Mayolo Solis Cesar
Expediente 1257/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mayolo Solis Cesar
- MAYOLO SOLIS CESAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Por otro lado, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, las documentales que anexa al oficio que se provee; así como el disco versátil digital (dvd) que acompaña a su informe de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto al disco versátil digital (dvd) que remitió el citado juez responsable no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar; además, como se advierte de la certificación de cuenta, el referido disco se encuentra debidamente certificado con el sello y la firma correspondientes del servidor público que lo remite. En diverso aspecto, de las constancias que obran en la causa penal 806/2019, del índice del Juez penal responsable, se advierte que la promovente Luz María Diez de Urdanivia Barrientos, es defensora particular de los quejosos Juan David Riofrío Martínez y Mayolo Solís César, en el referido proceso; por tanto, en términos de los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo se tiene por acreditada la personalidad con la que instó el presente controvertido constitucional, para los efectos legales correspondientes. En otro tenor, no se inadvierte que la autoridad responsable 1. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, aduce rendir su informe de ley por sí y en representación del Juez de Control Milton Moctezuma Vega; sin embargo, no ha lugar a tener por rendido el informe justificado de éste último, en virtud que el mismo no ha sido señalado como responsable en el controvertido constitucional en que se actúa. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, requiérase a los peticionarios de amparo Juan David Riofrío Martínez y Mayolo Solís César, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, refieran si es su deseo señalar como autoridad responsable a Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, toda vez que dicha autoridad es quien dictó el auto de vinculación a proceso que por esta vía se reclama, sin que haya sido señalada como autoridad responsable en su escrito inicial de demanda. Haciendo del conocimiento de los accionantes de amparo que, para el caso de ampliar su demanda de garantías, deberán ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la misma ley, deberán acompañar copias suficientes de ésta, para ser distribuidas entre las partes. Asimismo, se apercibe a los referidos quejosos, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrán únicamente como autoridad responsable y acto reclamado los señalados en su escrito inicial de demanda, por los que se haya admitido la misma; y sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Finalmente, no se soslaya que por auto de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se reservó proveer respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa; sin embargo, se estima que después de una revisión exhaustiva de la demanda de amparo, se observa que dicha parte procesal no ofertó medio de convicción alguno, por lo que no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable 1. Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por sí y en representación del Juez Milton Moctezuma Vega; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1257/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Luz Maria Diez de Urdanivia Barrientos, quien se ostenta como defensora particular de los quejosos Juan David Riofrio Martínez y Mayolo Solís Cesar contra un acto del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado el acto reclamado, acompañando acta mínima y el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir el acto reclamado dictado en contra del aquí quejoso directo, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Signifíquese a la autoridad responsable que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. Hágase saber al juez responsable, que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro de la carpeta judicial administrativa 806/2019, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva en definitiva este juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, se solicita atentamente a la autoridad responsable 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para que, en el plazo de tres días legalmente computado, remita copia certificada de las constancias que acrediten que Luz Maria Diez de Urdanivia Barrientos, es defensora particular de los quejosos Juan David Riofrio Martínez y Mayolo Solís Cesar, en la causa penal 806/2019 de su índice. Así mismo, se hace saber a la promovente Luz Maria Diez de Urdanivia Barrientos, que si apareciere que carece del carácter con el que se ostenta, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 241 de la Ley de Amparo; y, se ordenará la ratificación de la demanda por parte de los quejosos directos Juan David Riofrio Martínez y Mayolo Solís Cesar. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA) -con excepción del Juez de Distrito-, al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la autoridad responsable y a aquélla que tenga el carácter de tercera interesada, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordene realizar en este expediente, será por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, que de no tener inconveniente legal alguno, proporcione: 1) la denominación oficial y actual, así como el nombre propio y completo del fiscal que interviene en la carpeta judicial administrativa 806/2019, de su estadística; 2) remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información; y, 3) proporcione los nombres, así como domicilios correctos y completos de los agraviados en la causa penal 806/2019 de su índice DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona en su demanda de garantías, atento a que no proporciona datos que acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. PRUEBA. Resérvese acordar lo que ha derecho corresponda, respecto de las pruebas que refiere la parte quejosa, hasta en tanto rinda su respectivo informe la autoridad responsable, y adjunte las constancias necesarias para justificar la constitucionalidad del acto reclamado.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1257/2019-B, promovido por Luz Maria Diez de Urdanivia Barrientos, quien se ostenta como defensora particular de los quejosos Juan David Riofrio Martínez y Mayolo Solís Cesar, contra un acto del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, consistente en: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 806/2019. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 806/2019. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atinente al auto de vinculación a proceso dictado en contra de los aquí quejosos el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, por el juez responsable, se niega la suspensión provisional solicitada, pues dicho acto tiene por objeto someter a los imputados a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Resultan aplicables a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. " INFORME PREVIO En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a la autoridad señalada como responsable y requiérasele su informe previo que deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen. 2. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrá rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental; lo anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el día veinticinco de diciembre del presente año, es inhábil. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona en su demanda de garantías, atento a que no proporciona datos que acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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