Marvin Ángel Gutiérrez Morales
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Marvin Ángel Gutiérrez Morales
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido... Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes....
- Principal
Vista la demanda promovida por Marvin Ángel Gutiérrez Morales, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 596/2021. DESECHAMIENTO: Ahora, se estima que la presente demanda de protección de derechos humanos deviene improcedente, en términos de lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se indican. Así, se advierte que en la especie se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/971, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, página 118, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En este tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y a la persona moral "CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA", por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se itera, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de protección de derechos fundamentales promovida, dado que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, en atención a los actos reclamados por el quejoso, consisten en: a) De la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz: el requerimiento de pago contenido en el oficio número PF/0718/2021, en relación con las pólizas otorgadas para garantizar cumplimiento del contrato de obra pública número SC-OP-PF-172/2012-DGIC-F7-495, respecto de las cuales resulta coobligado de la empresa contratista; y, todas la consecuencias de hecho y derecho que dimanen de dicho acto. b) De la compañía afianzadora denominada "CHUBB Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima de Capital Variable": el inminente pago que pretende realizar a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, con motivo del requerimiento de pago contenido en el oficio número PF/0718/2021, y todas las consecuencias de hecho y derecho que dimanen de dicho acto. En este tenor, respecto del Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, su actuar no reviste los atributos propios de un acto de autoridad, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que es un ente con el cual la empresa coobligada del quejoso celebró un contrato para prestar sus servicios para la reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la capa asfáltica con mezcla caliente y obras complementarias en el Kilómetro 0+000 al Kilómetro 3+500, del camino Chumiapan de Abajo-Salto Eyipantla, en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Es aplicable, la tesis 1o.22 A (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1788, de contenido: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA LA PÓLIZA DE FIANZA PACTADA EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO. Los contratos de ejecución de obra pública que celebra una entidad del Estado con personas físicas o morales, evidencian un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos mutuos, cuyo incumplimiento provoca consecuencias pactadas al momento de suscribirse el documento, las cuales, si bien en determinadas condiciones otorgan facultades a favor de una de las partes, no por eso implica que la relación entre las contratantes corresponda a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación voluntaria. Por lo anterior, la ejecución de una póliza de fianza contractualmente pactada, es el resultado de una facultad que se ejerce cuando no se acatan las obligaciones contraídas, y no constituye un acto unilateral que extinga por sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del gobernado, independientemente de que se ejecute sin necesidad de acudir ante los órganos judiciales, pues esa determinación se origina por el incumplimiento de las cláusulas relativas, lo que demuestra que no se trata de un acto de autoridad, sino de la consecuencia del incumplimiento del contrato. De ahí que deba estimarse que no es autoridad para efectos del juicio de amparo la entidad pública que ejecuta la póliza de fianza pactada en el contrato administrativo, por advertirse vicios ocultos". De tal manera que no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el acto que se reclama carece de los requisitos de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, que todo acto de autoridad debe reunir; de ahí que tal acto de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos individuales del promovente. De modo que cualquier conflicto suscitado entre la parte quejosa y la Secretaría de Estado citada, con motivo del contrato entre ellas celebrado, debe ser resuelto por la autoridad competente. Ahora, en lo que corresponde específicamente a la moral "CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA", también señalada como autoridad responsable por el quejoso, sumado a los argumentos expuestos, no tiene el carácter de autoridad responsable, porque la naturaleza jurídica del acto que se le reclama no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y coercitiva; características fundamentales de las que debe revestir el acto positivo u omisivo de una autoridad. En efecto, es fundamental atender que el quejoso celebró el nueve de abril de dos mil dos mil doce, en su carácter de coobligado de la moral contratista "Gutiérrez Exsome, Sociedad Anónima de Capital Variable", el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SC-OP-PF-172/2012-DGIC-F7-495, con la Dirección de Vías de Comunicación del Estado de Veracruz, actualmente Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, cuyo objeto consistía en la reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la capa asfáltica con mezcla caliente y obras complementarias en el Kilómetro 0+000 al Kilómetro 3+500, del camino Chumiapan de Abajo-Salto Eyipantla, en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; en virtud de lo anterior, dicha afianzadora no tiene el carácter de autoridad responsable. Lo anterior es así, dado que dicha situación emana de una relación contractual en la que existen derechos y obligaciones para ambas partes, y sin mandamiento legal que coloque a la designada como responsable en un plano superior en relación con el particular, ni la dota de facultades de imperio y coercitividad en la emisión de sus actos, características fundamentales de las que debe revestir el acto positivo de autoridad. Por ello, es fundamental atender a que la demanda presentada por el agraviado está directamente vinculada con los derechos y obligaciones de un contrato, y las discrepancias que de tal pacto de voluntad surjan, deben dirimirse como cualquier otra controversia en la vía ordinaria que competa, careciendo la designada como responsable del carácter de autoridad, debiendo ser, en todo caso, parte en un litigio; por tanto, no se infringe el artículo 17 constitucional, pues los particulares tienen expedita la posibilidad de acudir ante los órganos judiciales competentes a dirimir su controversia, por lo que resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.13o.C.