Máximo Aguilar Santigado

Expediente 1493/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1493/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • MAXIMO GAEL AGUILAR TECUAPETLA y Otros.
  • Laura Iveth Tecuapetla Zavala
  • Máximo Aguilar Santigado
  • Maximo Gael Aguilar Tecuapetla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de siete de febrero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentada por Laura Iveth Tecuapetla Zavala, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos FXAT, MGAT, y NXAT; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, certifica que transcurrieron los ocho días concedidos a las partes para que se impusieran del informe justificado de las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta con la documentales exhibidas con la demanda de garantías (fojas 5 a 19), las diversas remitidas por el Oficial Mayor del Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla (foja 46 y 47), la Directora General del Registro del Estado Civil de las Personas de la Secretaria General de Gobierno (fojas 49 a 52), el Juez del Registro del Estado Civil de Santa María Tonantzintla (foja 63 y 64), el Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Secretario de Seguridad Pública (fojas 86 a 91), el Secretario de Acuerdos Non en funciones de Juez por vacaciones del Titular del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 119 y anexo I), el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado (foja 128 a 131). Enseguida, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni hubo pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, y al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, la suscrita Jueza de Distrito procede a dictar sentencia. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1493/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Laura Iveth Tecuapetla Zavala, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos FXAT, MGAT, y NXAT; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Laura Iveth Tecuapetla Zavala, demandó en favor de su esposo Máximo Aguilar Santiago, por propio derecho y en representación de sus menores hijos FXAT, MGAT, y NXAT, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES "1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla [.]. 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado [.]. 3. Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado [.]. 4. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, Pue [.]. ACTO RECLAMADO "TENER AL QUEJOSO MÁXIMO AGUILAR SANTIAGO PADRE DE MIS HIJOS FXAT, MGAT, y NXAT COMPURGANDO SU SENTENCIA EN UN CENTRO PENITENCIARIO ALEJADO DE LA COMUNIDAD A LA CUAL FORMA PARTE Y PERTENECE VIOLANDO ASÍ EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL PROCEDENTE [SIC]." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1°, 8, 14, 16, 18, 22 Y 133 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se desechó parcialmente la demanda de garantías por lo que hace al acto que reclama Laura Iveth Tecuapetla Zavala, en nombre de su esposo Máximo Aguilar Santiago y se admitió a trámite por lo que respecta a Laura Iveth Tecuapetla Zavala, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos FXAT, MGAT, y NXAT, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le compete y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 20 a 28). Inconforme con la determinación anterior, la peticionario de amparo Laura Iveth Tecuapetla Zavala, interpuso recurso de queja, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con el número Q-111/2016, el que por ejecutoria de ocho de diciembre de la anualidad pasada, se declaró infundado. TERCERO. Parte Tercera interesada. En proveído inicial, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable en su carácter de tercero interesado, lo cual sucedió el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 37). CUARTO. Ampliación de demanda. En auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 120 y 121), se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de la diversa autoridad "Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla", bajo apercibimiento de que no cumplir, se resolvería únicamente por las autoridades y actos planteados en su demanda inicial, sin embargo, en auto de veinticinco de enero pasado, se le hizo efectivo dicho apercibimiento al no haber cumplido con tal requerimiento (foja 150). QUINTO. Cita para audiencia. Previo trámite del juicio, en auto de once de enero de esta anualidad (foja 139 vuelta y 140), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierte del análisis integral de la demanda y su ampliación, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la quejosa esencialmente reclama: a) El traslado de Máximo Aguilar Santiago del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y, b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, proceder al análisis del fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y 4. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula Puebla, al rendir sus informes justificados (fojas 135 a 138 y 59 a 60), negaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de dicho acto. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Existencia de la orden de traslado combatida. Por otra parte, las autoridades responsables 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado (foja 85) y 3. Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado (fojas 113 a 127) en sus informes justificados, convinieron de la existencia de la orden de traslado reclamada, en virtud de lo cual, debe tenerse plenamente probado. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con las copias certificadas existentes en autos (fojas 87 a 91 y 128 a 131) a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyo contenido se advierte que el veintiocho de junio de dos mil trece, se autorizó el traslado de Máximo Aguilar Santiago del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 88). Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Ponderaciones previas. I. Cuando en la presente sentencia se haga referencia a las disposiciones de la Ley de Amparo, deberá entenderse que se trata de las normas vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece (en virtud que como ha quedado evidenciado, la promoción de este juicio aconteció con posterioridad a tal data), y la jurisprudencia que se mencione, que haya sido integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada, se entenderá que continúa en vigor por no contraponerse con las disposiciones de la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del último ordenamiento legal mencionado. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2ª/J. 10/2016 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1º constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que se derivan de las constancias remitidas por las autoridades responsables, y que son los siguientes: 1. Mediante oficio número SSP/01/1980/2013, de veintiocho de junio de dos mil trece, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, autorizó el traslado de diversos sentenciados, entre ellos Máximo Aguilar Santiago del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 88). 2. Derivado de lo anterior, la Directora General de Centros de Reinserción Social del Estado por oficios 4298 y 4303, de veintiocho de junio de dos mil trece ordenó al Encargado del Despacho de la Coordinación de Despliegue Territorial del Estado la ejecución de dicho traslado (foja 89), y al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, el ingreso de dichos reclusos al centro de internamiento a su cargo (foja 90). Traslado que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta Juzgadora de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto de la orden de traslado reclamada, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Por su parte, el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico concreto y directo en favor de la parte quejosa, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-, así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En síntesis, para el interés legítimo se requiere como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse y no una simple posibilidad como sucede en la especie; ya que en el caso de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, dicho fallo concesorio únicamente repercutiría directamente en Máximo Aguilar Santiago -quien no es parte quejosa en esta instancia constitucional-, ya que sería trasladado al centro de internamiento de origen, y ningún efecto inmediato se produciría en la esfera jurídica de los peticionarios de amparo Laura Iveth Tecuapetla Zavala, y los menores FXAT, MGAT, y NXAT (esposa e hijos del antes citado). En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que la parte quejosa no acude a este juicio con un interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, dado que quien en todo caso tiene el interés jurídico para reclamar constitucionalmente el traslado reclamado es Máximo Aguilar Santiago, en quien se encuentra repercutiendo directamente sus efectos, aunado a que es necesario que sea éste, quien ejerza si a su juicio considera y es su voluntad hacerlo, la interposición del medio de defensa correspondiente (principio de instancia de parte agraviada), criterio que corrobora el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el recurso de queja número Q-111/2016, quien en ejecutoria de ocho de diciembre de la anualidad pasada, resolvió como infundado el recurso promovido por Laura Iveth Tecuapetla Zavala en contra del auto que desechó parcialmente la demanda de garantías aquí promovida por la antes citada en nombre de su esposo Máximo Aguilar Santiago, ya que no se encontraba legitimada para ello al poder hacer valer propiamente ese derecho su cónyuge. Aunado a que tampoco se pone de manifiesto un interés legítimo que tutelar al no configurarse éste, precisando que la figura jurídica de interés legítimo, nace como excepción a la regla general, para proteger aquellos derechos que por su naturaleza, no podían antes ser objeto de estudio constitucional por no acreditarse un interés jurídico. Sin embargo en el caso no se actualiza, dado que no se revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable para la parte quejosa, por lo que no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta de los gobernados aquí promoventes en virtud de su especial situación en relación con la orden de traslado reclamada. Además, no se advierte que los peticionarios del amparo pudieran obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; sin que en la demanda de garantías se determine individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio; luego, se concluye no se tiene interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de garantías; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sin que esta Juzgadora inadvierta que en el presente asunto se encuentran involucrados los menores quejosos FXAT, MGAT, y NXAT, y con ello el interés superior de la niñez, como institución jurídica reconocida en los artículos 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone a todas las autoridades, incluida esta Juzgadora Federal, el deber de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, como un criterio orientador que permite analizar los hechos que dan forma a las circunstancias que rodean a los niños y las niñas en cada caso concreto. Y si bien es cierto que en los asuntos en los que están involucrados los derechos de una persona menor de edad se debe aplicar la ley con flexibilidad y observar el principio del interés superior de la niñez, la intervención