Martin Ramos Gonzalez

Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Martin Ramos Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese a la parte promovente vía electrónica y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de "********************", fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 670/2021-I, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO: Con apoyo en lo establecido en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de protección de derechos fundamentales por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Tales preceptos establecen. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular; por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 351, Novena Época, registro digital 196956, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que la legitimación en el proceso es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado; sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que: - ******************** acude al presente juicio de amparo en "representación solidario al ruego" de "********************", en la que reclama del Director General del Hospital General 20 de Noviembre y del Director del Nosocomio ISSSTE de Veracruz, Veracruz; Secretario General de la Secretaria de Salud y del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; lo siguiente: "A).- EL SERVICIO MEDICO B).- falta de atención médica. C).- el mejor derecho a la salud. D).- negativa al servicio médico." Sin embargo, el acto reclamado (la falta de atención médica) en la demanda de amparo promovida por ********************, a nombre de "********************", no se coloca en alguno de los supuestos previstos por el referido artículo 15 de la Ley de Amparo, toda vez que de los antecedentes que el promovente expresó, bajó protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: "(.) por medio de una publicación de fecha del día de hoy 29 de agosto de la anualidad en curso me permito observar una publicación vía web del cual me llama la atención de un joven de edad de 35 a 40 años aproximadamente del cual este se encuentra en situación de calle en un parque de la ciudad del puerto en parque Zaragoza del cual se encuentra en situación crítica médica y esta a su vez los médicos de la cruz roja mexicana del puerto de Veracruz, Ver. no lo pueden atender por la razón de no existir persona de la cual quiera hacer cargo de su persona y su salud, por lo cual ante este tribunal me permito comparecer en su representación a fin de que le asista la salud en todo momento, dado que este mismo en la situación que se encuentra y al no estar persona o familiar que se quiera responsabilizar a todo momento sobre su situación médica y que toda vez es de carácter social esta situación es por lo que ante este órgano solicito la protección y la justicia federal (...)" Por lo que, aun cuando dicho acto implica la omisión de brindar atención médica a una persona en situación de calle, también es cierto que al no contarse con mayores datos ni la veracidad de la información que aduce el promovente en la demanda, se estima que no se está en presencia del algún acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en la que se ponga en riesgo la vida de persona alguna, pues además de desconocerse la identidad de la persona, se desconoce el estado de salud que presente con la que se pueda establecer que efectivamente se encuentre en riesgo su vida por falta de atención médica. Además, tampoco se advierte causa o motivo alguno que impida o imposibilite a "********************", promover la demanda por derecho propio en contra de dicha dicho acto, pues si bien el promovente aduce que un lugar de referencia donde se pueda probablemente localizar al quejoso, lo cierto es que refirió que se trata de una persona en situación de calle sin domicilio fijo, y tampoco manifestó ni adujo haberse constituido personalmente en ese lugar con la finalidad de buscar a su "representado solidario". Así, de los antecedentes que narra la promovente en la demanda de amparo, no se advierte que el directo quejoso se encuentre incomunicado o sufriendo alguno de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se soslaya que el promovente afirma que la Cruz Roja le negó la atención médica a "********************"; no obstante, tal circunstancia, en caso de resultar cierta, implicaría el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa de brindar dicha atención, pero de manera alguna implica que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo, pues de la anterior transcripción no se desprende que se encuentre incomunicado o tenga impedimento material o legal alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza. Debe precisarse, además de lo anterior, que de lo aducido en la demanda: 1. No indica la página web de donde obtuvo la información que refiere en su demanda ni tampoco fotografía alguna de dicha publicación; 2. Si bien señala que se trata de "una publicación de fecha del día de hoy 29 de agosto de la anualidad en curso"; es un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que muchas publicaciones que aparecen en internet no necesariamente son de la fecha de la publicación; 3. No obstante ello, de la certificación de cuenta se advierte que se realizó en internet una búsqueda en esta fecha a fin de localizar los datos proporcionados en la demanda sobre el lugar y persona que indica, tanto en las páginas web de Notiver, XEU y el Dictamen, sin que se obtuviera alguna publicación referente a la que aduce el promovente; 4. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que el promovente haya verificado la información que aduce, pues tampoco refiere que se haya apersonado al parque Zaragoza de Veracruz, Veracruz, con el objeto de que la información contenida en la publicación que señala sea verídica; 5. Tampoco indica a disposición de qué autoridad se encuentra "********************", no obstante que solicita como prueba la "2.- inspección ocular.- misma que consiste en la inspección que deberá de realizar esta autoridad a fin de observar y certificar las condiciones que me encuentro dentro de las instalación."; 6. No ofrece prueba alguna de la que se advierta la veracidad de la información que proporciona en la demanda. Además de lo anterior, en el escrito de demanda refiere que solicita la suspensión para el efecto siguiente: "(.) pido se me CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA del Acto Reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y se suspenda el procedimiento en el juicio del cual deriva el Acto Reclamado, y que las resoluciones, autos y/o acuerdos que de él emanen no se ejecuten hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto, ya que de seguirse con la secuela procesal se verían inminentemente violentados mis derechos humanos en mi esfera patrimonial (.)" Sin embargo, el asunto no deriva de algún procedimiento judicial o administrativo, ni tampoco se advierte algún perjuicio patrimonial del promovente. Todo lo expuesto implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues se evidencia que quien promueve la demanda carece de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues no se encuentra justificada su legitimación para promover en nombre de ********************. Así, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, como se explicó, lo aducido por la promovente no se adecua en alguna de las hipótesis previstas por ese ordinal, -al no encontrarse el quejoso en estado de incomunicación o sufriendo diverso acto de los enumerados en el mismo- para que la demanda pueda promoverse por cualquier persona distinta al quejoso. En ese tenor, el artículo 15 de la Amparo establece que, para promover a nombre de otro, lo reclamado se trate de alguno de los supuestos ahí previstos, o que exista una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser esta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por lo que debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de protección de derechos fundamentales, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y por autorizados con facultades restringidas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, ya que no acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, como lo solicita, se ordena habilitar al promovente, para que consulte y se le notifique vía electrónica de los acuerdos correspondientes de este juicio a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, señalando como clave de usuario "********************"; en consecuencia, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada, debiendo levantar el acta correspondiente. De igual manera, téngasele por señalado el número telefónico que señala; en la inteligencia de que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, dicho medio se utilizará tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables no así para oír y recibir notificaciones; por lo que se le tiene como medio de contacto el número de teléfono proporcionado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2839/2021, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del propio Consejo, que reglamenta su organización y funcionamiento, a partir del trece de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba Titular, ante Cutberto Infante Suarez, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y las personas en situación de vulnerabilidad, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.CIS/avh*

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