Mauro Aarón Avalos Armendariz
Expediente 423/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- Mauro Aarón Avalos Armendariz
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese al presente expediente el escrito presentado por Rosa Nelva Estrada Lizárraga, autorizada de la parte quejosa y como lo solicita, hágase la devolución de los documentos que se anexaron adjuntos al escrito de demanda, previa copia certificada que se deje en autos a su costa, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa el recurso de queja a que se refiere el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del proveído de catorce de abril de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mauro Aarón Ávalos Armendáriz, contra actos del Congreso del Estado de Baja California (XXI Legislatura del Estado de Baja California), con sede en Mexicali y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 423/2023-C. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, en virtud que la demanda constitucional fue promovida fuera del plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, se debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "[.] El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado [.]". En el caso, como se anticipó, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en contra de las autoridades que señala el quejoso como responsables, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señalo lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [..]". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [..]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se colige que uno de los presupuestos para acudir al juicio amparo, es el de observar de manera ineludible los plazos fijados en la ley de la materia, bajo pena que el juicio resulte improcedente. En la especie, se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, reclama del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y de otras autoridades, la emisión, aprobación, refrendo, promulgación y publicación, del Decreto número 212, en el que se reformaron los artículos 260 y 269 del Código Penal para el Estado de Baja California, relativos al delito de usurpación de profesiones y la adición de los artículos 19 Bis, 19 Ter y 19 Quater, de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California; ello con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra, al considerar las responsables que su conducta encuadraba en la hipótesis materia de reproche. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa, dejó de observar la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues del contenido íntegro de su demanda, y en específico, en el punto número cinco de su capítulo de antecedentes, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del citado acto de aplicación de la norma general impugnada -orden de aprehensión-, desde el uno de marzo de dos mil veintitrés, esto es así, ya que textualmente refiere lo siguiente: "VI. Bajo protesta de decir verdad, a continuación narro los hechos o abstenciones que constan a mi representante y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación [.] 5.- En ese sentido, debo señalar que el día uno de marzo de dos mil veintitrés, llegaron a mi domicilio personas que dijeron ser gentes de la policía del estado, quienes preguntaron por el suscrito, los cuales fueron atendidos por una persona que eventualmente realiza labores de aseo y quien le enseñaron una lista de médicos en los que aparecía el signante y a quienes les giraban orden de aprehensión por juez de control, según le indicaron, y después de esa fecha han estado pasando por el domicilio donde vivo y en ocasiones he visto un vehículo detenido a cierta distancia de mi domicilio y de los lugares que frecuento, y ante el temor de ser detenido arbitrariamente de mi libertad personal, de mis bienes, y toda vez que no he cometido delito alguno acudo ante este honorable juzgado con el fin de promover juicio de garantías para que se me conceda el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de cualquier acto violatorio o conculcatorio de mis garantías individuales, informando desde este momento para efectos de la caución que se me llegara a fijar, que cuento con ingresos variables dado que no tengo un ingreso fijo. De esta manera, se obtiene que el directo quejoso acude a esta instancia constitucional, al indicar que el uno de marzo de dos mil veintitrés, acudieron a su domicilio personas que dijeron ser agentes de la policía del Estado, quienes preguntaron por él y fueron atendidos por una persona que eventualmente realiza labores de aseo, a quien le enseñaron una lista de médicos en la que aparecía el aquí amparista, en virtud de la orden de aprehensión girada en su contra por un Juez de Control; es decir, el quejoso acude en virtud de tener conocimiento cierto que le giraron una orden de captura en su contra, en aplicación de las normas generales impugnadas. Ahora, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en la que éste se impuso del acto reclamado, en virtud de que existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. 2. Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Así, en el caso se tiene que el término relativo se computa a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad que fue el uno de marzo de dos mil veintitrés; por ello en el caso, se actualiza el tercer supuesto de los descritos en el párrafo que antecede, por lo que el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del amparo transcurrió de la siguiente manera: Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Fecha en que inició el término para presentar demanda: Fecha en que feneció el término para presentar demanda: Fecha en que presentó la demanda de amparo: 01 de marzo de 2023 03 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 12 de abril de 2023 En consecuencia, al haber tenido conocimiento cierto del acto de aplicación de la porción normativa reclamada, desde el uno de marzo de dos mil veintitrés, el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el escrito de demanda que se atiende fue presentado de forma extemporánea, toda vez que de la boleta de turno elaborada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgaos de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que se presentó en el buzón judicial, el doce de abril de la presente anualidad, y como ya quedó precisado, el plazo oportuno para que la parte quejosa presentara su demanda, transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo del año en curso, por ser inhábiles, de ahí que resulta procedente desechar por extemporánea la demanda de que se trata; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda, lo anterior de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Rosa Nelva Estrada Lizárraga, toda vez que sí cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que cita en su ocurso y a Humberto de Jesús Aguilar Toledo, Roberto Figueroa Magaña y Eduardo Arabia Arechiga, por no contar con dicho registro, ni exhibir documento alguno que los acredite como licenciados en Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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