Miguel Ángel Franco Barraza

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Franco Barraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria de la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 327/2022-I, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, que fue remitida a este juzgado por razón de turno, al día siguiente. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Fiscal de Distrito Zona Norte, Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en los artículos 1, 11, 14, 16, 20 inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 327/2022-I y se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en penal judicial en el que se reclama un acto privativo de libertad que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la orden de aprehensión, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la orden de aprehensión, así como su ejecución; sin que la parte quejosa exhibiera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, convino en la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso. Al respecto, la citada autoridad manifestaron que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 16 Constitucional y 141 fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso *******, por ser probable autor de los hechos que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la víctima identificada bajo las iniciales *******; asimismo, consideró procedente negar la orden de aprehensión en contra del garante por los delitos de acoso sexual y abuso sexual, que se dijeron cometidos en agravio de la aquí tercero interesada *******, anexando las documentales que acreditan su dicho. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de su original por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Asimismo, por oficio *******, recibido en este juzgado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Juez responsable comunicó que el dieciocho del citado mes y año, se decretó auto de vinculación a proceso al quejoso *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 171 en relación con el artículo 175 fracción VII, del Código Penal, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales *******; asimismo, se decretó auto de no vinculación a proceso al quejoso por el delito de acoso sexual, previsto y sancionado sin prejuzgar por los artículos 176 Bis y 176 Ter; por el delito de abuso sexual agravado previsto y sancionado sin prejuzgar por los artículos 173 en relación el 175 fracción VII, y por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 171 en relación con el diverso 175 fracción VII, todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de la menor víctima de iniciales ******* (aquí tercero interesada). Por otra parte, manifiesta que se otorgó como plazo de cierre de investigación complementaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales el de dos meses, por lo que fenecería el dieciocho de julio del año que transcurre. Finalmente, informa que continua vigente la medida cautelar contemplada en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva la cual se le impuso por el tiempo que dure el proceso. Para acreditar lo anterior, mediante oficio 58848, envío los registros de audio y video de la audiencia inicial celebrada el trece de mayo del año en curso, así como la continuación de fecha diecisiete y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos omisivos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando, las violaciones alegadas, cometidas en la emisión del acto reclamado emanado de un procedimiento judicial, por virtud de un cambio de situación jurídica, queden irreparablemente consumadas, por no poder decidirse respecto de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, esto es que de la orden de aprehensión que emitió el diecinueve de abril de dos mil veintidós al aquí quejoso *******, por el delito de violación con penalidad agravada cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Asimismo, por diverso oficio comunicó que el dieciocho de mayo del año que transcurre, se decretó auto de vinculación a proceso al quejoso *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado por el artículo 171 en relación con el artículo 175 fracción VII, del Código Penal, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales *******, y, que continua vigente la medida cautelar contemplada en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva la cual se le impuso por el tiempo que dure el proceso; con lo que se actualiza la causal de improcedencia precisada en párrafos precedentes, ya que la orden de aprehensión reclamada quedó sustituida al dictarse el auto de vinculación a proceso. De manera que, en este asunto, no puede ya analizarse la constitucionalidad y convencionalidad de la orden de aprehensión, ya que de analizarla se afectaría la nueva situación jurídica, regulada, como ya se dijo, por el auto de vinculación a proceso emitido el dieciocho de mayo de dos mil vientidós. Así pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en este asunto, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 327/2021-I, promovido por *******, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan los oficios enviados respectivamente por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y el Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública. Se tiene a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, informando que citó a *******, representante de la menor tercero interesada *******, notificándole el presente juicio de amparo, entregándole copias del mismo, informándole este que en su casa ya habían dejado notificación del mismo, proporcionando el siguiente número telefónico ******* y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******. Por otra lado, el Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Chihuahua, comunica que se designó al licenciado *******, como representante especial de la menor de iniciales *******; de lo anterior, toma conocimiento este juzgado. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Público, licenciado *******, a través del cual protesta y acepta el cargo conferido de representante especial del menor de nombre cuyas iniciales son *******. Por así haberlo solicitado el representante especial de referencia, así como por encontrarse inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *******, ******* y *******. Asimismo, en términos del artículo 24 de la ley de la materia, a los diversos profesionistas que refiere en su ocurso, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad. En atención a que el promovente, aparece registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario *******, dada su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que por oficio recibido en este juzgado el trece de junio del año en curso, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, informó que emplazó a la tercero interesada la menor de iniciales *******; sin embargo, de la constancia que envío no se desprende que la citada tercero haya sido debidamente notificada del amparo en que se actúa, en consecuencia, se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, remita la constancia donde la tercero interesada recibe la demanda de amparo y auto de radicación del presente juicio; apercibida que de incumplir con lo que aquí se ordena dentro del plazo que se otorga para ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 236 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). Por otra parte, el artículo 8º, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad de que el menor de edad pida amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante, nombrándole para ello un representante especial en los casos en que por conflictos de intereses sea necesario. En el caso, el acto reclamado deriva de un juicio del orden penal, siendo la menor la víctima, de modo que, tomando en cuenta las obligaciones constitucional y convencional de estar al interés superior del menor, en aras de defenderlo y tutelarlo se ordena nombrar un representante especial para que intervenga en el juicio. Con copia de la demanda de amparo y sus anexos, así como de este auto, gírese atento oficio al auto delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Chihuahua capital, para que, a la capital brevedad posible indique el nombre de algún asesor que pueda fungir como representante especial del menor quejoso de iniciales *******. El delegado requerido deberá hacer saber al asesor nombrado, que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas, legalmente computado, para presentar en el Portal de Servicios en Línea una promoción dirigida al expediente en que se actúa, en la que manifieste su conformidad y protesta del cargo de representante especial, tal requerimiento tiene por objeto dar certidumbre del pleno conocimiento del cargo que se le confirió. Asimismo, para garantizar su intervención activa en el proceso, deberá indicar su nombre de usuario, y solicitar el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le efectúen en línea. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo que aquí se ordena o dejar de manifestar la imposibilidad que tiene para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00). En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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