Maydelin Rosales Betancourt
Expediente 1247/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Cutiño Fernandez
- RICARDO CUTIÑO FERNANDEZ y Otros.
- Maydelin Rosales Betancourt
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos, el oficio signado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, mediante el cual comunica que por auto dictado por el pasado veinticinco de noviembre del año en curso, en el juicio de amparo 2101/2022-I, de su estadística, aceptó la competencia legal planteada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). CÚMPLASE.
- Principal
23--11-2022 lo de cuenta, se advierte que la demanda, con la que se dará cuenta, fue recibida el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1247/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado.En vía de consecuencia, se reserva proveer acordar lo relativo a los autorizados en términos amplios y restringidos; acceso al expediente electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones; habida cuenta que únicamente puede promover la parte quejosa o su representante legal, pero no así el representante en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no están facultados para efectuar tales solicitudes.Igualmente, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida por la parte quejosa por derecho propio, se reconoce la representación a la que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, de manera provisional hasta en tanto aquélla se encuentre en aptitud de continuar la contienda constitucional, es decir, cuando manifieste ante el juzgado competente su voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida a su favor, por lo que, en su caso, si la petición de amparo es ratificada por los quejosos, la representación del promovente cesará y no podrá tener acceso al presente juicio de amparo. SUPRESIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENOR. Atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de la menor quejosa, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente asunto, suprímanse los datos que permitan la identificación de dicha menor, a quien en lo sucesivo se le identificará con las iniciales M.M.R. CUESTIONES PRELIMINARES. Es menester citar las autoridades responsables y los actos reclamados en el presente asunto, los cuales versan: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por sí o por medio de su personal adscrito bajo su responsabilidad; y,2. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria, Adscrita al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Puebla, Puebla (Luis Fernando Riviello Rodríguez)."A). - LA DETENCION Y/O ASEGURAMIENTO DE LOS CC. MAYDELIN ROSALES BETANCOURT y SU MENOR HIJA MEYVI MATUTE ROSALES DE 11 AÑOS DE EDAD y RICARDO CUTIÑO FERNANDEZ, de Nacionalidad Cubana, ORDENADA POR LAS AUTORIDADES RESPOSABLES QUE MAS ADELANTE SE SEÑALARAN, MISMA QUE SE DIO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS, en la autopista México-Puebla, siendo trasladados a LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUEBLA, con domicilio perfectamente ubicado en: AVENIDA REFORMA NUMERO 1907, DEL BARRIO DE SAN MATIAS, PUEBLA, PUEBLA. lugar en donde actualmente se encuentran alojados. B). - LA DETERMINACION DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE LOS CC. MAYDELIN ROSALES BETANCOURT y SU MENOR HIJA MEYVI MATUTE ROSALES DE 11 AÑOS DE EDAD y RICARDO CUTIÑO FERNANDEZ, de Nacionalidad Cubana, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN LA ESTANCIA PROVISIONAL MIGRATORIA DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUEBLA, con domicilio perfectamente ubicado en: AVENIDA REFORMA NUMERO 1907, DEL BARRIO DE SAN MATIAS, PUEBLA, PUEBLA, lugar en donde actualmente se encuentran alojados, MISMA QUE SE DIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, Y MANIFIESTO QUE DESCONOZCO EL NUMERO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE SE LES APERTURO POR TAL MOTIVO. C).- EL EXCESO O PROLONGACION DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE LOS CC. MAYDELIN ROSALES BETANCOURT y SU MENOR HIJA MEYVI MATUTE ROSALES DE 11 AÑOS DE EDAD y RICARDO CUTIÑO FERNANDEZ, de Nacionalidad Cubana, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN LA ESTACION MIGRATORIA ANTES SEÑALADA, MISMA QUE DIO UNICIO CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022. D).- LA ORDEN DE TRASLADO A OTRA ESTACION MIGRATORIA. E).- LA INMINENTE DEPORTACION A SU PAIS DE ORIGEN, MISMA QUE DEZCONOZCO LA FECHA EN QUE SE ACORDO O DETERMINO POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. F).- LA INCOMUNICACION DE LA QUE ES OBJETO LOS HOY QUEJOSOS, YA QUE NO SE ME PERMITE ENTREVISTARME CON ELLOS." INCOMPETENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS A, B, C Y D. Sentado lo anterior, resulta útil resaltar que los actos reclamados en este juicio de amparo, a parte de la orden de deportación e incomunicación, también se señalaron diversas omisiones emanadas de la detención de que fueron objeto los quejosos directos; así como el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos en la estación migratoria en el Estado de Puebla. Sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 119/2022 (11a.), estableció lo siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó que la presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye acto de naturaleza administrativa, ello, en atención a que dicho acto constituye una medida provisional para que la persona permanezca en aquellas estaciones hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Por consiguiente, estableció que el juez competente para conocer sobre la impugnación de los actos a los que se ha hecho mención, corresponde a un juez de distrito en materia administrativa (en términos del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente), no así un juzgador federal que conozca de la materia penal. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó que la orden .de presentación es una medida dictada por el Instituto Nacional de Migración; cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter-penal; pues a pesar de que puede restringir la libertad personal de una persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legitima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional Además, la referida instancia constitucional destaco que, de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias centros de encarcelamiento de reclusión preventiva o de ejecución de sentencia, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la ley referida y su reglamento (asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otros). La conclusión anterior aconteció en atención a que el Alto Tribunal estableció que la presentación o alojamiento de las personas migrantes no constituye un acto restrictivo de la libertad personal con características de naturaleza penal, toda vez que no es una y sanción de carácter punitivo. En ese sentido, se estableció que en los casos en que se reclame una orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, aquel acto constituye un acto de naturaleza administrativa, corresponde conocer al juez de amparo en dicha materia sobre la impugnación de los actos reclamados en este juicio. Máxime que como lo indicó el Alto Tribunal de referencia, los enunciados actos, así como los reclamados en este juicio, no constituyen un acto restrictivo de la libertad personal de naturaleza penal, sino que por el contrario, tales actos son una medida que procura el control, la regulación, ingreso y permanencia de personas extranjeras en territorio nacional, como lo es en el caso. Se corrobora lo anterior pues los quejosos tienen la calidad de persona extranjera de nacionalidad cubana. Además, las autoridades responsables pertenecen al Instituto Nacional de Migración cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal. En esas condiciones, el suscrito juez estima carecer de competencia en razón de la materia para resolver este asunto, por lo que en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el órgano facultado para conocer del presente asunto, lo es un Juez de Distrito que conozca en razón de su especialización, de la materia administrativa, como en este caso lo sería un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P-/J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA POR RAZON DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Resultado de lo expuesto, toda vez que se ha dejado establecido que los actos relacionados con el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos en las estaciones migratorias, constituyen actos de naturaleza administrativa, esta juzgadora se encuentra impedida para continuar con en trámite y la solución de este asunto. Por lo que con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia para conocer del presente juicio de amparo 1247/2022 por lo que respecta de los actos reclamados: A, B, C y D, promovido por Cipriano Hernández Olvera, a favor de los quejosos directos Maydelin Rosales Betancourt su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, quienes son los facultados para conocer del presente asunto, debido a que entre las materias de su especialidad, se ubica la materia administrativa, que es acorde con los actos que por esta vía se reclaman. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, copia certificada de las constancias del juicio de amparo en que se actúa para que lo turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Se solicita al Juez de Distrito que reciba el presente asunto, informe si acepta la competencia legal declinada, y de ser así, remita el acuse de recibo. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. En este punto, se precisa que en atención a la incompetencia que se plantea, el juez o jueza de Distrito que conozca de este asunto podrá modificar o fijar nuevos requisitos y efectos de la suspensión decretada en este apartado. En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano, por cuanto hace a los actos reclamados precisados en párrafos precedentes, en los siguientes términos: Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, exceso y prolongación del mismo (por un término mayor a treinta y seis horas), presentación, detención y/o aseguramiento así como el traslado a otra estación migratoria de los quejosos mayores de edad. Tomando en consideración que del capítulo de antecedentes narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad, señaló que los directos quejosos llevan alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, más de treinta y seis horas, a partir de su detención administrativa, sin que tengan conocimiento de la emisión de acuerdo alguno dentro de sus respectivos procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. En ese tenor, tomando en consideración que la presentación es la medida dictada por las autoridades responsables mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de extranjeros que no acrediten su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, es menester, que la autoridad responsable ordenadora Subdirector de la Estación Migratoria, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, a quien se atribuye el alojamiento de los quejosos por un plazo mayor a las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de la legislación antes invocada, emita el acuerdo de presentación respectivo y lo haga del conocimiento de los migrantes mayores de edad -aquí quejosos-, así como la información a que hace alusión el diverso precepto 69 de la Ley de Migración invocada. Expuesto lo anterior, se concede la suspensión de oficio y de plano a los peticionarios de amparo, para el efecto, que las autoridades responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por sí o por medio de su personal adscrito bajo su responsabilidad; y, 2. