Maximiliano Cordero Rivera

Expediente 494/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
494/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Maximiliano Cordero Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el veintidós de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, a la fecha no obra constancia de notificación personal al quejoso Maximiliano Cordero Rivera, y a su asesor jurídico, del auto de veintidós de julio último, en el cual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de evitar una violación procesal en perjuicio del quejoso, túrnese los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a fin de que notifique personalmente al quejoso y a su asesor jurídico, del contenido del auto de veintidós de julio del año en curso; a fin de que este en posibilidad de hacer valer el recurso legal que estime conveniente en contra del auto de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y a su asesor jurídico.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, de esta ciudad, (mediante el cual remite el diverso oficio signado por la Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, de esta ciudad). Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos se advierte que, en auto de veintidós de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con motivo del desistimiento manifestado por el quejoso; no obstante, a fin de salvaguardar sus derechos procesales, y en su caso, este en posibilidad de interponer el recurso legal que corresponda en contra del auto de referencia. En atención a lo expuesto, se tiene a la Coordinadora Penal, en cumplimiento al proveído dictado el catorce de julio del año en curso, informando que nombró a Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, como asesores jurídicos del quejoso Maximiliano Cordero Rivera, en la tramitación del presente juicio de amparo; y autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones, que conforman el presente juicio de amparo, al asesor jurídico antes mencionado, para que, vigile la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Por consiguiente, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos, a fin de que notifiquen a los defensores adscritos a la Coordinación Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, (respecto de quienes, el remitente señala como domicilio para notificarlos el sitio ubicado en Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, código postal 22226, de esta ciudad); el contenido del presente proveído, así mismo les haga de su conocimiento que se dejan a la vista la totalidad de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo en el local que ocupa este juzgado, para se impongan de su contenido y en caso de considerarlo necesario manifiesten lo que a su interés legal convenga. Finalmente, ya que el quejoso Maximiliano Cordero Rivera, se encuentra privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social "El Hongo" con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "Webex" en la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a sus asesores jurídicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta, relativa a la notificación personal del auto de dieciséis de julio del año en curso, practicada al quejoso Maximiliano Cordero Rivera; atento a su contenido, se advierte que en el acto de notificación, manifestó -en lo que aquí interesa- que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate y que, además, es su deseo desistirse de la demanda de amparo por las autoridades que señaló y del presente juicio de amparo. En consecuencia, al haber expresado el quejoso Maximiliano Cordero Rivera, ante el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que es su voluntad desistirse del juicio de amparo que nos ocupa, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de garantías. Lo anterior, ya que dicho funcionario cuenta con fe pública, resultando innecesario ordenar que el quejoso ratifique ante la presencia judicial su manifestación de desistimiento del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." De igual forma, sustenta lo anterior la jurisprudencia VII.1o.P. J/2 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO TANTO DE LA DEMANDA DE AMPARO COMO DEL RECURSO DE REVISIÓN Y RATIFICADO JUDICIALMENTE. PARA DECRETARLO ES INNECESARIO OTORGAR AL QUEJOSO LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. De la intelección del precepto citado se colige que, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Sin embargo, cuando es el propio accionante quien se desiste tanto de la acción de amparo, como del recurso de revisión, no se actualiza ese presupuesto normativo, porque no se trata de una causa legal de improcedencia advertida de oficio, no alegada por alguna de las partes, ni analizada en la primera instancia del juicio biinstancial, sino que la decisión de sobreseer se sustenta en la declaración de desistimiento del quejoso, lo que hace cesa la jurisdicción del juzgador y, atento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo en ambas instancias, en términos de los artículos 107, fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., 6o., 82, 86, 88, párrafos primero y tercero, 89 y 931 fracción V, de la Ley de Amparo. En ese orden, sería ocioso dar vista con la actualización de una hipótesis que ella promovió, ya que, acorde con la exposición de motivos del artículo 64 mencionado, es que no quede en estado de indefensión ante la aparición de la causa que da lugar al sobreseimiento en el juicio, hipótesis que no puede actualizarse en el supuesto de que esta última tenga su génesis en el desistimiento ratificado legalmente por el propio accionante, pues sería tanto como pensar que deba otorgársele oportunidad para que se dé por concluida la acción constitucional. Estimar lo contrario, significaría ir en contra de uno de los derechos fundamentales del quejoso, previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en que se le administre justicia cuando lo solicite." Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la Secretaria Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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