Mauricio Aldrete Villanueva
Expediente 980/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Mauricio Aldrete Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse sobreseído el juicio de amparo por todos los actos, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en consulta. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 34 del mencionado acuerdo. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de conservación; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), citado acuerdo general; motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años. Glósese copia del presente acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida de Érik González González, Secretario de juzgado que da fe. Doy fe
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la resolución emitida por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en su calidad de Juez de Control, en audiencia celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de su índice, en la que determinó dejar subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al directo quejoso. Posteriormente, en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado y haciendo disponibles diversas constancias relativas a la causa penal de origen, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de las que se advierte que en la audiencia celebrada el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, resolvió dejar sin efectos la indicada medida de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar impuso al quejoso las medidas cautelares previstas en las fracciones I, II y VI del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: - Presentación periódica quincenal ante el Centro de Justicia Penal Federal, el primer día hábil de cada quincena, y si éste resultare inhábil, el día hábil siguiente, en un horario de diez a quince horas; - La exhibición de una garantía económica, por la cantidad de $******************** pesos (******************** pesos ********************/1********************). - El sometimiento a la vigilancia de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Asimismo, ordenó la inmediata libertad del quejoso por lo que hace a la causa penal como consecuencia de haber levantado la medida restrictiva de la libertad, -acto que en esta vía constitucional se reclama-. Documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si con posterioridad a fecha de presentación de demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable determinó levantar la prisión preventiva de carácter oficioso y en su lugar impuso al quejoso diversas medidas cautelares, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2********************7 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO." En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2********************3 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual manera, en términos del artículo 14 de la ley de la materia, se le tiene informando que Enrique Palomares Valdez, en audiencia inicial celebrada el veinte de febrero de dos mil veintidós, aceptó y protestó el cargo de defensor público federal del directo quejoso Mauricio Aldrete Villanueva. Asimismo, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que proporciona, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por último, téngase a la autoridad responsable informando que hizo disponible las constancias que integran la causa penal 143/2022, de su índice, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; por tanto, se ordena vincularlo al expediente en que se actúa. No obstante, toda vez que las documentales indicadas, se dejaron a disposición de este órgano jurisdiccional para su consulta mediante la vinculación del expediente electrónico, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se visualice el referido expediente al presente juicio de amparo. Una vez hecho lo anterior, toda vez que la tramitación del presente juicio no es en línea en su totalidad, procédase a la impresión de las documentales descritas. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/GCR/gag
- Incidental
R E S O L U C I Ó N Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 980/2023-B, promovido por********************, por conducto de su defensor público federal,********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en su calidad de Juez de Control, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad,********************, por conducto de su defensor público federal,********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad cuya denominación correcta a continuación se señala: Autoridad responsable: Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: "Reclamo la emisión de la resolución de fecha DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, emitida en la causa penal ******************** en la que se determina imponer la media cautelar de prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 Constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Se abrió el cuaderno incidental por separado, se solicitó el informe previo y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se señala que el acto reclamado consiste en la resolución emitida por la Juez responsable, en audiencia celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, de su índice, en la que determinó dejar subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al directo quejoso. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestó al momento de rendir su informe previo. CUARTO. Se concede la suspensión definitiva. Ahora, si en el caso concreto, el defensor público federal del directo quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que la responsable determinó que su patrocinado debería continuar con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; lo que se corrobora con el informe previo rendido en sentido afirmativo por la Juez responsable. En consecuencia, en uso de la apariencia del buen derecho, a fin de salvaguardar el derecho humano a la libertad personal, se debe verificar de manera justificada que se aplique una medida legítima, idónea, necesaria y proporcional para cumplir el fin que se persigue. Por otra parte, en relación con el tópico de peligro en la demora, este presupuesto se satisface porque el quejoso se encuentra privado de la libertad precisamente con motivo de la ejecución del acto reclamado, por lo que si a pesar que tiene matices de devenir inconvencional, no se suspende con efectos restitutorios, la afectación es permanente mientras persista la prisión preventiva oficiosa y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Asimismo, en lo atinente a la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, no se aprecia que se encuentren comprometidos, porque en líneas precedentes ya se estableció que excepcionalmente sí puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares bajo la ponderación de los elementos que anteriormente se han desarrollado; más aún cuando, como se precisará, la suspensión que se otorgue no tendrá como efecto que el quejoso quede en libertad en automático por virtud de esta suspensión. Sin que se desatiendan las disposiciones contenidas en el diverso artículo 129 de la Ley de Amparo, donde se describen diversas hipótesis respecto de las cuales se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, de concederse la suspensión; lo anterior pues, aun en estos supuestos, el análisis debe ser realizado de acuerdo al hecho concreto; más aún que en el último párrafo de dicho precepto normativo se otorgan facultades para que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente pueda conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en el citado artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Por tanto, lo procedente es conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, para los efectos siguientes: a) En el caso en que no haber acontecido previamente en cumplimiento a la suspensión provisional decretada en el presente incidente, y en el supuesto de que el quejoso efectivamente se encuentre privado de su libertad en virtud de la prisión preventiva oficiosa, en el término de cuarenta y ocho horas la Juez responsable cite a una audiencia a las partes, donde deje insubsistente tal medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. b) Otorgue la oportunidad a las partes para que, de solicitarse por el fiscal, se debata la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva o cualquiera de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme con lo establecido en los artículos 161 y demás aplicables de dicho código procesal. c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda. Refuerza el sentido de esta resolución la nota informativa DGCSV/NI: 09/2023, del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de julio de dos mil veintitrés, en la que se advierte que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó, esencialmente que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Comunicado que señala lo siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA QUE DE INMEDIATO EL JUEZ DE CONTROL FIJE UNA AUDIENCIA DE REVISIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR E IMPONGA LA QUE CONSIDERE ADECUADA, QUE PUEDE SER INCLUSO LA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le impuso el Juez de Control en la audiencia inicial, y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para que se prescindiera de ella. El Juez de Distrito negó la suspensión, al estimar que es improcedente otorgarla por disposición del artículo 128 de la Ley de Amparo, y porque los efectos restitutorios son propios de la sentencia de amparo. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe concederse la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa para el efecto de que el Juez de Control de inmediato fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada -que puede ser incluso la de prisión preventiva, pero justificada- para lograr la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del proceso. Justificación: En primer lugar, aunque el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, estableció que pueden existir excepciones a esta regla y es al Juez de amparo a quien le corresponde determinarlas. En segundo, conforme al segundo párrafo del artículo 147 de ese ordenamiento, es posible otorgarla con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), porque de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva, siempre que la medida cautelar privativa de la libertad impuesta tenga matices de devenir inconstitucional y pueda así declararse en la sentencia de fondo. En tercer lugar, existe apariencia del buen derecho, pues en un cálculo de probabilidades se avizora una sentencia favorable a quien acude a la acción de amparo, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconvencional por transgredir los derechos fundamentales de libertad y presunción de inocencia, al no estar sujeta a un juicio de proporcionalidad (con la satisfacción de las cuatro gradas de: fin compatible con la Convención, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que sólo la autoridad judicial puede efectuar y la que debe justificar su imposición según las particularidades de cada caso, lo que no ocurre si se aplica de manera oficiosa. Además, también existe peligro en la demora si el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, si no se suspende esa medida cautelar con efectos restitutorios, al generarse una afectación permanente mientras persista y puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente; y no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque puede otorgarse la suspensión respecto de medidas cautelares. En cuarto lugar, una vez satisfechos los elementos desarrollados con anterioridad, es procedente otorgar la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, pero no para poner en inmediata libertad al quejoso -al existir una eventual afectación al interés social-, sino para que de inmediato la autoridad responsable fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada, que incluso puede ser la de prisión preventiva, pero justificada, a fin de cumplir con los fines de una medida cautelar previstos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En el mismo sentido lo determinó el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de queja penal ********************, de su índice, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************, respecto a los actos reclamados a la autoridad señalada en el considerando tercero, y por los expuestos en esta interlocutoria. Notifíquese.
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