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria, Adscrita al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Puebla, Puebla (Luis Fernando Riviello Rodríguez), emitan de inmediato, el acuerdo de presentación a que hace referencia el artículo 68 de la Ley de Migración y les proporcione la información sobre los tópicos destacados en el numeral 69 del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que de acuerdo a lo narrado por el promovente de la demanda, transcurrió en exceso el plazo de treinta y seis horas que prevé el primero de los preceptos legales invocados, para la presentación de los migrantes. Por tanto, al rendir el informe sobre el acatamiento a dicha medida suspensional, la aludida autoridad responsable deberá allegar en original o en su caso, copia certificada, de las constancias que acrediten que emitió el acuerdo de presentación respectivo, en el que se justifique el alojamiento de los quejosos en esa estación migratoria, hasta la fecha de la presentación de la demanda, y que tal determinación fue notificada a los mencionados impetrantes de amparo. Suspensión de plano por cuanto hace al alojamiento, presentación y/o detención decretada en favor de niñas, niños y/o adolescentes. Ahora bien, tomando en consideración que la demanda que se provee, fue presentada en favor de diversa persona menor de edad, quien -a decir del promovente- se encuentra presentado o alojado en la Estación Migratoria de Puebla del Instituto Nacional de Migración, lo que a todas luces contraviene lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Migración, con fundamento en el citado numeral y atendiendo los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los quejosos que tengan la condición de niña, niño o adolescente, para el efecto que las autoridades responsables migratorias que los tenga a su disposición, lo ponga en inmediata libertad, sin condición alguna, de lo cual deberá dar fe la actuaria judicial adscrita a este juzgado. En ese sentido, atendiendo al los principios de unidad familiar, y al interés superior del menor de edad, en caso que los quejosos menores de edad estén bajo el cuidado de algún adulto que también se encuentre presentado en la estación migratoria, deberá permitírsele su salida, quedando a cargo de la autoridad migratoria tomar las medidas que considere pertinentes para continuar, en su caso, con el procedimiento administrativo migratorio que se le instruya. En la inteligencia que, únicamente para el caso que la autoridad migratoria se encuentre jurídicamente impedida para dejar en libertad a los quejosos adultos que se encuentren al cuidado de menores, deberá justificarlo así ante esta autoridad, y de inmediato, deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, que a la letra dice: "Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el tema de infancia. Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos; VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente." III. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión decretados fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos directos: Maydelin Rosales Betancourt y su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial y permanezcan en el lugar donde actualmente se encuentran (salvo el menor, quien por ningún motivo podrán permanecer en la Estación Migratoria, como quedó establecido en el apartado anterior), a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Tal medida no surtirá efecto alguno, siempre que el traslado sea con la finalidad de salvaguardar la salud, la integridad, la seguridad o la vida de los quejosos, de la seguridad institucional, del personal o el resto de los migrantes alojados en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, donde se encuentran actualmente los quejosos. De igual forma, en caso que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. IV. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos directos: Maydelin Rosales Betancourt y su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición, los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos directos -mayores de edad-, realicen lo siguiente -siempre y cuando no se encuentren al cuidado de alguno de los quejosos menores de edad, pues en esas circunstancias, deberá estarse a lo determinado en el apartado II de este acuerdo-: a) Otorguen una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Establezcan un domicilio o lugar en el que permanecerán, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla. No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlos en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (cubana), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. - Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener a los quejosos en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos mayores de edad no cumplen con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que éstos sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la tesis de que los quejosos directos: Maydelin Rosales Betancourt; y, Ricardo Cutiño Fernández, estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o a las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que los quejosos se encuentran a su disposición, para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. V. La incomunicación de la que son objeto los quejosos directos. Con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación de la que son objeto los quejosos directos para el efecto de que dicho acto cese de manera inmediata como medida para evitar la consumación del mismo. En el entendido que las autoridades responsables 1. Subdirector de la Estación Migratoria, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y, 2. Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla, deberá permitir que los quejosos directos Maydelin Rosales Betancourt y su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, tengan comunicación con sus abogados o cualesquiera otro- y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222-303-72-76; y, que la licenciada Nahieli Avendaño Palacios, es la secretaria encargada de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 951-526-0619 y correo electrónico institucional nahieli.avendano.palacios@correo.cjf.gob.mx, para recibir dicha información en su caso, el secretario de guardia Rafael Torres Campos, de la semana del veintiuno al veintiocho del propio mes y año, con número telefónico 222-521-6779. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. TRÁMITE. