Martín Velazquez Ramirez
Expediente 667/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2016
Partes del expediente
- Martín Velazquez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes no recurrieron, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de catorce de junio del año en curso (fojas 21 a 24), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó ejecutoria la sentencia de catorce de junio del año en curso (fojas 21 a 24), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo,. - El original y duplicado del incidente de suspensión del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse negado la medida cautelar definitiva (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 667/2016-VII, promovido por Martín Velázquez Ramírez, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Martín Velázquez Ramírez promovió juicio de amparo contra el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y otra autoridad contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que actualmente se encuentra recluido a diverso centro carcelario, así como su ejecución. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 1°, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRIMERO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: "La orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que actualmente se encuentra recluido a diverso centro carcelario, así como su ejecución". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. SEGUNDO. El Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados. OMISION DE RENDIR INFORME. El Director General del Centro Preventivo y Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, omitió rendir su informe justificado no obstante encontrarse notificado oportunamente de tal requerimiento, como se observa del acuse de notificación del oficio 23325/2016 (foja 11). Ahora, un hecho notorio para este Juzgador, lo constituyen los expedientes tramitados ante él, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Al tener a la vista el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 667/2016-VII del índice estadístico de este juzgado, se advierte que el Director General del Centro Preventivo y Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, el rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados, constancia de la cual se agrega copia certificada para los efectos legales correspondientes. En ese orden, ante la inexistencia de los actos reclamados y toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos vertidas por las responsables, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PUNTO RESOLUTIVO. ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Velazquez Ramirez, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, Jazmín Nallely Martínez Ramírez, quien da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las once horas tal y como se ordenó en proveído de once de mayo pasado; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el encargado del despacho no se encuentra facultado para celebrar audiencias constitucionales en las ausencias temporales de los titulares, pues cuando un Juez de Distrito falte por un plazo menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente por la ausencia del titular. Por tanto, no se está en posibilidad de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este día, en consecuencia se difiere y se fijan las once horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. Los cuadernos de antecedentes tanto del principal como del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. En otro orden, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe. Doy fe.
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