Mauricio de Jesús Esquivel Barreras

Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
821/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Mauricio de Jesús Esquivel Barreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    El dos de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, contra del auto de diez de febrero de los corrientes, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el aludido sobreseimiento ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. De la misma manera, el original del incidente de suspensión, también es destruible, en atención al sentido de la resolución relativa a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c)¸del dictado Acuerdo. Respecto al duplicado del incidente suspensión es susceptible de destrucción, en un plazo de seis meses, en términos de lo dispuesto en el punto 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo. Se ordena marcar en la caratula de este expediente, la leyenda "destruible"¸ que determina su destino, en los términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la legislación reglamentaria. Dicha hipótesis encuentra su justificación en el hecho de que, al cambiar la situación jurídica del impetrante, se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a los actos reclamados y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva etapa procesal, toda vez que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquéllos para dejarlos sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la solicitante del amparo. En concreto, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable en pronunciarse respecto al escrito de ofrecimiento de pruebas ofrecidas a fin de obtener el beneficio de libertad condicionada. Ahora bien, en veintiuno de enero de los corrientes se recibió oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, de los que se obtiene que en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el defensor particular de la parte quejosa mediante uso de la voz se desistió de la solicitud del referido beneficio de libertad condicionada, posteriormente en tres de enero de esta anualidad presentó un escrito en el que solicitó un diverso beneficio siendo este el de remisión parcial de la pena y para el efecto ofreció diversas probanzas, escrito al que le recayó el acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, en el que se señalaron las quince horas del veintitrés de febrero del presente año para la celebración de la audiencia a fin de resolver respecto al nuevo beneficio solicitado. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. Por tanto, al haberse desistido de la solicitud de beneficio de libertad condicionada, que es de la que deriva el acto reclamado, y al haber hecho una diversa solicitud respecto al beneficio de remisión de la pena, se concluye que este juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados, porque ocurrió un cambio de situación jurídica, de modo que se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones que se les atribuyen y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación procesal, por lo que es claro, en la especie, existe imposibilidad para analizar la constitucionalidad, y en su caso, modificarlos pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de los mismos para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del solicitante del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo" En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, es procedente dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, mediante los cuales cumple con el requerimiento efectuado en proveídos de seis y trece de enero de esta anualidad e informa el estado que guarda la carpeta de ejecución 519/2020 del índice de esta autoridad, de la que deriva el acto reclamado en el presente asunto. Asimismo, resguárdese en la secretaria de este juzgado el disco compacto que contiene copia autentificada de audio y video de la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la que mediante el uso de la voz se desistió de la solicitud del beneficio de la libertad condicionada, por las razones que en esta alude. De igual forma, de las referidas constancias, se advierte que la parte quejosa solicitó un diverso beneficio (remisión parcial de la pena), ofreció medios de prueba para el efecto y la autoridad responsable le señaló fecha para la audiencia respectiva. Ahora bien, tomando en consideración que como acto reclamado a la autoridad responsable que se atiende, el quejoso señalo lo siguiente: "[.] Reclamo del C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALFORNIA, La falta de proveer lo conducente con respecto a mi petición de ofrecimiento de pruebas presentado con fecha 31 de Mayo del 2021, dentro del cuaderno de ejecución 519/2020 del índice de dicho Tribunal, la omisiones presentadas en dicho expediente y que atentan contra mi libertad al no darle continuidad a mi pre liberación en detrimento de la administración de justicia a que tengo derecho, por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, tal como lo establece el artículo 17 de la carta magna. [.]" Al desistirse la parte quejosa del beneficio de libertad condicionada y siendo su acto reclamado en concreto la omisión por parte de la autoridad responsable en pronunciarse respecto al escrito de ofrecimiento de pruebas para tal beneficio, se pudiera advertir la actualización de una causa de improcedencia en este asunto, al haberse desistido de éste y optar por uno diverso; por tanto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista con las mismas a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California con residencia en esta ciudad, concedido en proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo requerido. En consecuencia de lo anterior y toda vez que las constancias relativas a la carpeta de ejecución ***, del índice de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, son necesarias para resolver este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase por útlima ocasión a la referida autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe el estado que guarda la carpeta de ejecución *** de su índice y remita en copia certificada las constancias que acrediten su dicho o bien manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. En el entendido que de no dar cumplimiento en esta ocasión, se le hará efectivo el apercibimiento de multa decretado en proveído de seis de enero de esta anualidad. Notifíquese.

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