de una persona menor, por sí sola, no conduce a soslayar automáticamente el orden jurídico, ni constituye una eximente para satisfacer los presupuestos legales indispensables de la contienda constitucional, dado que no existe disposición normativa que así lo autorice; aunado a que en todo caso el titular de ese derecho jurídico (Máximo Aguilar Santiago) si se encuentra inconforme con su reclusión en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla derivado del traslado reclamado, puede, si es su voluntad, promover el juicio de garantías respectivo. Considerar lo contrario, será desnaturalizar la figura del interés legítimo, presupuesto de excepción al interés jurídico, para estudiar actos lesivos de derechos humanos sin ser titular de ellos, y que de otra forma no podrían ser objeto de tal análisis y sin que sea viable considerar que aduciendo un interés legítimo se pueda promover a favor de otro, dado que sus efectos repercuten directamente en ese tercero y no en el promovente. Y sin que las documentales exhibidas por los peticionarios de amparo (fojas 5 a 19), las cual en conjunto con las diversas constancias remitidas por el Oficial Mayor del Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla (foja 46 y 47), la Directora General del Registro del Estado Civil de las Personas de la Secretaria General de Gobierno (fojas 49 a 52), el Juez del Registro del Estado Civil de Santa María Tonantzintla (foja 63 y 64), corroboran el vínculo jurídico entre Laura Iveth Tecuapetla Zavala y Máximo Aguilar Santiago (cónyuges) FXAT, MGAT, y NXAT (hijos), con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, sin que ello, dé lugar a resolver en diverso sentido, pues se reitera, quien debe promover contra la orden de traslado es Máximo Aguilar Santiago. En tales condiciones, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Sobreseimiento se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al 3. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en virtud de que la ejecución que se le atribuye no es por vicios propios, sino derivado de la autorización de la orden de traslado reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Fuente: 91-96 Sexta Parte, Página: 286, Materia(s): Común, Registro número 253622, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Asimismo, como se advierte que entre los peticionarios de amparo se encuentran tres menores de edad, atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de dichos menores, al hacer pública la presente sentencia, suprímanse los datos que permitan la identificación de los menores, a quienes en esta determinación se les identificará con las iniciales FXAT, MGAT, y NXAT. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Laura Iveth Tecuapetla Zavala, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos FXAT, MGAT, y NXAT, en contra de la autorización para que Máximo Aguilar Santiago fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y su ejecución, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa por auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 120 y 121), para el efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, y como acto reclamado la orden de que el sentenciado Máximo Aguilar Santiago compurgue la pena privativa de la libertad en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, relativo a la causa penal 547/2008 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; lo cual se le notificó el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, surtió efectos el treinta de diciembre siguiente, y transcurrió del dos al veinte de enero del presente año, descontando sábados y domingos por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que al efecto lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, y se tienen únicamente como actos reclamados y autoridades responsables los ya señalados en esta controversia constitucional y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente juicio de amparo, con las consecuencias legales que procedan.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad 1. Consejero Jurídico del Gobernador, en representación del Titular del Ejecutivo del Estado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Además, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la referida autoridad a los profesionistas que señala en su informe de cuenta; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado para tal efecto. Ahora bien, vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que los informes justificados rendidos por las autoridades 1. Consejero Jurídico del Gobernador, en representación del Titular del Ejecutivo del Estado y 3. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, así como las constancias exhibidas por el Secretario de Acuerdos Non del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en funciones de Juez por vacaciones del titular (anexo I), no fueron puestas a la vista de las partes con la anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así también, de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 120 y 121), para el efecto de que manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, y como acto reclamado la orden de que el sentenciado Máximo Aguilar Santiago compurgue la pena privativa de la libertad en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, relativo a la causa penal 547/2008 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; lo cual se le notificó el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, surtió efectos el treinta de diciembre siguiente, y transcurrirá del dos al veinte de enero del presente año, descontando sábados y domingos por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, y para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

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