Mary Cruz Rodríguez Aguirre

Expediente 1039/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1039/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Mary Cruz Rodríguez Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz; en atención a su contenido, téngasele comunicando que se aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 1039/2023 de nuestro índice, el cual se radicó en ese órgano jurisdiccional con el número 1054/2023. En ese tenor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que se trata de un expediente en el que se declaró la incompetencia, por lo que se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el diecisiete de marzo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por******************** y siete copias del mismo, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. INCOMPETENCIA: Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo y del ocurso aclaratorio se advierte que la promovente reclama en sede constitucional lo siguiente: Del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (Dr. ********************), Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades, con residencia en Ciudad de México y Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), con sede en la ciudad de Boca del Río, Veracruz: a) El aseguramiento del dinero que tiene en la cuenta bancaria número ********************, con clabe 002320********************0, a cargo del Banco Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), con domicilio en avenida Independencia número 1027, colonia ********************, en la ciudad de Veracruz; y, b) Su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Por otra parte, en los antecedentes del acto reclamado precisados en el escrito aclaratorio, la promovente manifestó lo siguiente: ".1. LA SUSCRITA HACE APROXIMADAMENTE DIEZ AÑOS, CUANDO TENÍA MI RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ, APERTURÉ UNA CUENTA BANCARIA EN LA SUCURSAL NÚMERO ******************** DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, S.A DE C.V. (CITY BANAMEX), UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO NÚMERO ********************, COLONIA CENTRO, C.P. ********************, VEGA DE LA TORRE, VERACRUZ, LA CUAL SE APERTURA BAJO EL NÚMERO ********************, CLAVE INTERBANCARIA 002320********************0, NÚMERO DE CLIENTE ********************. 2. LA SUSCRITA EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2023, A LAS 11:30 HORAS, SALÍ DE MI DOMICILIO ACTUAL UBICADO EN ******************** LLEGANDO APROXIMADAMENTE A LAS 12:00 HORAS A LA SUCURSAL DEL BANCO BANAMEX, UBICADA EN CALLE CRISTÓBAL DE OLID, ESQUINA PASEO JOSÉ MARTÍ C. P. 91919, FRACCIONAMIENTO REFORMA, VERACRUZ, PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE MI CUENTA SIENDO ATENDIDA POR EL GERENTE DE DICHA SUCURSAL, QUIEN ME INFORMA EN ESE MOMENTO QUE ME ES IMPOSIBLE REALIZAR DICHO MOVIMIENTO YA QUE MI CUENTA SE ENCONTRABA BLOQUEADA Y ASEGURADA." Lo que así se advierte de la documental relativa al estado de cuenta que anexó al escrito de demanda. Ahora, quien esto suscribe considera necesario tener presente lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual es del siguiente tenor: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del texto transcrito se advierte que la competencia de los jueces de distrito se surte en razón de la ejecución del acto reclamado, de manera que será competente el juez con jurisdicción: a) En el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (primer párrafo); b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda (segundo párrafo); y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda (tercer párrafo). Al respecto, conviene mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, determinó, al analizar el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que la "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. La Segunda Sala en cuestión estimó que el aseguramiento de cuentas bancarias tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta; lo anterior, pues la orden de aseguramiento no produce por sí misma un cambio material en el mundo fáctico... Por tanto, la citada Sala destacó que no debía atenderse al lugar en donde se emitió la orden de aseguramiento que constituya el primer acto de aplicación del precepto legal que le sirve de fundamento, toda vez que éste no puede considerarse como un acto de ejecución del mandamiento, pues para ello debía atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional. En ese sentido, concluyó que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra normas que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión... En atención a lo antes narrado y de conformidad con lo resuelto por la Superioridad, a juicio de esta resolutora, la competencia para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, se surte a favor del juez del lugar en donde debe materializarse la orden reclamada, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico que, en el caso, es el Juzgado de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, en turno, por pertenecer ********************, al territorio donde ejerce jurisdicción y donde se llevó a cabo la apertura de la cuenta bancaria cuya orden de aseguramiento, inmovilización o bloqueo es la que se reclama en el juicio. Lo anterior se advierte, del capítulo del acto reclamado, ocurso aclaratorio y de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la promovente del amparo, como se asentó anteriormente, que la parte quejosa contrató la cuenta bancaria ********************, con clave interbancaria 002320********************0, número de cliente ********************, sucursal número ********************, a cargo del Banco Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), con domicilio en: en calle ******************** número ********************, colonia ********************, Código Postal ********************, en ********************. Consecuentemente, la competencia por razón de territorio se surte en favor de quien tiene jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, tal como se sostuvo en la ejecutoria que dio origen a la contradicción de tesis 74/2011, previamente citada. De igual forma, en el caso no se está en el supuesto del referido segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito es "competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda"; ya que ese enunciado normativo no debe entenderse de forma aislada en el sentido de que la demanda puede presentarse ante cualquiera de los jueces de distrito del país, incluso ante aquellos cuyas demarcaciones no hayan tenido ni pueda tener ejecución el acto reclamado. Lo anterior es así, porque el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" De lo anterior se aprecia que la demanda de amparo indirecto se promoverá "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Por tanto, estimar que la ejecución de la orden de inmovilización y/o congelamiento de una cuenta bancaria irradia sus efectos a lo largo del territorio nacional, en cualquier sitio en el que la institución tenga presencia a través de establecimientos, sucursales y/o cajeros automáticos, o bien, a través del portal en línea, o incluso en cualquier sucursal en donde el quejoso acude a retirar dinero, o a solicitar información o dice desempeñar una actividad; dejaría al arbitrio de la parte quejosa decidir la competencia del juzgador que habrá de conocer del asunto, pues bastaría que acudiera a cualquiera de tales sitios o afirmara que en determinado sitio tiene actividades (aunque no sean las principales), para fincar la competencia por razón de territorio, lo que no sería acorde con las reglas competenciales previstas en la Ley de Amparo, pues, como se vio, debe atenderse "al Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Razonar en términos contrarios, implicaría inobservar la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es evidente que si en el caso existe prueba del domicilio de la sucursal en donde la quejosa realizó el contrato de apertura respectivo y existe evidencia documental que pone de relieve que su domicilio es en la localidad de ********************, el juez legalmente competente es quien tiene jurisdicción en ese sitio, ya que la afectación directa que puede sufrir la promovente por la materialización del aseguramiento de su cuenta bancaria, será en ese lugar. Consecuentemente, si la apertura de la cuenta bancaria de la parte quejosa se llevó a cabo en la ciudad de ********************, se considera que la competencia para conocer del asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. AUTORIZACIÓN PARA LIBRAR OFICIOS Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar oficios derivados de este asunto. Notifíquese

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por Mary Cruz Rodríguez Aguirre, nueve copias del ocurso y un anexo, contra actos y autoridades precisados en el mismo; fórmese expediente y regístrese con el número 1039/2023-III, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN... En ese orden, de la demanda de cuenta se aprecia que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: a) De la Unidad de Inteligencia Financiera y otras autoridades, el aseguramiento del dinero que tiene en la cuenta bancaria número 70041453492, con clabe 002320700414534920, de la institución Bancaria Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex); y, b) Su inclusión en la lista de personas bloqueadas. De igual manera, en el apartado de autoridades responsables, señaló, entre otras, al "Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), con domicilio en avenida Independencia número 1027, colonia Centro, en la ciudad de Veracruz, Veracruz....se evidencia que la quejosa señala como acto reclamado el aseguramiento de la cuenta bancaria número 70041453492, con clabe 002320700414534920, de la institución Bancaria Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), de la cual refiere ser propietaria; sin embargo, fue omisa en precisar el lugar en que fue apertura la citada cuenta bancaria, no obstante que señaló como autoridad responsable a la Institución Bancaria Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), con residencia en la ciudad de Veracruz; por otra parte, del estado de cuenta que ofreció como prueba se advierte un diverso domicilio, esto es, el ubicado en calle Miguel Hidalgo número 308, Centro In, 93960, Vega de la Alatorre, Veracruz, C.R.93961. Lo reseñado patentiza irregularidades en la demanda de amparo que impiden al que suscribe proveer de forma adecuada, al no hacer referencia de la sucursal en donde aperturó la cuenta de la que aduce ser titular, pues en el capítulo de antecedentes únicamente refirió que acudió al banco el día dos de octubre del año en curso, sin especificar el lugar ni la sucursal bancaria. Ahora, si bien el artículo 76 de la Ley de Amparo dispone la obligación de los órganos jurisdiccionales de corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; también lo es que no pueden pronunciarse sobre actos de autoridad que no hayan sido reclamados por el justiciable, ante lo cual debe existir claridad respecto de quienes son las autoridades señaladas como responsables y el acto de que cada autoridad se reclama. Por tanto, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: I. Precise la sucursal en la que fue aperturada la cuenta bancaria número 70041453492, con clabe 002320700414534920, de la institución Bancaria Grupo Financiero Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable (City Banamex), especificando el lugar de residencia; y, II Deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar la narrativa de los hechos del acto o actos reclamados de manera cronológica, ordenada, clara y simplificada (a partir de la fecha de la apertura de la cuenta bancaria en comento y lo relacionado con los datos que cuente en cuanto su inmovilización). Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención que se realiza en este acto en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda. Se destaca que la prevención es con el objeto de fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para la solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. La prevención también se justifica en la medida en que en el juicio de amparo indirecto la adecuada exposición de los antecedentes crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas al juicio, puesto que en esta etapa inicial es el único elemento con el que se cuenta para tomar las decisiones que conlleva la presentación de la demanda. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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