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1574, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD POR EQUIVALENCIA. NO LO ES LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ENAJENANTE, SI LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVAN DE LA VENTA O ENAJENACIÓN DE BIENES REALIZADA COMO ENTIDAD FIDUCIARIA EN CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS ACUERDOS PRIVADOS CELEBRADOS POR LAS CONTRATANTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 403 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO (ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Del análisis sistemático del invocado artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de garantías contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Por consiguiente, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que las entidades fiduciarias pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, puesto que de su contenido objetivo en su aspecto "... sedes materia e ...", dicha norma legal no es aislada, sino que está regulada por los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del País. Consecuentemente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Así es, en tanto se reitera que los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan manteniendo en su contenido deontológico -teoría de los deberes - y axiológico - teoría de los valores - la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Todo ello permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, pues si en términos del artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el procedimiento de enajenación de bienes fideicomitidos deriva de "un pacto convencional", entre partes que actúan por voluntad propia y en igualdad de condiciones jurídicas y en un plano jurídico horizontal, es evidente que aun cuando ese acuerdo esté previsto en una ley general, como es la norma indicada, se debe precisar que la institución fiduciaria particular no actúa con carácter de autoridad porque no ejerce facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, imperativa ni coercitivamente, en razón a que no está investida de imperio; por ende, su actuar no constituye acto de autoridad equivalente al de las autoridades con mando coercitivo e imperativo, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva, atento a que es incuestionable que el Estado Mexicano tiene la carga de vigilar que se respeten los derechos humanos y fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que de ella deriven" En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Marvin Ángel Gutiérrez Morales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Téngase como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Adolfo García Gandarillas, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante pues no acreditó encontrarse registrado en dicho sistema, y tampoco se indica la cédula profesional para que se pueda consultar en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE AGOSTO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B: "...Vista la demanda promovida por Marvin Ángel Gutiérrez Morales, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 596/2021. DESECHAMIENTO: Ahora, se estima que la presente demanda de protección de derechos humanos deviene improcedente, en términos de lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se indican. Así, se advierte que en la especie se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar los numerales 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra constreñida a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra o subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Esta consideración tiene origen en la tesis P. XXVII/971, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, página 118, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En este tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable al Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y a la persona moral "CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA", por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se itera, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de protección de derechos fundamentales promovida, dado que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, en atención a los actos reclamados por el quejoso, consisten en: a) De la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz: el requerimiento de pago contenido en el oficio número PF/0718/2021, en relación con las pólizas otorgadas para garantizar cumplimiento del contrato de obra pública número SC-OP-PF-172/2012-DGIC-F7-495, respecto de las cuales resulta coobligado de la empresa contratista; y, todas la consecuencias de hecho y derecho que dimanen de dicho acto. b) De la compañía afianzadora denominada "CHUBB Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima de Capital Variable": el inminente pago que pretende realizar a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, con motivo del requerimiento de pago contenido en el oficio número PF/0718/2021, y todas las consecuencias de hecho y derecho que dimanen de dicho acto. En este tenor, respecto del Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, su actuar no reviste los atributos propios de un acto de autoridad, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ya que es un ente con el cual la empresa coobligada del quejoso celebró un contrato para prestar sus servicios para la reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la capa asfáltica con mezcla caliente y obras complementarias en el Kilómetro 0+000 al Kilómetro 3+500, del camino Chumiapan de Abajo-Salto Eyipantla, en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Es aplicable, la tesis 1o.22 A (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1788, de contenido: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ENTIDAD PÚBLICA QUE EJECUTA LA PÓLIZA DE FIANZA PACTADA EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO. Los contratos de ejecución de obra pública que celebra una entidad del Estado con personas físicas o morales, evidencian un acuerdo de voluntades que genera obligaciones y derechos mutuos, cuyo incumplimiento provoca consecuencias pactadas al momento de suscribirse el documento, las cuales, si bien en determinadas condiciones otorgan facultades a favor de una de las partes, no por eso implica que la relación entre las contratantes corresponda a la de supra a subordinación que existe entre una autoridad y un particular, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación voluntaria. Por