MAYRA GUADALUPE MORENO MUÑOZ y Otros.

Expediente 128/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
128/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • MAYRA GUADALUPE MORENO MUÑOZ y Otros.
  • Jose Mario Moreno Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTE DE OCTUBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 113 a 121), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa José Mario Moreno Muñoz, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el quince de enero de dos mil dieciséis dentro de la averiguación previa 43/2016/SEXTA, y únicamente en el caso de que no haya consignado la averiguación, Dicte un nuevo acuerdo en el que funde y motive por qué considera que el delito de daño en propiedad ajena que se atribuye al inculpado, aquí quejoso, fue cometido de manera dolosa. En el entendido que de concluir que la forma de comisión fue culposa, se deberá pronunciar respecto a si procedía mantener detenido al inculpado por el plazo de cuarenta y ocho horas, y de no ser así, deberá decidir lo conducente en torno a la forma en que deberá seguir garantizando su comparecencia al procedimiento, atendiendo a que actualmente se encuentra gozando de su libertad provisional bajo caución, para lo cual exhibió la cantidad de $15,460.00 (quince mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)." (fojas 120 vuelta y 121). Sentencia amparadora que el seis de julio de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 180 a 182). Ahora bien, mediante oficio sin número de once de julio de dos mil dieciséis (fojas 196 a 201), la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Vespertina, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la averiguación previa 43/2016/SEXTA, de la cual se advierte que en vías de cumplimiento realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el acuerdo reclamado de quince de enero de dos mil dieciséis, dictado en la indagatoria supracitada, en el cual se había decretado la detención del ahora quejoso como probable responsable del delito de daño en propiedad ajena doloso. - Así, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, determinó que el delito de daño en propiedad ajena que se atribuye al indiciado, aquí quejoso, fue cometido de manera culposa; motivo por el cual, y toda vez que dicho ilícito no prevé sanción corporal, sino alternativa, ordenó la devolución de la garantía que había exhibido por la cantidad de $11,460.00 (once mil cuatrocientos sesenta pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de libertad personal; especificando que sólo quedaría en resguardo la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de reparación del daño. Mediante diverso oficio 512 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis (foja 235), el fiscal responsable en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo estableció que no procedía mantener detenido al inculpado, aquí quejoso por el plazo de cuarenta y ocho horas, ya que el delito de daño en propiedad ajena fue de manera culposa y tiene pena alternativa, por lo que reiteró la devolución de la caución que exhibió el mismo. Por otro lado, mediante diverso oficio 134 de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 265 a 274), el representante social responsable siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, estableció la forma en que el inculpado, aquí quejoso deberá seguir garantizando su comparecencia, de acuerdo a las prevenciones establecidas en el artículo 31 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Resolución que procedió a notificar personalmente al aquí quejoso (foja 269). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público Comisionado a la Mesa Dos quien tiene conocimiento de las Averiguaciones Previas de la Delegación Sexta del que se advierte que es éste, quien ahora conoce de las averiguaciones previas radicadas ante la Mesa de Trámite de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, por lo que en términos del numeral 9° de la ley de Amparo, se le tiene como autoridad en sustitución del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite de la Sexta Agencia, Turno Vespertino. Por otra parte, visto el contenido de dicho oficio, téngase a la referida responsable manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ahora, en cuanto a la solicitud del Agente oficiante en el sentido de reconsiderar la multa impuesta mediante auto de veintitrés de septiembre del año en curso, esta Juzgadora considerando la reestructuración institucional y el cambio de inmuebles de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el cumplimiento dado por parte del Agente del Ministerio Público sustituto, al requerimiento de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y en virtud de que aún no se ha ordenado al Administrador Local de Recaudación de Puebla "1", del Servicio de Administración Tributaria, de inicio al procedimiento económico coactivo para el cobro de dicha multa, se suspende por única ocasión el procedimiento de cobro de dicha multa (lo cual, como excepción sólo se aplica en el presente asunto por las consideraciones antes indicadas, y sin que sea tomado como regla para casos análogos en diversos juicios de amparo), precisando que en caso de incumplimiento, se reanudará dicho procedimiento y se procederá en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Finalmente, incorpórese el diverso oficio signado por el Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veintitrés de septiembre del actual, sin que haya lugar a dictar mayo providencia, dado lo acordado en el párrafo que antecede.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino no ha desahogado oportunamente el requerimiento realizado mediante auto de veinticuatro de agosto de esta anualidad, donde se le solicitó diera, PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO, esto es, se pronunciara respeto de la forma en que deberá seguir garantizando su comparecencia el quejoso que es uno de los efectos de la sentencia de amparo; pese a que, en cumplimiento a lo ordenado por auto de seis de este propio mes de septiembre, se ordenó realizar nuevamente dicha notificación, por lo que se giró el oficio CUMP-122, al que se le anexó el diverso VIII-0431-2, con el contenido de la determinación de veinticuatro de agosto del actual. En consecuencia, toda vez que, se le notificó legal y oportunamente, desde el siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 245) y tomando en cuenta que el cumplimiento puntual y completo de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público y esta juzgadora debe velar porque las autoridades responsables cumplan, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de julio y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 180 a 182 y 232 a 233) y se impone multa al Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, esto es, $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos cero centavos moneda nacional), en razón de que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de 73.04. (setenta y tres pesos cuatro centavos moneda nacional). Lo anterior es así, ya que si bien en el auto donde causó ejecutoria el presente asunto (fojas 180 a 182), se apercibió al Agente del Ministerio Público Investigador en turno de la Sexta Agencia del Ministerio Público de la Delegación Margarita, en la ciudad de Puebla, Puebla, también lo es, que mediante auto de trece de julio del actual (fojas 202 y 203) se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, informando que quien ahora conocería de la averiguación previa 43/2016/SEXT y por ende del cumplimiento del fallo protector, sería esta, por lo que por auto de dieciocho de agosto del actual (fojas 232 y 233), se apercibió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, para el caso de incumplimiento con la multa conminada en el proveído de seis de julio de dos mil dieciséis. En esa tesitura, previo a girar el oficio respectivo al Administrador Local de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria para que esta a su vez lo remita a la autoridad correspondiente encargada de realizar los trámites necesarios a efecto de efectuar el cobro de la indicada multa, se requiere al Fiscal General del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 297 Fracción II, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, el nombre de la persona que desde el siete de este propio mes de septiembre se encuentra como Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, así como los datos generales que tenga en sus registros, tales como su domicilio y su registro federal de contribuyentes, apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente y por última ocasión a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, en sentencia autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis y, en atención, a las observaciones que en el presente proveído se destacan. De igual forma, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite, de la Sexta Agencia, Turno Vespertino, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Vespertina; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento parcial al requerimiento de veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, ya que si bien, se pronunció respecto a que no procedía mantener detenido al inculpado por el plazo de cuarenta y ocho horas, ya que el delito de daño en propiedad ajena fue de manera culposa y tiene pena alternativa, por lo que ordenó la devolución de la caución que exhibió el quejoso; sin embargo, no pronunció lo conducente respeto de la forma en que deberá seguir garantizando su comparecencia el quejoso que es uno de los efectos de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Vespertina, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. En el entendido que de no hacerlo así, esta autoridad continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Sexta Agencia del Ministerio Público Mesa Vespertina, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de seis de julio de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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