Mayra Tepalcingo Islas
Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mayra Tepalcingo Islas
- MAYRA TEPALCINGO ISLAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 255 a 257), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de noviembre al diez de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la averiguación previa AP-851/2016/POPUL de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (foja 245), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 181 a 208), se concedió el amparo y protección a Mayra Tepalcingo Islas, para que la agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa AP-851/2016/POPUL: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. -Además, deberá realizar las diligencias necesarias, a fin de lograr la comparecencia de Isabel Rodríguez Vázquez, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." (Fojas 206 vuelta a 207 vuelta). En acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 223 y 224), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 569/2018-MU de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 237), la autoridad responsable informó que su denominación actual es Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional; asimismo, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y de los acuses de recibo de los oficios 546/2018-MU y 547/2018-MU (fojas 238 a 244). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Con la libertad de decisión que se le concedió, determinó procedente continuar la integración de la averiguación previa 851/2016/POPUL y recabar más elementos de prueba para decidir si ejercita o no acción penal (foja 239). 2. Estableció qué pruebas estima necesarias y ordenó su obtención, ya que realizó lo siguiente: a) Giró citatorio a Isabel Rodríguez Vázquez, representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que compareciera ante esa autoridad a las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y declare en relación con los hechos que se investigan en la indagatoria de origen, lo que notificó a su destinataria el dieciocho de octubre del año actual, mediante oficio 546/2018-MU (foja 241). b) Giró oficio al Delegado o representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que rinda un informe pormenorizado sobre el crédito hipotecario otorgado a Mayra Tepalcingo Islas, respecto del inmueble ubicado en avenida 119 Poniente, departamento nueve (9), edificio novecientos ocho guión "D" (908-D), unidad habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla, y le requirió para que indique: - El monto total de las aportaciones que le han sido cobradas a Mayra Tepalcingo Islas por ese crédito, el nombre de la persona a quien le fue pagado el inmueble referido y la cantidad exacta; y, - Si se apersonó o no en el juicio de amparo 53/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Roberto Vega Gregorio. Así mismo, le ordenó cancelar el cobro de aportaciones a Mayra Tepalcingo Islas respecto del crédito hipotecario citado, en virtud de que, dentro del juicio laboral D-4/325/2010, quedó insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado en ese expediente (con motivo del amparo concedido en el citado juicio de garantías 53/2015 del índice del homólogo federal referido), y como consecuencia de ello, se ordenó cancelar el instrumento notarial once mil trescientos catorce (11314), volumen ciento cuarenta y cuatro (144), folio tres mil cuatrocientos ochenta y dos (3482), de cinco de abril de dos mil once (no señala ante qué notaría pública se otorgó), relativa a la adjudicación por remate a favor de Eliseo Flores Mendoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez; así como la cancelación del diverso instrumento notarial cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno (54891), volumen un mil ciento sesenta y nueve (1169) de cuatro de octubre de dos mil doce (tampoco señala ante qué fedatario público se otorgó), relativa a la compraventa celebrada entre Mayra Tepalcingo Islas como compradora, y Eliseo Flores Mnedoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez, como vendedores (con la concurrencia del Infonavit). El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, notificó el requerimiento descrito al Delegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mediante oficio 547/2018-MU (foja 242). En ese sentido, como se estableció en la sentencia de amparo, en virtud de que la representante social responsable consideró procedente continuar con la integración de la averiguación previa y recabar más pruebas, no resulta procedente requerir a la responsable para que las desahogue y determine si ejercita o no acción penal, toda vez que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen. De lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la facultad de investigación del Ministerio Público, ya que estaría imposibilitado para desahogar alguna otra prueba que, posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa manifestó que la sentencia no fue debidamente cumplida, en virtud que aun cuando la autoridad responsable ordenó girar oficios al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para requerirle diversa información y ordenar la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, lo cierto es que no adjuntó las constancias relativas al cumplimiento de tales requerimientos, así como tampoco acreditó haber cancelado el cobro de tales aportaciones. Tal afirmación es infundada, toda vez que en la sentencia de amparo se estableció claramente que, si la representante social responsable consideraba procedente seguir investigando y recabar más pruebas, no se podía conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, pues ello podría tener como efecto limitar la investigación del Ministerio Público. Así mismo, es importante señalar que el efecto de la protección constitucional consistió en que la autoridad responsable determinara si resultaba necesario seguir investigando o, en su caso, se pronunciara respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa de origen, y no para que la responsable realizara determinadas diligencias u ordenara la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, por lo que, tales cuestiones, no son susceptibles de vigilarse en este expediente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE OCHO DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (foja 245), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 181 a 208), se concedió el amparo y protección a Mayra Tepalcingo Islas, para que la agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa AP-851/2016/POPUL: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. -Además, deberá realizar las diligencias necesarias, a fin de lograr la comparecencia de Isabel Rodríguez Vázquez, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." (Fojas 206 vuelta a 207 vuelta). En acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 223 y 224), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 569/2018-MU de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 237), la autoridad responsable informó que su denominación actual es Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional; asimismo, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y de los acuses de recibo de los oficios 546/2018-MU y 547/2018-MU (fojas 238 a 244). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Con la libertad de decisión que se le concedió, determinó procedente continuar la integración de la averiguación previa 851/2016/POPUL y recabar más elementos de prueba para decidir si ejercita o no acción penal (foja 239). 2. Estableció qué pruebas estima necesarias y ordenó su obtención, ya que realizó lo siguiente: a) Giró citatorio a Isabel Rodríguez Vázquez, representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que compareciera ante esa autoridad a las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y declare en relación con los hechos que se investigan en la indagatoria de origen, lo que notificó a su destinataria el dieciocho de octubre del año actual, mediante oficio 546/2018-MU (foja 241). b) Giró oficio al Delegado o representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que rinda un informe pormenorizado sobre el crédito hipotecario otorgado a Mayra Tepalcingo Islas, respecto del inmueble ubicado en avenida 119 Poniente, departamento nueve (9), edificio novecientos ocho guión "D" (908-D), unidad habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla, y le requirió para que indique: El monto total de las aportaciones que le han sido cobradas a Mayra Tepalcingo Islas por ese crédito, el nombre de la persona a quien le fue pagado el inmueble referido y la cantidad exacta; y, Si se apersonó o no en el juicio de amparo 53/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Roberto Vega Gregorio. Así mismo, le ordenó cancelar el cobro de aportaciones a Mayra Tepalcingo Islas respecto del crédito hipotecario citado, en virtud de que, dentro del juicio laboral D-4/325/2010, quedó insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado en ese expediente (con motivo del amparo concedido en el citado juicio de garantías 53/2015 del índice del homólogo federal referido), y como consecuencia de ello, se ordenó cancelar el instrumento notarial once mil trescientos catorce (11314), volumen ciento cuarenta y cuatro (144), folio tres mil cuatrocientos ochenta y dos (3482), de cinco de abril de dos mil once (no señala ante qué notaría pública se otorgó), relativa a la adjudicación por remate a favor de Eliseo Flores Mendoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez; así como la cancelación del diverso instrumento notarial cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno (54891), volumen un mil ciento sesenta y nueve (1169) de cuatro de octubre de dos mil doce (tampoco señala ante qué fedatario público se otorgó), relativa a la compraventa celebrada entre Mayra Tepalcingo Islas como compradora, y Eliseo Flores Mnedoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez, como vendedores (con la concurrencia del Infonavit). El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, notificó el requerimiento descrito al Delegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mediante oficio 547/2018-MU (foja 242). En ese sentido, como se estableció en la sentencia de amparo, en virtud de que la representante social responsable consideró procedente continuar con la integración de la averiguación previa y recabar más pruebas, no resulta procedente requerir a la responsable para que las desahogue y determine si ejercita o no acción penal, toda vez que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen. De lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la facultad de investigación del Ministerio Público, ya que estaría imposibilitado para desahogar alguna otra prueba que, posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa manifestó que la sentencia no fue debidamente cumplida, en virtud que aun cuando la autoridad responsable ordenó girar oficios al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para requerirle diversa información y ordenar la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, lo cierto es que no adjuntó las constancias relativas al cumplimiento de tales requerimientos, así como tampoco acreditó haber cancelado el cobro de tales aportaciones. Tal afirmación es infundada, toda vez que en la sentencia de amparo se estableció claramente que, si la representante social responsable consideraba procedente seguir investigando y recabar más pruebas, no se podía conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, pues ello podría tener como efecto limitar la investigación del Ministerio Público. Así mismo, es importante señalar que el efecto de la protección constitucional consistió en que la autoridad responsable determinara si resultaba necesario seguir investigando o, en su caso, se pronunciara respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa de origen, y no para que la responsable realizara determinadas diligencias u ordenara la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, por lo que, tales cuestiones, no son susceptibles de vigilarse en este expediente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
(citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (foja 245), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 181 a 208), se concedió el amparo y protección a Mayra Tepalcingo Islas, para que la agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que la 1. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de la Mesa Uno de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente en la averiguación previa AP-851/2016/POPUL: - Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejercita la acción penal correspondiente. 1. En caso de que decida continuar con la investigación deberá determinar qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención; todo ello de manera pronta y expedita. -Además, deberá realizar las diligencias necesarias, a fin de lograr la comparecencia de Isabel Rodríguez Vázquez, o en su caso, determine lo que en derecho corresponda. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más datos de prueba para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal." (Fojas 206 vuelta a 207 vuelta). En acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 223 y 224), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 569/2018-MU de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 237), la autoridad responsable informó que su denominación actual es Mesa Única de Investigación de Delitos en General adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional; asimismo, remitió copia certificada de la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, y de los acuses de recibo de los oficios 546/2018-MU y 547/2018-MU (fojas 238 a 244). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Con la libertad de decisión que se le concedió, determinó procedente continuar la integración de la averiguación previa 851/2016/POPUL y recabar más elementos de prueba para decidir si ejercita o no acción penal (foja 239). 2. Estableció qué pruebas estima necesarias y ordenó su obtención, ya que realizó lo siguiente: a) Giró citatorio a Isabel Rodríguez Vázquez, representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que compareciera ante esa autoridad a las diez horas del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, y declare en relación con los hechos que se investigan en la indagatoria de origen, lo que notificó a su destinataria el dieciocho de octubre del año actual, mediante oficio 546/2018-MU (foja 241). b) Giró oficio al Delegado o representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que rinda un informe pormenorizado sobre el crédito hipotecario otorgado a Mayra Tepalcingo Islas, respecto del inmueble ubicado en avenida 119 Poniente, departamento nueve (9), edificio novecientos ocho guión "D" (908-D), unidad habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla, y le requirió para que indique: - El monto total de las aportaciones que le han sido cobradas a Mayra Tepalcingo Islas por ese crédito, el nombre de la persona a quien le fue pagado el inmueble referido y la cantidad exacta; y, - Si se apersonó o no en el juicio de amparo 53/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por Roberto Vega Gregorio. Así mismo, le ordenó cancelar el cobro de aportaciones a Mayra Tepalcingo Islas respecto del crédito hipotecario citado, en virtud de que, dentro del juicio laboral D-4/325/2010, quedó insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado en ese expediente (con motivo del amparo concedido en el citado juicio de garantías 53/2015 del índice del homólogo federal referido), y como consecuencia de ello, se ordenó cancelar el instrumento notarial once mil trescientos catorce (11314), volumen ciento cuarenta y cuatro (144), folio tres mil cuatrocientos ochenta y dos (3482), de cinco de abril de dos mil once (no señala ante qué notaría pública se otorgó), relativa a la adjudicación por remate a favor de Eliseo Flores Mendoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez; así como la cancelación del diverso instrumento notarial cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno (54891), volumen un mil ciento sesenta y nueve (1169) de cuatro de octubre de dos mil doce (tampoco señala ante qué fedatario público se otorgó), relativa a la compraventa celebrada entre Mayra Tepalcingo Islas como compradora, y Eliseo Flores Mnedoza o Eliceo Flores Mendoza y Antonio Pérez Ramírez, como vendedores (con la concurrencia del Infonavit). El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, notificó el requerimiento descrito al Delegado del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), mediante oficio 547/2018-MU (foja 242). En ese sentido, como se estableció en la sentencia de amparo, en virtud de que la representante social responsable consideró procedente continuar con la integración de la averiguación previa y recabar más pruebas, no resulta procedente requerir a la responsable para que las desahogue y determine si ejercita o no acción penal, toda vez que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen. De lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la facultad de investigación del Ministerio Público, ya que estaría imposibilitado para desahogar alguna otra prueba que, posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Por otra parte, mediante escrito presentado ante esta autoridad el treinta de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa manifestó que la sentencia no fue debidamente cumplida, en virtud que aun cuando la autoridad responsable ordenó girar oficios al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para requerirle diversa información y ordenar la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, lo cierto es que no adjuntó las constancias relativas al cumplimiento de tales requerimientos, así como tampoco acreditó haber cancelado el cobro de tales aportaciones. Tal afirmación es infundada, toda vez que en la sentencia de amparo se estableció claramente que, si la representante social responsable consideraba procedente seguir investigando y recabar más pruebas, no se podía conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, pues ello podría tener como efecto limitar la investigación del Ministerio Público. Así mismo, es importante señalar que el efecto de la protección constitucional consistió en que la autoridad responsable determinara si resultaba necesario seguir investigando o, en su caso, se pronunciara respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa de origen, y no para que la responsable realizara determinadas diligencias u ordenara la cancelación del cobro de aportaciones a la quejosa, por lo que, tales cuestiones, no son susceptibles de vigilarse en este expediente. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
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