Mayra Lizeth Chiguil Acua

Expediente 1004/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1004/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Mayra Lizeth Chiguil Acua
  • Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. I. Ampliación de competencia y cambio de denominación de este órgano jurisdiccional. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que prestaba servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. II. Declara firme auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron a la quejosa *** y a la tercera interesada Guadalupe Valdez Esponda por lista, previo citatorio, el ocho de mayo de dos mil veintitrés; las cuales, surtieron efectos al siguiente día hábil, es decir, el nueve de mayo siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diez de mayo al seis de junio de la presente anualidad, previo descuento de los días: i) Trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres y cuatro de junio, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, derivado de que en el Estado de Puebla se declaró la Fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica, que supuso actividad intermedia a alta de volcán Popocatépetl, los referidos días fueron declarados inhábiles (no laborables), por caso fortuito, por lo que no corrieron los términos de ley, de conformidad a los informes signados por la Magistrada Adriana Matzayani Sánchez Romo, Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y por la Jueza Adriana Carmona Carmona, Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme. III. Archivo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. IV. Devolución de documentos a las partes. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, la documental siguiente: ( Copia certificada de la carpeta de ejecución 202/2019/JESI/E de su índice; con cual se formó el anexo I de pruebas del presente juicio. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la autoridad indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la quejosa *** y a la tercera interesada Guadalupe Valdez Esponda; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades con residencia foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El quince de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa ********************, respecto de la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución ********************del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó su libertad caucional, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución, así como por cuanto a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el tres de enero de dos mil veintitrés, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de trece de abril del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución ********************del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó la libertad caucional de la quejosa ********************, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución; lo anterior, por no haber dado cumplimiento, esencialmente, a la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; así como su ejecución -no por vicios propios sino en vía de consecuencia-. Lo anterior, porque para su emisión no se respetaron los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en lo siguiente: A. Se señaló que la autoridad responsable libró la orden de reaprehensión e hizo efectivas las pólizas exhibidas para el disfrute de la libertad provisional bajo caución, por estimar que la quejosa ni su garante dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de siete de octubre de dos mil veinte, es decir, por no acatar el fallo condenatorio a través del pago de los montos fijados para tal fin. Para ello, señaló que ambos se encontraban debidamente notificados de tal determinación y que había transcurrido el plazo concedido para tal efecto. B. Sin embargo, se consideró que la resolución reclamada no se encontraba ajustada a derecho, porque al emitirse, la autoridad responsable soslayó que en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno se había concedido a la quejosa una prórroga de cinco días para proponer el nuevo plan de pagos para cumplir con la sentencia condenatoria, en términos del artículo 159 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; basando su actuar, en el "incumplimiento" de una determinación emitida con anterioridad -la de siete de octubre de dos mil veinte- y que ya había sido superada por la antes citada -la de seis de octubre de dos mil veintiuno-. C. Lo anterior, -se dijo- colocó a la quejosa en un evidente estado de indefensión, puesto que el proceder de la autoridad se sustentó en un acto con consecuencias jurídicas nulas, pasando por alto la determinación en la que, de forma favorable, otorgó a la susodicha la prórroga que fue solicitada mediante un escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno. D. En ese sentido, se refrió que la autoridad judicial de ejecución, en su caso, debió evaluar si la quejosa dio cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno dentro del plazo de cinco días concedido; sin embargo, se precisó que ello no era posible a la fecha en que se emitió la resolución reclamada -doce de abril de dos mil veintidós-, cuenta habida que la notificación de ese proveído se recibió ante el juzgado de ejecución hasta el tres de junio de la presente anualidad, esto es, con posterioridad al dictado del acto ahora combatido. E. Entonces, se concluyó que era evidente que se vulneraron las formalidades del procedimiento, pues, por un lado, la autoridad responsable dio otra oportunidad a la quejosa para proponer un plan de pagos para cumplir con la sentencia condenatoria y, por otro, le hizo efectivos apercibimientos con los que fue conminada en una determinación diferente y dictada con anterioridad a otorgar esa prórroga. En consecuencia de lo considerado, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, una vez que quedara firme la sentencia de amparo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar y con libertad de jurisdicción, emitiera otra determinación conforme a las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismas que rigen el procedimiento de ejecución de origen. 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós. 4. Hiciera las gestiones necesarias para revertir y revirtiera las consecuencias jurídicas y materiales de la orden de hacer efectivas las pólizas siguientes: i) 1882297, por la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de reparación del daño; ii) 1882309, por la cantidad de $11,000.00 pesos (once mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de posible multa a imponer; y, iii) 1882287, por la cantidad de $13,000.00 pesos (trece mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de libertad personal. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante determinación emitida el diez de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de ejecución ********************de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó la libertad caucional de la quejosa ********************, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución; lo anterior, por no haber dado cumplimiento, esencialmente, a la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla -acto reclamado-. 2. Dictó un proveído en el que: 2.1 Hizo constar que la referida quejosa ya había dado cumplimiento a la sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida en su contra dentro del controvertido penal de origen -lo cual, acreditó con copia certificada de las constancias conducentes-; 2.2 Ordenó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós; y, 2.3 Encomendó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla que dejara sin efectos el cobro de las pólizas siguientes: i) 1882297, por la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de reparación del daño; ii) 1882309, por la cantidad de $11,000.00 pesos (once mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de posible multa a imponer; y, iii) 1882287, por la cantidad de $13,000.00 pesos (trece mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de libertad personal. De igual forma, la responsable mediante oficios JESI/0076/2023-II y JESI/0122/2023-II, remitió, respectivamente, copia certificada de las constancias de notificación al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- de la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución de origen -acto reclamado-. Luego, por oficio JESI/0129/2023-II, el juez responsable remitió copia certificada de la diversa misiva SPF-DGJ-28-345/23 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por la cual, el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla comunicó que procedería a dejar sin efectos el cobro de las pólizas de fianza antes mencionadas. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una diversa determinación, en la que hizo constar que la referida quejosa ya había dado cumplimiento a la sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida en su contra dentro del controvertido penal de origen -lo cual, acreditó con copia certificada de las constancias conducentes-; iii) justificó que notificó al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión; y, iv) acreditó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla dejaría sin efectos el cobro de las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. No se soslaya que el juez responsable no remitió copia certificada de la notificación al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada- de la la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión; sin embargo, esa circunstancia no resulta impedimento para tener por acatado el fallo protector, pues las autoridades ejecutoras de referencia -Fiscal General del Estado de Puebla y Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla- sí fueron notificadas de dicha cancelación y el fiscal tercero interesado se encuentra enterado de la cancelación a través de las notificaciones que se le han efectuado en el presente juicio de amparo. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la quejosa ******************** y a la tercera interesada ********************; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades con residencia foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA citatorio) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El quince de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa ********************, respecto de la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución ********************del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó su libertad caucional, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución, así como por cuanto a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno de la sentencia. Mediante acuerdo emitido el tres de enero de dos mil veintitrés, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de trece de abril del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución ********************del índice del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó la libertad caucional de la quejosa ********************, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución; lo anterior, por no haber dado cumplimiento, esencialmente, a la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; así como su ejecución -no por vicios propios sino en vía de consecuencia-. Lo anterior, porque para su emisión no se respetaron los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 14 Constitucional. Ello se justificó, en lo que interesa, con base en lo siguiente: A. Se señaló que la autoridad responsable libró la orden de reaprehensión e hizo efectivas las pólizas exhibidas para el disfrute de la libertad provisional bajo caución, por estimar que la quejosa ni su garante dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de siete de octubre de dos mil veinte, es decir, por no acatar el fallo condenatorio a través del pago de los montos fijados para tal fin. Para ello, señaló que ambos se encontraban debidamente notificados de tal determinación y que había transcurrido el plazo concedido para tal efecto. B. Sin embargo, se consideró que la resolución reclamada no se encontraba ajustada a derecho, porque al emitirse, la autoridad responsable soslayó que en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno se había concedido a la quejosa una prórroga de cinco días para proponer el nuevo plan de pagos para cumplir con la sentencia condenatoria, en términos del artículo 159 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; basando su actuar, en el "incumplimiento" de una determinación emitida con anterioridad -la de siete de octubre de dos mil veinte- y que ya había sido superada por la antes citada -la de seis de octubre de dos mil veintiuno-. C. Lo anterior, -se dijo- colocó a la quejosa en un evidente estado de indefensión, puesto que el proceder de la autoridad se sustentó en un acto con consecuencias jurídicas nulas, pasando por alto la determinación en la que, de forma favorable, otorgó a la susodicha la prórroga que fue solicitada mediante un escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno. D. En ese sentido, se refrió que la autoridad judicial de ejecución, en su caso, debió evaluar si la quejosa dio cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno dentro del plazo de cinco días concedido; sin embargo, se precisó que ello no era posible a la fecha en que se emitió la resolución reclamada -doce de abril de dos mil veintidós-, cuenta habida que la notificación de ese proveído se recibió ante el juzgado de ejecución hasta el tres de junio de la presente anualidad, esto es, con posterioridad al dictado del acto ahora combatido. E. Entonces, se concluyó que era evidente que se vulneraron las formalidades del procedimiento, pues, por un lado, la autoridad responsable dio otra oportunidad a la quejosa para proponer un plan de pagos para cumplir con la sentencia condenatoria y, por otro, le hizo efectivos apercibimientos con los que fue conminada en una determinación diferente y dictada con anterioridad a otorgar esa prórroga. En consecuencia de lo considerado, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, una vez que quedara firme la sentencia de amparo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar y con libertad de jurisdicción, emitiera otra determinación conforme a las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismas que rigen el procedimiento de ejecución de origen. 