Martín Salvador Barrios Diaz
Expediente 412/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 40 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 08/02/2021
Partes del expediente
- Martín Salvador Barrios Diaz
- Fiscal General de Justicia del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de escrito. Vista la circular SECNO/8/2021, de treinta de enero de este año, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación; con el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; se tiene por recibido el escrito recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del cual ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita la expedición de copias certificadas de la resolución que puso fin al juicio de que se trata. Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, las copias que solicita, previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo. En el entendido que, para la comparecencia de entrega, a fin de resguardar la integridad de los intervinientes, tomando en consideración las medidas de sana distancia y el mínimo contacto, antes de acudir a recoger dicha copia certificada, deberá comunicarse con el secretario de guardia de este órgano jurisdiccional del día respectivo o con el encargado del trámite del presente asunto, para agilizar la entrega de las mismas, en el domicilio de este recinto oficial, en el entendido de que quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Sin que haya lugar a tener por autorizado para recibir las copias a la persona que indica, en virtud de que en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no puede sustituir o delegar sus facultades a un tercero, cuenta habida que sólo el quejoso puede realizar dicha designación. No obstante lo anterior, dígase a la ocursante que las personas que estén autorizadas en la demanda de garantías, ya sea en términos amplios o en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueden recoger las copias solicitadas. ... Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho (fojas 224 a 226), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (Punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. 3.- El original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional; asimismo, por una parte se negó y por otra se concedió la definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 4.- El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Incidental
V) Toluca, Estado de México a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el proveído siguiente: "Toluca, Estado de México a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho (fojas 224 a 226), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (Punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. 3.- El original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional; asimismo, por una parte se negó y por otra se concedió la definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 4.- El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptibles de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohórquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe." Dos rúbricas ilegibles". Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
v) Toluca, Estado de México a dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (f. 221), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Martín Salvador Barrios Díaz; contra el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión de dictada el siete de abril de dos mil once, en la causa penal 47/2010 actualmente 105/2012, del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México y su ejecución. Ahora, mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil diecisiete (f. 125-131), se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martin Salvador Barrios Díaz, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia". Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión (f. 141 y 142), el cual por razón de turno se radico ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante resolución dictada el quince de marzo del año en curso determinó: "Consecuentemente, al no existir dentro del auto que se revisa (veintitrés de marzo de dos mil once) apercibimiento alguno al procesado Martín Salvador Barrías Díaz sobre las consecuencias que generaría la falta de justificación de su inasistencia a la diligencia de pruebas que nos ocupa, válido es concluir que su omisión; puede generar la consecuencia que acotó la autoridad responsable, es decir, revocar la libertad de que gozaba el ahora quejoso y ordenar su reaprehensión, al trasgredir ello la garantía de seguridad jurídica de que goza el quejo que nos ocupa. - De esta forma, al resultar fundados aunque suplidos en su deficiencia los conceptos de violación del quejoso, lo procedente es modificar la sentencia que se revisa, y conceder de forma lisa y llana el amparo y la protección de la justicia federal que solicita Martín Salvador Barrios Díaz, por ello, el juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, deberá dejar insubsistente la orden de reaprehensión emitida en contra del quejoso. La concesión del amparo se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Fiscal General de Justicia del Estado de México, y al Coordinador General de la Policía Ministerial de Investigación del Estado de México, al no reclamarse por vicios propios, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia V1.2º. J/338, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y nueve, Núm. 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, RES U E L VE: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida en lo conducente a la negativa de amparo solicitado por Martín Salvador Barrios Díaz. SEGUNDO. Debe prevalecer el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido; y en consecuencia, la Justicia de la Unión ampara y protege en forma lisa y llana a Martín Salvador Barrios Díaz, contra el acto que reclamó del juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución a cargo del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y al Coordinador General de la Policía Ministerial de Investigación del Estado de México, en términos del último considerando de esta resolución." Atento a lo anterior, mediante proveído de diecinueve de abril pasado (f. 221), se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitido en los autos de la causa penal 105/2012 (f. 216 a 220), en la cual se aprecia lo siguiente: ° Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la oficiante, dejó insubsistente la orden de reaprehensión librada en fecha siete de abril de dos mil once, en contra de Martín Salvador Barrios Díaz, por el delito de fraude específico en agravio de Virginia Hernández Balcón, consecuentemente se ordenó la cancelación de la reaprehensión mencionada, y giró oficio al Fiscal General de Justicia del Estado de México para hacer de su conocimiento dicha circunstancia. ". en debido cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la autoridad federal en el Juicio de Garantías anteriormente citado y siguiendo. los lineamientos de la ejecutoria amparante; por ende, en términos de los artículos 26, 28, 80 y 105 de la Ley de Amparo, SE PROCEDE RESTITUIR AL QUEJOSO MARTÍN SALVADOR BARRIOS DÍAZ, en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas, al estado que guardaban antes de la violación, en esa tesitura se DEJA INSUBSISTENTE, LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN librada en fecha siete de abril de dos mil once, en 'contra de MARTÍN SALVADOR BARRIOS DÍAZ, por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de VIRGINIA HERNÁNDEZ BALCÓN; consecuentemente, se ordena la cancelación de la orden de reaprehensión mencionada; quedando sin efectos por lo tanto el oficio número 753 de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el que se ordenó la suspensión de ejecución ese mandato judicial, para lo cual gírese atento oficio al ahora Fiscal General de Justicia del Estado de México." Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a las partes.
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