Martin Salinas Ortega

Expediente 457/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
457/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Martin Salinas Ortega
  • Juez Primero Mercantil De Primera Instancia Del Distrito Judicial De Toluca Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso Martín Salinas Ortega, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de dieciséis de junio del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en razón de que mediante resolución interlocutoria de dieciocho de abril pasado, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidental) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VI) R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México (f. 2), el quejoso Martín Salinas Ortega, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y los actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: - Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México - Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México - Juez Tercero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México - Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México - Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: - SE RECLAMAN LAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE EMBARGO, RELIZADAS EN MI DOMICILIO UBICADO EN A. OBREGÓN, 228 A, INDUSTRIA Y CAMINO REAL, SAN ANTONIO BUENAVISTA F106, TOLUCA, MÉXICO, C.P. 50266, ESTO EN RAZÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO REALIZADOS AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL CLAVELLINA SAAB: DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE ORDEN 43/2016 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DE LOS EXPEDIENTES REGISTRADO (SIC) BAJO EL NUMERO DE ORDEN 1066/2015, 1206/2015, 43/2016 RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE ORDEN 77/2016 RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE ORDEN 1314/2015 RADICADO EN EL JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NUMERO DE ORDEN 943/2016 RADICADO EN EL JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales trasgredidos. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno tocó conocer de la demanda de amparo promovida por Martín Salinas Ortega, a este Juzgado Segundo de Distrito, quien por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis emitió prevención (foja 11), por lo que subsanadas las deficiencias de la demanda, el seis de abril de dos mil dieciséis, se proveyó respecto a la separación de autos, y se formó el presente expediente, se registró con el número 457/2016-VI, y se admitió únicamente por lo que ve al acto consistente en "La diligencia de requerimiento de pago y embargo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, ordenada en el expediente 43/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional (f. 56 a 62). En proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis, se acordó el emplazamiento del tercero interesado Jacinto Esquivel Sánchez, a través su endosatario en procuración Jenai Araujo Hernández (f. 113). Acontecido lo anterior y previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia de ley en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia y la parte quejosa se ostenta tercera extraña. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La promoción del presente juicio es oportuna, de conformidad con lo siguiente. El quejoso comparece a juicio como tercero extraño al procedimiento civil del cual emana el acto reclamado y señaló bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (f. 4), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la propia Ley, comenzó a correr al día siguiente en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es, del veintiséis de febrero al diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, sin contar el veintisiete y veintiocho de febrero, así como cinco, seis, doce y trece de febrero de la misma anualidad, por ser inhábiles conforme a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es de concluirse que fue promovida oportunamente. TERCERO. Fijación del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama: La diligencia de requerimiento de pago y embargo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, ordenada en el expediente 43/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual aduce el quejoso fue realizada en su domicilio ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho guion 'A' (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (f. 75) y remitió copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 43/2016, constancias a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al precepto 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se le atribuyen. Sustenta lo anterior, la tesis XVII.2°J/10, con registro 212775, consultable en Octava Época, Semanario Judicial de la Federación 76, abril de 1994m página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los antecedentes siguientes: Jenai Araujo Hernández, endosatario en procuración de Jacinto Esquivel Sánchez, demandó en la vía ejecutiva mercantil de Fernando Martínez Monroy y Víctor Manuel Clavellina Saab, el pago en pesos la cantidad de sesenta y cinco mil pesos y otras prestaciones (f. 77 a 82). El veinte de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda ejecutiva mercantil y ordenó el emplazamiento del demandado (f. 83). El quince de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado Víctor Manuel Clavellina Saab, en el domicilio ubicado en calle General Álvaro Obregón, sin número, San Buenaventura, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México (f. 87). Siendo éste el estado procesal que guardan los autos del juicio de origen, del cual emana el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. La fracción XII del artículo en cita literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Ahora, en principio cabe destacar, en lo que aquí interesa, que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, fue reformado el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De lo anterior se advierte que en la nueva reforma constitucional, prevalece el principio contenido en el actual artículo 6 de la Ley de Amparo, relativo a que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, no obstante ahora precisa que tiene el carácter de parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica (interés jurídico), o bien, se le afecta en razón de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Esto es, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese; en tanto que el interés legítimo es una situación jurídica activa por relación a la actuación de un tercero y sin implicar, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí la facultad del interesado de exigir ante la administración pública el respeto al ordenamiento jurídico y, en su caso, una reparación de los perjuicios que de esa actuación deriven. En ese contexto, en el estudio del presente juicio de amparo, no se precisará si el quejoso es titular de un interés legítimo, pues como se ha precisado, el peticionario de amparo se dice ser titular de un derecho subjetivo (propiedad), el cual pretende defender por esta vía constitucional; de ahí que no basta contar con un interés legítimo para acudir al juicio natural, sino que se requiere de un interés jurídico, que es el que corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal manera que la legitimación para intervenir en el citado proceso corresponde sólo a quien tenga un interés jurídico y no a aquel que posea un interés legítimo. Ahora, el interés jurídico puede entenderse como el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. En ese orden, puede decirse que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Además, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, con número de registro 170500, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4°. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esa norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, conocidos comúnmente como garantías de audiencia o de debido proceso. En virtud de lo dispuesto en el aludido precepto constitucional, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, posesión, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; empero, como se dijo, esa afectación debe comprobarse en forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. En esa tesitura, para que la propiedad sea objeto de protección a través del juicio de amparo cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, es necesario la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; es decir, no basta demostrar la simple tenencia material de las cosas. El anterior criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, con número de registro 187733, publicada en la página 5, tomo XV, febrero 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora, para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse como aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquél. En ese tenor, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, con número de registro 917865, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En la especie, el quejoso se ostenta como persona tercera extraña en stricto sensu, pues aduce que aun y cuando no es parte en el juicio del cual emana el acto reclamado, ni ha sido oído y vencido en el mismo, le causa agravio el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, emitido por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en autos del juicio ejecutivo mercantil 43/2016, tendente a la afectación del bien inmueble que dice es de su propiedad, ubicado en calle A. Obregón, número doscientos veintiocho guion 'A' (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F 106, Toluca, Estado de México. En esa tesitura, para demostrar la afectación a la esfera jurídica, cuando se reclaman actos de autoridades judiciales como es el caso, conforme al artículo 107, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el juicio se acredite plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste a base de presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 293, con número de registro 917827, publicada en la página 242, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Atento a lo anterior, se evidencia que en la especie el peticionario de amparo no justificó tener interés jurídico para acudir a solicitar la protección federal. Ello es así, pues el promovente de la instancia constitucional reclama la orden de requerimiento, embargo y emplazamiento de quince de febrero de dos mil dieciséis efectuado en el expediente 43/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, tendente a la afectación del bien inmueble del cual dice ser propietario, ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho guion 'A' (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F 106, Toluca, Estado de México. Ahora bien, se establece que el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la propiedad del inmueble que describe el quejoso en su demanda, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión de los actos que se reclama y su ejecución. Esto es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido dicho criterio, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, porque la posesión que se protege mediante el juicio de amparo es la que se funda precisamente en un título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. Lo anterior se estima de ese modo, en virtud de que la legislación civil establece que la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de ella, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, comodatario u otro título análogo. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el quejoso necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo de la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad jurídica contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Esto es, el quejoso aduce ser propietario del inmueble ubicado en la calle A. Obregón, número doscientos veintiocho guion 'A' (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F 106, Toluca, Estado de México, empero, no anexó documento fehaciente que acreditara tener algún derecho sobre tal bien inmueble. No es un obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya exhibido copia simple de un recibo de luz y de un recibo de impuesto predial, en virtud de que las citadas documentales no son documentos idóneos para acreditar la propiedad o posesión que ostenta, porque a lo sumo acreditan la existencia de un original en el que se contrató el servicio de suministro de energía eléctrica en el inmueble materia de reclamo, así como el pago del impuesto predial respecto del consabido bien raíz; empero, con las mencionadas constancias no se acredita la existencia de un derecho real en su favor. Cobra relevancia a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192109, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Aunado a lo anterior, el quejoso reclama la ejecución del acto reclamado en el domicilio A. Obregón, número doscientos veintiocho guion 'A' (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F 106, Toluca, Estado de México, que aduce ser de su propiedad, sin embargo, la diligencia de quince de febrero de dos mil dieciséis que obra en autos del juicio de origen, se llevó a cabo en domicilio diverso, a saber: General Álvaro Obregón, sin número, San Buenaventura, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México (f. 87); circunstancia que hace patente la falta de identidad en el inmueble que se defiende. Por lo que si el quejoso no acreditó su dicho con otros medios de prueba que adminiculados unos con otros, crearan en este juzgador la convicción suficiente para tener por acreditado su interés, ya que por sí solas las probanzas exhibidas son insuficientes para probar el derecho de propiedad o posesión respecto del inmueble mencionado, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las diez horas con cuarenta minutos, tal como se precisó en auto de tres de mayo de dos mil dieciséis. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Encargado del Despacho no se encuentra facultado para celebrar audiencias constitucionales en las ausencias temporales de los titulares, pues cuando un juez de Distrito falte por un plazo menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular. Por tanto, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y se fijan las once horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para su verificativo. Se estima aplicable, la tesis XV.20.11, publicada en la página 443, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Acorde con los artículos 43, 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el autorizar a los secretarios de los Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de Jueces de Distrito, en las ausencias temporales de los titulares, y cuando un Juez de Distrito falte por un término menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia del Juez es superior a quince días, será el Consejo de la Judicatura Federal quien autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, entre tanto, el secretario se encargará del despacho pero sin resolver en definitiva. En tales condiciones, el fallo en definitiva del juicio de garantías, no constituye un acto de mero trámite que pueda dictar el secretario sin la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal, que obre en autos, en el supuesto de la ausencia temporal del Juez, inferior a quince días, y por otra parte, se encuentra específicamente impedido el funcionario que actúa, para dictar la sentencia de amparo, por lo que la contravención a las disposiciones citadas primeramente, conduce a la reposición del procedimiento." Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el tercero interesado Jacinto Esquivel Sánchez (a través de su endosataria en procuración Jenai Araujo Hernández), en el plazo de tres días otorgado, no dio cumplimiento al requerimiento formulado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis; es decir, no proporcionó domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se ordena practicar las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, acorde con lo previsto en el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Rafael Becerra Lozano, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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