Martín Rosado Altamirano

Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Martín Rosado Altamirano

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Martín Rosado Altamirano, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el quince de febrero de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE ENERO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "... Visto el escrito de cuenta signado por Martín Rosado Altamirano y seis copias del mismo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 49/2023-I que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, pues no obstante que únicamente señala como autoridades responsables al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz-Llave, con sede en Xalapa y Encargado del Módulo Preventivo de las 72 Horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz-Llave, con residencia en la ciudad de Veracruz, cuya denominación correcta es Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, en el capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: a) Que el veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la Fiscal Octava Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas del Distrito Judicial XVII de Veracruz. b) En la audiencia inicial, llevada a cabo el veintiséis de septiembre siguiente, se le imputa el delito de violencia familiar y lesiones dolosas, por lo que le decretan la medida cautelar de dos años de prisión preventiva; se amplía el término constitucional y el treinta de septiembre del año en cita, continúan con la audiencia, en la cual se confirma dicha medida y desde ese día lo dejan a disposición del Juez de Control en el Módulo Preventivo de las 72 Horas antes citado; y, c) En audiencia de prórroga de término de la investigación complementaria, de fecha nueve de enero del año en curso, el juez de control les avisó a sus defensores que el promovente ya estaba en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz. En ese contexto, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada en la fracción XVIII del precepto citado, ya que el quejoso soslayó respetar el principio de definitividad, al omitir combatir el acto reclamado consistente en la orden de traslado emitida por autoridad judicial, mediante el recurso de apelación, previsto en los artículos 52, penúltimo párrafo, 131 y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclame alguna determinación judicial que califique la legalidad de una determinación administrativa de traslado, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En relación con dicha causal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." En ese tenor, como un primer punto, debe precisarse que del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Ahora bien, el artículo 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 52. [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]." Preceptos de los que se obtiene que procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones de la autoridad judicial que se pronuncien sobre traslados y en las que se califique la legalidad de las determinaciones administrativas de los mismos, el cual tendrá por objeto que el tribunal de alzada las revise, a fin de confirmarlas, modificarlas o revocarlas. De hecho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "94. De la lectura de los numerales 123 y 124 citados, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita, no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la suspensión debe decretarse en forma inmediata de oficio o a petición de parte. 95. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebase las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé en el artículo 190 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional que es de veinticuatro horas, por el contrario, se observa que la Ley Nacional prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder de manera inmediata la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución.(********************) 96. Incluso, el hecho de que la Ley Nacional establezca que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente (como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario), la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, permite concluir que si bien los casos de traslado urgente -sin control judicial previo- se ejecutan antes de que se inicie el trámite de la controversia judicial, ello no da lugar a que dicho medio legal quede sin materia, porque los efectos del traslado sobre las condiciones del cumplimiento de la pena o medida de seguridad en internamiento son continuas y pueden suspenderse con efectos restitutorios, devolviendo al reo, cuando proceda, al centro de reclusión original. De no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. 97. La controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional es un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios.(43) 98. Se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. (44)". Consecuentemente, tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridad judicial procede el recurso de apelación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese orden, es claro que en el caso que nos ocupa no se agotó el principio de definitividad, a pesar de que existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra del acto reclamado, previamente a intentar esta vía de control constitucional, en términos del artículo 52 penúltimo párrafo, así como el numerales 131 y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen que son apelables las resoluciones que se pronuncien sobre traslados y en las que se califique la legalidad de las determinaciones administrativas de los mismos, medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al presente juicio constitucional, ya que a través de este puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado y sus consecuencias, en respeto del principio de definitividad. Por tanto, es evidente que el promovente del amparo omitió recurrir el acto, mediante ese medio de impugnación ordinario, antes de acudir a esta vía de control constitucional; por tanto, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia invocada. Máxime que en la especie no opera alguna de las excepciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencia precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento o auto de vinculación a proceso; aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Cabe precisar que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, al resolver los amparos en revisión ********************/2020 y ********************/2020 de su índice; resoluciones que se tienen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.16/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, correspondiente al mes de junio de 2018, Libro 55, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Luego, respecto a la orden de traslado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz al Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz, que el peticionario de amparo refiere que se emite sin intervención judicial, respecto de las autoridades administrativas señaladas como responsables se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que es un acto que se dicta dentro de procedimiento, por lo que antes de promover el juicio constitucional en su contra se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2023736, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad querige en el amparo." En virtud de lo expuesto, si en el caso la parte promovente del amparo no observó el principio de definitividad en relación con el acto reclamado en la demanda atinente a la orden de traslado a un penal distinto del en que se encuentra; lo que procede es considerar actualizadas las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante la manifiesta e indudable configuración de las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha demanda respecto de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************, ya que acreditó la primera en mención estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y el segundo, ya que se encuentra dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, sin que obste para el suscrito que el profesionista no esté dado de alta en el referido Sistema, pues se considera suficiente que esté registrada su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Martín Rosado Altamirano y seis copias del mismo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 49/2023-I que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la actualización de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, pues no obstante que únicamente señala como autoridades responsables al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz-Llave, con sede en Xalapa y Encargado del Módulo Preventivo de las 72 Horas dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz-Llave, con residencia en la ciudad de