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós. 4. Hiciera las gestiones necesarias para revertir y revirtiera las consecuencias jurídicas y materiales de la orden de hacer efectivas las pólizas siguientes: i) 1882297, por la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de reparación del daño; ii) 1882309, por la cantidad de $11,000.00 pesos (once mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de posible multa a imponer; y, iii) 1882287, por la cantidad de $13,000.00 pesos (trece mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de libertad personal. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, mediante determinación emitida el diez de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de ejecución ********************de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el doce de abril de dos mil veintidós, mediante la cual, entre otras cuestiones, se revocó la libertad caucional de la quejosa ********************, se ordenó su reaprehensión y se hicieron efectivas las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución; lo anterior, por no haber dado cumplimiento, esencialmente, a la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla -acto reclamado-. 2. Dictó un proveído en el que: 2.1 Hizo constar que la referida quejosa ya había dado cumplimiento a la sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida en su contra dentro del controvertido penal de origen -lo cual, acreditó con copia certificada de las constancias conducentes-; 2.2 Ordenó al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós; y, 2.3 Encomendó a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla que dejara sin efectos el cobro de las pólizas siguientes: i) 1882297, por la cantidad de $10,000.00 pesos (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de reparación del daño; ii) 1882309, por la cantidad de $11,000.00 pesos (once mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de posible multa a imponer; y, iii) 1882287, por la cantidad de $13,000.00 pesos (trece mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida por concepto de libertad personal. De igual forma, la responsable mediante oficios JESI/0076/2023-II y JESI/0122/2023-II, remitió, respectivamente, copia certificada de las constancias de notificación al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- y al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- de la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de ejecución de origen -acto reclamado-. Luego, por oficio JESI/0129/2023-II, el juez responsable remitió copia certificada de la diversa misiva SPF-DGJ-28-345/23 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por la cual, el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla comunicó que procedería a dejar sin efectos el cobro de las pólizas de fianza antes mencionadas. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el citado juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una diversa determinación, en la que hizo constar que la referida quejosa ya había dado cumplimiento a la sentencia condenatoria ejecutoriada, emitida en su contra dentro del controvertido penal de origen -lo cual, acreditó con copia certificada de las constancias conducentes-; iii) justificó que notificó al Fiscal General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión; y, iv) acreditó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla dejaría sin efectos el cobro de las pólizas que se exhibieron en el proceso para garantizar su libertad provisional bajo caución. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. No se soslaya que el juez responsable no remitió copia certificada de la notificación al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada- de la la cancelación del cumplimiento de la orden de reaprehensión; sin embargo, esa circunstancia no resulta impedimento para tener por acatado el fallo protector, pues las autoridades ejecutoras de referencia -Fiscal General del Estado de Puebla y Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla- sí fueron notificadas de dicha cancelación y el fiscal tercero interesado se encuentra enterado de la cancelación a través de las notificaciones que se le han efectuado en el presente juicio de amparo. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente a la quejosa ******************** y a la tercera interesada ********************; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades con residencia foránea, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. I. Recepción de comunicación. Visto el ocurso de cuenta, en el que la parte quejosa solicita la regularización del procedimiento a efecto de notificar de manera personal las gestiones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. En tales circunstancias, se advierte que en autos se ordenó dar vista con el oficio ******************** signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Puebla, Puebla, con anexo; empero, ello se notificó por lista a todas las partes. Mediante dicho oficio, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de trece de febrero pasado remite las constancias relativas a la cancelación del cobro de las pólizas de fianza 1882297, 1882309 y 1882287, las cuales eran parte del cumplimiento requerido en auto de tres de enero de la presente anualidad; y, adjunta el oficio SSP/SUBCP/DSCP/CI/0405/2023 que le fue requerido para acreditar la cancelación de las mismas. En tales consideraciones, y a efecto de no menoscabar los derechos fundamentales de ninguna de las partes, se ordena dar vista -de manera personal- a la parte quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días; contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y por oficio a la autoridad tercero interesada.

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