Mayckon Oliveira Meireles

Expediente 1024/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1024/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Mayckon Oliveira Meireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte legitimada no interpuso dentro del plazo a que alude el numeral 86 de la Ley de Amparo, recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. En otro aspecto, al advertirse que no obran documentos originales, billete de depósito ni póliza de fianza exhibidos por las partes, que no existen diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese el expediente al archivo. Asimismo, se establece que el expediente principal es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por licencia de la Titular autorizada mediante oficio CCJ/ST/0845/2023, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1024/2023-G, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en su denominación correcta-; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California -en su denominación correcta- "IV.- ACTOS RECLAMADOS Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción, consistente en la orden de CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE ME PRIVE DE MI LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/U INCOMUNICACIÓN, en perjuicio del que suscribe, así como cualquier procedimiento administrativo que se haya iniciado sin haberme sido notificado y por lo tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación de la garantía de audiencia y a mis derechos humanos consagrados por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende se deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación" Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, ordenó el registro de la demanda con el número 1024/2022, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, admitió a trámite la demanda, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y sin que existan terceros interesados, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos atribuidos a una autoridad administrativa con competencia en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California -en su denominación correcta-, es: Privación de la libertad fuera de procedimiento. La incomunicación. La posible orden de deportación, ejecución de retorno asistido a su país de origen o cualquier otro. La omisión de hacer del conocimiento el procedimiento administrativo incoado en su contra. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California-en su denominación correcta- fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello; por lo que con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierta la existencia de los actos que se les reclaman. Sin embargo, dicha presunción se desvirtúa con lo informado por la propia autoridad responsable en el comunicado INM/ORBC/JDAJ/815/2023, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el cual, expuso que el quejoso no se encuentra a disposición del Instituto Nacional de Migración, y que tampoco se encontró alojado en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad, por lo que no tiene ninguna información al respecto. Concatenado a lo anterior, obra en autos el diverso oficio INM/OSCJ/DAJAMP1833/2023, remitido por el Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, al que adjuntó el diverso INM/OSCJ/DAJ/AMP/1738/2023, en el que informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y controles que obran en esa Dirección, no se encontró registro a nombre del quejoso ********************. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar al haber sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, como se aprecia de lo antes narrado, son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California; sin que la parte quejosa ofreciera medio probatorio idóneo tendente a desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos comunicados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta suscritos en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, por medio de los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, reitera que no cuenta con información de del quejoso Mayckon Oliveira Meireles, en virtud de que dicha persona no se encuentra a su disposición, ni se encontró alojado en la estación migratoria de esta ciudad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que, dentro del término de tres días hábiles, remita copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo aperturado a nombre del quejoso ******************** ********************, así como la totalidad de las constancias que guarden relación con los actos reclamados; sin que lo haya realizado, no obstante de estar debidamente notificado. En consecuencia, con fundamento los artículos 28, fracción III, 15 y 160, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicha Dirección; para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas legalmente computado, cumpla con el requerimiento formulado en el mencionado proveído de veintitrés de febrero pasado. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará efectiva la medida de apremio con la que se le conminó, esto es, se impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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