lo anterior, la ejecución de una póliza de fianza contractualmente pactada, es el resultado de una facultad que se ejerce cuando no se acatan las obligaciones contraídas, y no constituye un acto unilateral que extinga por sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del gobernado, independientemente de que se ejecute sin necesidad de acudir ante los órganos judiciales, pues esa determinación se origina por el incumplimiento de las cláusulas relativas, lo que demuestra que no se trata de un acto de autoridad, sino de la consecuencia del incumplimiento del contrato. De ahí que deba estimarse que no es autoridad para efectos del juicio de amparo la entidad pública que ejecuta la póliza de fianza pactada en el contrato administrativo, por advertirse vicios ocultos". De tal manera que no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el acto que se reclama carece de los requisitos de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, que todo acto de autoridad debe reunir; de ahí que tal acto de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos individuales del promovente. De modo que cualquier conflicto suscitado entre la parte quejosa y la Secretaría de Estado citada, con motivo del contrato entre ellas celebrado, debe ser resuelto por la autoridad competente. Ahora, en lo que corresponde específicamente a la moral "CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA", también señalada como autoridad responsable por el quejoso, sumado a los argumentos expuestos, no tiene el carácter de autoridad responsable, porque la naturaleza jurídica del acto que se le reclama no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y coercitiva; características fundamentales de las que debe revestir el acto positivo u omisivo de una autoridad. En efecto, es fundamental atender que el quejoso celebró el nueve de abril de dos mil dos mil doce, en su carácter de coobligado de la moral contratista "Gutiérrez Exsome, Sociedad Anónima de Capital Variable", el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SC-OP-PF-172/2012-DGIC-F7-495, con la Dirección de Vías de Comunicación del Estado de Veracruz, actualmente Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, cuyo objeto consistía en la reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la capa asfáltica con mezcla caliente y obras complementarias en el Kilómetro 0+000 al Kilómetro 3+500, del camino Chumiapan de Abajo-Salto Eyipantla, en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; en virtud de lo anterior, dicha afianzadora no tiene el carácter de autoridad responsable. Lo anterior es así, dado que dicha situación emana de una relación contractual en la que existen derechos y obligaciones para ambas partes, y sin mandamiento legal que coloque a la designada como responsable en un plano superior en relación con el particular, ni la dota de facultades de imperio y coercitividad en la emisión de sus actos, características fundamentales de las que debe revestir el acto positivo de autoridad. Por ello, es fundamental atender a que la demanda presentada por el agraviado está directamente vinculada con los derechos y obligaciones de un contrato, y las discrepancias que de tal pacto de voluntad surjan, deben dirimirse como cualquier otra controversia en la vía ordinaria que competa, careciendo la designada como responsable del carácter de autoridad, debiendo ser, en todo caso, parte en un litigio; por tanto, no se infringe el artículo 17 constitucional, pues los particulares tienen expedita la posibilidad de acudir ante los órganos judiciales competentes a dirimir su controversia, por lo que resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.13o.C.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1574, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD POR EQUIVALENCIA. NO LO ES LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ENAJENANTE, SI LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVAN DE LA VENTA O ENAJENACIÓN DE BIENES REALIZADA COMO ENTIDAD FIDUCIARIA EN CUMPLIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS ACUERDOS PRIVADOS CELEBRADOS POR LAS CONTRATANTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 403 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO (ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Del análisis sistemático del invocado artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de garantías contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. Por consiguiente, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que las entidades fiduciarias pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, puesto que de su contenido objetivo en su aspecto "... sedes materia e ...", dicha norma legal no es aislada, sino que está regulada por los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del País. Consecuentemente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad. Así es, en tanto se reitera que los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan manteniendo en su contenido deontológico -teoría de los deberes - y axiológico - teoría de los valores - la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Todo ello permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, pues si en términos del artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el procedimiento de enajenación de bienes fideicomitidos deriva de "un pacto convencional", entre partes que actúan por voluntad propia y en igualdad de condiciones jurídicas y en un plano jurídico horizontal, es evidente que aun cuando ese acuerdo esté previsto en una ley general, como es la norma indicada, se debe precisar que la institución fiduciaria particular no actúa con carácter de autoridad porque no ejerce facultades de imperio y de coercibilidad, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, imperativa ni coercitivamente, en razón a que no está investida de imperio; por ende, su actuar no constituye acto de autoridad equivalente al de las autoridades con mando coercitivo e imperativo, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva, atento a que es incuestionable que el Estado Mexicano tiene la carga de vigilar que se respeten los derechos humanos y fundamentales previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que de ella deriven" En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Marvin Ángel Gutiérrez Morales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Téngase como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Adolfo García Gandarillas, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante pues no acreditó encontrarse registrado en dicho sistema, y tampoco se indica la cédula profesional para que se pueda consultar en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo.
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