Veracruz, cuya denominación correcta es Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, en el capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: a) Que el veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la Fiscal Octava Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas del Distrito Judicial XVII de Veracruz. b) En la audiencia inicial, llevada a cabo el veintiséis de septiembre siguiente, se le imputa el delito de violencia familiar y lesiones dolosas, por lo que le decretan la medida cautelar de dos años de prisión preventiva; se amplía el término constitucional y el treinta de septiembre del año en cita, continúan con la audiencia, en la cual se confirma dicha medida y desde ese día lo dejan a disposición del Juez de Control en el Módulo Preventivo de las 72 Horas antes citado; y, c) En audiencia de prórroga de término de la investigación complementaria, de fecha nueve de enero del año en curso, el juez de control les avisó a sus defensores que el promovente ya estaba en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz. En ese contexto, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada en la fracción XVIII del precepto citado, ya que el quejoso soslayó respetar el principio de definitividad, al omitir combatir el acto reclamado consistente en la orden de traslado emitida por autoridad judicial, mediante el recurso de apelación, previsto en los artículos 52, penúltimo párrafo, 131 y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclame alguna determinación judicial que califique la legalidad de una determinación administrativa de traslado, en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." El origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En relación con dicha causal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables. Afirmación que encuentra sustento en la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." En ese tenor, como un primer punto, debe precisarse que del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Ahora bien, el artículo 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Artículo 52. [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]." Preceptos de los que se obtiene que procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones de la autoridad judicial que se pronuncien sobre traslados y en las que se califique la legalidad de las determinaciones administrativas de los mismos, el cual tendrá por objeto que el tribunal de alzada las revise, a fin de confirmarlas, modificarlas o revocarlas. De hecho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "94. De la lectura de los numerales 123 y 124 citados, se advierte que si bien el Juez de Control o Ejecución, cuenta con setenta y dos horas para emitir el auto en el que, de ser el caso, la controversia judicial formulada se admita, no se sigue que el mismo plazo debe observarse para decretar la suspensión, cuando se trate de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente, que tengan potencial para dejar sin efectos la controversia, pues el último de los preceptos es claro en señalar que en esos supuestos, la suspensión debe decretarse en forma inmediata de oficio o a petición de parte. 95. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebase las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues no establece un plazo mayor que el que se prevé en el artículo 190 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional que es de veinticuatro horas, por el contrario, se observa que la Ley Nacional prevé un plazo menor, pues tiene el alcance de conceder de manera inmediata la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida cautelar que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución.(********************) 96. Incluso, el hecho de que la Ley Nacional establezca que cuando se trate de violación a derechos fundamentales que constituyan un caso urgente (como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario), la autoridad jurisdiccional, tiene el deber de atender de inmediato esa afectación y decretar la suspensión de la determinación administrativa impugnada, permite concluir que si bien los casos de traslado urgente -sin control judicial previo- se ejecutan antes de que se inicie el trámite de la controversia judicial, ello no da lugar a que dicho medio legal quede sin materia, porque los efectos del traslado sobre las condiciones del cumplimiento de la pena o medida de seguridad en internamiento son continuas y pueden suspenderse con efectos restitutorios, devolviendo al reo, cuando proceda, al centro de reclusión original. De no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. 97. La controversia judicial que puede promoverse contra la orden de traslado urgente o excepcional es un mecanismo de defensa que se realiza bajo el esquema del sistema acusatorio, mediante audiencia a la que acuden todos los interesados y su sustanciación concluye con una resolución en la que el Juez de Ejecución debe pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados internos en los centros penitenciarios.(43) 98. Se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. (44)". Consecuentemente, tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridad judicial procede el recurso de apelación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese orden, es claro que en el caso que nos ocupa no se agotó el principio de definitividad, a pesar de que existe la posibilidad de interponer el recurso de apelación en contra del acto reclamado, previamente a intentar esta vía de control constitucional, en términos del artículo 52 penúltimo párrafo, así como el numerales 131 y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen que son apelables las resoluciones que se pronuncien sobre traslados y en las que se califique la legalidad de las determinaciones administrativas de los mismos, medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al presente juicio constitucional, ya que a través de este puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado y sus consecuencias, en respeto del principio de definitividad. Por tanto, es evidente que el promovente del amparo omitió recurrir el acto, mediante ese medio de impugnación ordinario, antes de acudir a esta vía de control constitucional; por tanto, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia invocada. Máxime que en la especie no opera alguna de las excepciones señaladas en los incisos a), b), c) y d) del citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencia precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; tampoco se trata de persona extraña al procedimiento o auto de vinculación a proceso; aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Cabe precisar que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, al resolver los amparos en revisión ********************/2020 y ********************/2020 de su índice; resoluciones que se tienen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse almacenadas y capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.16/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, correspondiente al mes de junio de 2018, Libro 55, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Luego, respecto a la orden de traslado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz al Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz, que el peticionario de amparo refiere que se emite sin intervención judicial, respecto de las autoridades administrativas señaladas como responsables se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que es un acto que se dicta dentro de procedimiento, por lo que antes de promover el juicio constitucional en su contra se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2023736, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad querige en el amparo." En virtud de lo expuesto, si en el caso la parte promovente del amparo no observó el principio de definitividad en relación con el acto reclamado en la demanda atinente a la orden de traslado a un penal distinto del en que se encuentra; lo que procede es considerar actualizadas las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, ante la manifiesta e indudable configuración de las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha demanda respecto de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** y ********************, ya que acreditó la primera en mención estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y el segundo, ya que se encuentra dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva, con dirección: http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, sin que obste para el suscrito que el profesionista no esté dado de alta en el referido Sistema, pues se considera suficiente que esté registrada su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Notifíquese personalmente al promovente.

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