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tramítese la demanda de amparo promovida por Cipriano Hernández Olvera, a favor de los quejosos directos Maydelin Rosales Betancourt su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, contra los actos reclamados consistentes en: e) la orden de deportación y f) la incomunicación de la que son objeto, que atribuyen al: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por sí o por medio de su personal adscrito bajo su responsabilidad; y, 2. Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria, Adscrita al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Puebla, Puebla (Luis Fernando Riviello Rodríguez). RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción que corresponda, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de los quejosos directos: Maydelin Rosales Betancourt su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria en el Estado de Puebla, y una vez localizados, deberá cerciorarse que la autoridad migratoria ponga en inmediata libertad a los menores quejosos en los términos precisados en el apartado II de este acuerdo. Hecho lo anterior, deberá requerir a los quejosos adultos, para que manifiesten en ese acto o dentro del término de tres días, legalmente computado, si ratifican o no la presente demanda de garantías promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, por cuanto hace a la persona menor de edad, deberá cerciorarse que su progenitora cumpla con el requerimiento en cuestión por su representación; esto es, deberá requerir a la quejosa directa Maydelin Rosales; y, en caso contrario, deberá pormenorizar su imposibilidad para ello, a efecto que este órgano jurisdiccional tome las medidas necesarias. Además, signifíquese al actuario que deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentran, preguntarles si se le ha permitido comunicarse con su abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran privados de su libertad y si han sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional. En el entendido de que si es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de alojamiento, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar, para lo cual deberá indagar sobre su paradero. Además el fedatario deberá asentar las condiciones del lugar en el que están presentados o alojados los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. PREVENCION DE LA DEMANDA. Ahora bien, únicamente en caso que los quejosos directos ratifiquen la demanda amparo promovida a su favor y a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I y II; y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realicen lo siguiente: PRIMERO. Precisen la denominación actual y correcta de la autoridad responsable que señaló como: " A). - EL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN PUEBLA, Por si o por medio de su personal adscrito bajo su responsabilidad (.)" Deberá señalar los nombres completos y correctos de del personal que refiere como autoridad responsable, o bien, los números de placa de cada uno de dicho personal o, en su caso, manifieste si nombra únicamente al titular de dicha dependencia. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirlas, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. SEGUNDO. En caso de que la quejosa directa Maydelin Rosales Betancourt, manifiesten promover a favor de su menor hija M.M.R. Deberán, acreditar fehacientemente la personalidad con la que se ostentan al presente juicio de amparo, esto es, exhiban documento idóneo del que se advierta su entroncamiento con los menores de edad que representan. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se apercibe a los dque de no dar cumplimiento íntegro a la presente prevención en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese a los promoventes que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por ellos mismos, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. DE LAS NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.s, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exime de recibir el oficio que contenga el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS DIRECTOS EN EL LUGAR DE SU ALOJAMIENTO Y A LA PARTE PROMOVENTE, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Nahieli Avendaño Palacios, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el escrito signado por Cipriano Hernández Olvera, a favor de los quejosos directos Maydelin Rosales Betancourt su menor hija M.M.R.; así como Ricardo Cutiño Fernández y, en atención a su contenido, téngase al ocursante interponiendo recurso de queja contra la resolución de esta misma fecha. En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I y 101, párrafo segundo de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del citado recurso entre las partes. Atendiendo a las políticas de austeridad y racionalización en el uso del papel, diversos recursos materiales y de oficina, con la consecuente optimización de los mismos, emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, en los acuerdos generales respectivos, privilegiando la utilización de las herramientas tecnológicas puestas al alcance de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye al oficial judicial "A", para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico del juicio de amparo ********************, del ordinal de este Juzgado, a efecto de que se habilite o vincule la disponibilidad del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para los efectos correspondientes. Asimismo, ríndase el informe con justificación sobre la materia a que se refiere la queja de que se trata, manifestando que es cierto que se dictó el acuerdo reclamado, o la finalidad de substanciar el referido medio de impugnación. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 126/2022 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Notifíquese personalmente a los quejosos directos en el lugar de su alojamiento y a la parte promovente, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito, por oficio a las autoridades responsables, y al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
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