Martina Temich Escribano
Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martina Temich Escribano
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diecisiete de marzo de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. YNJR/cpg*
- Principal
Vista la demanda presentada por Martina Temich Escribano, por propio derecho, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 162/2022-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En este contexto, de la demanda presentada por Martina Temich Escribano se observa que señala como actos reclamados: "Auto de no vinculación a proceso, dentro de la audiencia inicial de fecha 10 de febrero del año 2022, llevada a cabo por el Juzgado Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XX de la ciudad de San Andrés Tuxlta, Veracruz, en el proceso penal 295/2021." DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. En el caso concreto, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al respecto resulta necesario precisar que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En ese sentido, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción VII, dispone que el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso será apelable. Al respecto, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 355/2019 estableció que las víctimas u ofendidos tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales2, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, según proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación contra dicha resolución se garantiza su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Jurisprudencia de observancia obligatoria para el suscrito juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual dispone literalmente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de Darío Chiguil Polito, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude. En tal virtud, si conforme al artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso será apelable, en concordancia con el numeral 459, fracción I, de esa codificación, que legitima a las víctimas u ofendidos para impugnar dicho auto mediante apelación, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia obligatoria, entonces la parte quejosa tenía la obligación de agotar dicho medio de impugnación previamente a la promoción del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 295, con número de registro digital 2022501, de rubro y texto: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en específico, el contenido en el inciso d) de esa fracción, pues en el caso particular no se reclama el auto de vinculación a proceso, sino la determinación de no vinculación a proceso. Además, los supuestos de excepción al principio de definitividad del último párrafo de esa fracción no se actualizan cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, con número de registro digital 2017808 de rubro y texto: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Importa decir que no se soslaya la jurisprudencia 80/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la aplicación de un criterio de esa naturaleza se ve superada cuando existe una diversa jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la procedencia de un recurso con una determinación específica, como en el caso ocurre, al existir la diversa 1a./J. 54/2020 (10a.). A mayor abundamiento, es importante señalar que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, quien al resolver en sesión ordinaria de uno de diciembre de dos mil veintiuno, el recurso de queja 283/2021, interpuesto por Gabriela Alinne Valdivia Garivaldi por sí y en representación de su menor hija E.F.V., confirmó el auto dictado por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto 687/2021, por el cual desechó la demanda promovida por la parte quejosa contra el auto de no vinculación a proceso decretado por el Juez Tercero Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Acusatorio Adversarial del Sexto Distrito Judicial, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, por la probable participación de una persona en la comisión de los hechos con apariencia de delitos de sustracción, robo y tráfico de menores. Al respecto, el referido tribunal colegiado determinó que tal desechamiento fue jurídica y objetivamente correcto, debido a que se configuró la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone el principio de definitividad, necesario de agotarse previamente a la instancia del amparo, y expuso las razones siguientes: ". En ese sentido, con la finalidad de verificar si la referida determinación de no vinculación a proceso reclamada es recurrible a través del recurso de apelación, como se dijo en el auto de desechamiento, se debe traer a contexto los artículos 459, fracción I y 467, fracción VII, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente [se transcribe]. . Como se ve, el artículo transcrito en primer término contempla la oportunidad de la víctima, aun cuando no se haya constituido como coadyuvante, para impugnar por sí o a través de la Representación Social, las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por aquella; y, por su parte, la porción normativa invocada en segundo término establece la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones del juez de Control que resuelve sobre la vinculación del imputado a proceso. Así, como acertadamente se dijo en el auto recurrido, el acto reclamado en la demanda de amparo no es definitivo para efectos del juicio de amparo, ya que en su contra procede un medio ordinario de defensa que tiene por objeto revocarlo, modificarlo o confirmarlo, al tratarse de la determinación de no vinculación a proceso (recurso de apelación), lo que evidentemente actualiza la causa de improcedencia de juicio de amparo transcrita con anterioridad. Excepciones al principio de definitividad. Ahora, el principio de definitividad contiene ciertas excepciones, las cuales, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII, en consulta, son las siguientes: a. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En ese contexto, si bien es cierto que dicha regla general consiste en que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno; también lo es que ésta no es absoluta, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aún en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario. Así, el acto reclamado en la demanda de amparo no importa privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de su simple lectura. Igualmente, no se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos, ni se trata de una sentencia definitiva. Además, no puede considerarse que la parte disidente tenga el carácter de tercera extraña al procedimiento penal de origen, pues tiene el carácter de ofendida en la carpeta administrativa 1084/2021, en la que se emitió el auto reclamado. Tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso, sino de un auto que decretó la no iniciación del proceso en contra del imputado, esto es, la resolución contraria al auto que se prevé como supuesto de excepción en la norma legal. En efecto, si bien en el caso de excepción que se analiza se hace mención sobre el auto de vinculación a proceso, de la concatenación de la letra d, con las diversas a y b, se colige que la previsión respectiva se refiere al inculpado, cuando en su contra es determinada la vinculación a proceso, pues ello puede derivar en la imposición de una medida cautelar restrictiva de la libertad, que es la que justifica la excepción al principio de definitividad. En otras palabras, de la concatenación de los supuestos de excepción al principio de definitividad se sigue que el legislador previó que aquellos actos restrictivos de la libertad no se encuentren sujetos a dicho principio y, aun cuando pueda existir algún medio ordinario de defensa en su contra, igualmente pueden ser sujetos de inmediato a escrutinio constitucional. Sin embargo, la determinación ahora combatida no contiene ese elemento excepcional, pues lo controvertido, por parte de la víctima aquí recurrente, es lo relativo a la no vinculación a proceso a favor del imputado, que en todo caso genera la imposibilidad de acceder a la reparación del daño; de ahí que, no se actualiza dicho supuesto de excepción al principio de definitividad. Por último, no se requiere una interpretación adicional porque el Alto Tribunal del país como máximo intérprete de la ley al resolver la contradicción de tesis 355/2019, concluyó que la víctima u ofendido están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Asimismo, señaló que si el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima u ofendido para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público, eso legitima a aquéllos para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño, y con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos, dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo. Finalmente, puntualizó que en congruencia con los criterios sostenidos anteriormente por esa Primera Sala, concluyó que la víctima u ofendido del delito tienen legitimación para interponer de manera directa y sin necesidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que de hacer valer dicho recurso, el tribunal de alzada deberá admitirlo, darle trámite y resolverlo. Dicho criterio se encuentra plasmado en la Jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.) que dice: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. [Se transcribe.] Es preciso mencionar que en el caso que nos ocupa, el auto de no vinculación a proceso reclamado por la parte ofendida, afecta indirectamente su derecho a la reparación del daño establecido en el artículo 102, fracción III15 del Código Penal para el Estado de Jalisco, así como en el diverso numeral 109, fracción XXV16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual comprende tanto los daños patrimoniales como los extrapatrimoniales17 -daño moral-, pues como lo refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño, de ahí que, en concordancia con el citado criterio jurisprudencial, la quejosa se encontraba en condiciones de interponer el recurso de apelación previo a instar la acción constitucional. Ante tal panorama, si la recurrente se encontraba en aptitud de hacer valer el citado medio de defensa en contra de la determinación de no vinculación a proceso reclamada, ello actualiza la referida causa de improcedencia, vinculada con el principio de definitividad, pues se reitera, en contra del citado acto reclamado es procedente un medio ordinario de defensa -recurso de apelación-, que puede tener por efecto su revocación, modificación o nulificación; por lo que, no era optativo para la quejosa acudir al juicio de amparo, sino que debía agotar el recurso de apelación que prevé el código adjetivo para entonces sí estar en posibilidad de promover el amparo, de acuerdo al citado principio. Consecuentemente, como correctamente lo refirió el juzgador federal se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, pues la promovente debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto". En ese sentido, pese a que el criterio de ese órgano colegiado no resulta obligatorio, este juzgador comparte el sentido de esa resolución, sobre todo, tomando en cuenta que existe jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal que de manera expresa prevé que no se materializan las excepciones al principio de definitividad cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 ídem, se desecha la demanda. DOMICILIO, AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Galicia Mogo y José Santos Beltrán Pío pues acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por último, respecto al correo electrónico y número telefónico que señala la parte quejosa, se le tienen únicamente como medio de contacto para comunicaciones no procesales, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; precisándose que a través del correo electrónico no se puedan realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario galiciamogo para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario galiciamogo, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Respecto al domicilio convencional para oír y recibir notificaciones que indicó, se toma nota para los efectos que haya lugar, sin que en el caso se ordene realizarlas en el mismo, en virtud de lo ordenado en el párrafo que antecede. Ahora bien, téngase a la persona promovente proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que señala en el ocurso de cuenta; sin embargo, no se tendrán como medios para oír y recibir notificaciones, por lo que, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dichos medios de se utilizarán tratándose de comunicaciones no procesales como medios de contacto el correo electrónico y número de teléfono proporcionados. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelve(n) el(los) oficio(s) con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo(s) a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) destinataria(s) por inexistencia de la(s) misma(s), se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella(s), y en su oportunidad se tendrá(n) por inexistente(s), lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la(s) autoridad(es) en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los secretarios adscritos a este del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la promovente.
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