ministerial y Guardia Nacional, a quien reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento y detención, de que es objeto. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 391/2023-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Cuarto. Autoridades inexistentes. Por autos de siete y veinte de julio de dos mil veintiuno, se tuvieron como autoridades inexistentes al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Investigadora 04 Cuatro General de la Delegación Región y Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, respectivamente, y se ordenó suspender toda comunicación con las referidas autoridades, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos de libertad cuya ejecución tienen lugar en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la privación de la libertad fuera de procedimiento y detención, de que es objeto. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento y detención, atribuidas a las responsables, Inspector General Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Chihuahua (foja 27), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 31), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación (foja 40), todos los anteriores con sede en esta ciudad y Director de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado en representación de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 54), con sede en la ciudad del mismo nombre, todos en su denominación correcta, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables de mérito indicaron no ser cierta la privación de la libertad fuera de procedimiento y detención, que la aquí quejosa les atribuyó. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que las responsables, Inspector General Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Chihuahua (foja 27), Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 31), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación (foja 40), todos los anteriores con sede en esta ciudad y Director de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado en representación de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 54), con sede en la ciudad del mismo nombre, todos en su denominación correcta, emitieron la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento y detención, aquí reclamada. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Campa Gardea, en atención a las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintitrés. Autoridad inexistente Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de seis de julio del año en curso, para que corrigiera o aclarara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable y denominó Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado; de manera que, para los efectos de este juicio de amparo se tiene como autoridad inexistente al Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Debido a lo anterior, se ordena suspender toda comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, debiendo hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.CLL/Marc/dmjv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil veintitrés. Autoridad inexistente Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de veintiséis de junio del año en curso, para que corrigiera o aclarara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable y denominó Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Investigadora 04 Cuatro General de la Delegación Región. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado; de manera que, para los efectos de este juicio de amparo se tiene como autoridad inexistente al Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Investigadora 04 Cuatro General de la Delegación Región. Debido a lo anterior, se ordena suspender toda comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, debiendo hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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