Martin Salinas Ortega
Expediente 455/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 29/07/2016
Partes del expediente
- Martin Salinas Ortega
- Juez Segundo Mercantil De Primera Instancia Del Distrito Judicial De Toluca Estado De México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el once de julio de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto de referencia. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 455/2016-IV, promovido por Martín Salinas Ortega, por derecho propio, contra actos del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este órgano jurisdiccional, Martín Salinas Ortega solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades precisados a continuación: Actos reclamados: a) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de octubre de dos mil quince, ordenada en el expediente 1066/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. b) Las diligencias de requerimiento de pago y embargo de veintisiete de octubre de dos mil quince, y veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ordenadas en el expediente 943/2015, del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. c) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil quince, ordenada en el expediente 1206/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. d) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, ordenada en el expediente 1332/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México; y, e) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de nueve de marzo de dos mil dieciséis, ordenada en el expediente 43/2016, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. Autoridades responsables: Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. SEGUNDO. Derechos fundamentales invocados. El impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto preventivo. Esa demanda se radicó con el ordinal 303/2016-VII, de la estadística de este juzgado federal, y en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso realizara una narración de los antecedentes del acto reclamado, precisara el domicilio de los terceros interesados, e indicara si señalaba como responsable a las mencionadas en dicho auto (foja 11). CUARTO. Separación de juicios. Previo cumplimiento de las prevenciones referidas, mediante determinación de seis de abril de dos mil dieciséis, ante la diversidad de actos indicados por el promovente, se ordenó la separación de juicios; por tanto, se remitieron cuatro legajos de copias certificadas de todo lo actuado a la Oficina de Correspondencia Común citada, para que se les diera el trámite de registro respectivo (foja 2). QUINTO. Radicación de la demanda. El once de abril de dos mil dieciséis, se recibió un tanto de copias certificadas de todo lo actuado en ese juicio; por ende, este órgano jurisdiccional radicó ese asunto con el numeral 455/2016-IV, y admitió este juicio solo por cuanto hace al acto consistente en: ". c) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil quince, ordenada en el expediente 1206/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. ." Además, en dicho auto se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó intervención al Representante Social de la adscripción, y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Luis Miguel Ortega Firo (foja 56). SEXTO. Auto de radicación. Mediante proveído de tres de mayo del año en curso, se informó a las partes la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, como titular de este órgano jurisdiccional (foja 101). SÉPTIMO. Audiencia constitucional. Notificadas las partes de lo anterior, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva, en términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, pues el impetrante constitucional se ostenta tercero extraño a un procedimiento jurisdiccional, cuyas consecuencias surten efectos donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Por su aplicación al caso, se cita la tesis publicada en la página 3290, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXII, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 808655, con el rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, AMPARO PEDIDO POR EL. Si una persona promueve un amparo como tercero extraño a un juicio, no está obligado a agotar los recursos ordinarios establecidos contra el acto de que se queja." SEGUNDO. Precisión de actos. Previo a ponderar sobre la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; al realizar para tal efecto, un análisis de la demanda constitucional, como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que Martín Salinas Ortega, en su carácter de tercero extraño a juicio, tilda de inconstitucional: La diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil quince, ordenada en el expediente 1206/2015, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la cual fue realizada en el domicilio ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 181810, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, número de registro 212775, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir informe justificado, el Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México aceptó la existencia del acto reclamado (foja 71); por tanto, se tiene probado de forma plena. A lo expuesto resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, número de registro 917812, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia corroborada con las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1206/2015, instado por Luis Miguel Ortega Firo contra Víctor Manuel Clavellina Saab; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos al ejercer su encargo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos impugnados. La copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1206/2015, revela los antecedentes siguientes: 1) El once de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca, Estado de México, Luis Miguel Ortega Firo, en la vía ejecutiva mercantil demandó de Víctor Manuel Clavellina Saab, el cumplimiento de las prestaciones insertas en dicho ocurso; procedimiento que fue radicado con el ordinal 1206/2015, por el Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en dicha entidad (foja 77). 2) Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil quince, el juez del conocimiento admitió a trámite ese contradictorio, además, ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada (foja 83). 3) El cuatro de diciembre de dos mil quince, el Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México pretendió llevar a cabo la diligencia mencionada en el párrafo precedente; sin embargo, ante la oposición del demandado, se abstuvo de materializarla (foja 88). 4) En consecuencia, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil quince, el juez responsable autorizó el uso de la fuerza pública, y de ser necesario, el rompimiento de cerraduras (foja 90). La diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre del año anterior, constituye el acto impugnado en esta vía constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia o sobreseimiento. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Precisado lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Gaceta del al Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Octava Época, con número de registro 210784, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, publicada en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, con número de registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omitió señalar a la autoridad a quien recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo. A fin de constatar lo anterior, conviene señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia ahí contempladas derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de referencia, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo; pero esos supuestos no son los únicos, pues existen otras causas previstas en algunos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de contenido jurídico similar, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 193829, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En ese orden de ideas, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" De los artículos transcritos se obtiene la obligación del quejoso de señalar a la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuya el acto que se pretenda reclamar en el juicio de amparo, pues en modo alguno podría examinarse la constitucionalidad del mismo, si la autoridad no fue oída en el contradictorio respectivo. Ahora, toda vez que de las constancias de donde emerge el acto reclamado, se apreciaba que la diligencia de requerimiento de pago y embargo de cuatro de diciembre de dos mil quince fue llevada por el Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México; mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito requirió al quejoso para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como responsable a dicho ejecutor, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, el presente asunto continuaría su tramitación solamente con las autoridades señaladas en la demanda inicial (foja 133). Tal auto se notificó al agraviado el diez de junio pasado (foja 135). Razón por la cual, en proveído de cinco de julio en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el siete de junio pasado y, se ordenó continuar el presente asunto únicamente por las autoridades señaladas de manera inicial en la demanda de amparo. Sobre la base expuesta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues el impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo. En efecto, Martín Salinas Ortega controvirtió la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el cuatro de diciembre de dos mil quince por el Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México; sin embargo, no obstante el requerimiento y apercibimiento formulados en estos autos, omitió designar con el carácter de autoridad responsable al ejecutor mencionado, quien llevó a cabo la diligencia controvertida. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que existe imposibilidad material para examinar la constitucionalidad de la diligencia reclamada, pues la autoridad que la llevó a cabo y a quien recae el carácter de responsable no fue oída en juicio, por la conducta omisiva del quejoso, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, página 468, número de registro 208065, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Máxime que los actos atribuidos al Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y al ejecutor de su adscripción, no se combaten por vicios propios, toda vez que no fue quien llevó a cabo esa actuación judicial. Ahora, para este Juzgado de Distrito no pasa inadvertido que la jurisprudencia de referencia corresponda a la interpretación de disposiciones de la Ley de Amparo abrogada en la actualidad; empero, en términos de lo establecido en el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece (aplicable en el presente asunto), tal criterio continúa en vigor por no oponerse al texto de la nueva ley, pues las interpretadas tienen su correlativo en la nueva ley, es decir, se tratan de disposiciones de contenido similar. Por tanto, como lo dispone la fracción V del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martín Salinas Ortega, contra los actos reclamados del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 455/2016-IV, promovido por Martín Salinas Ortega, contra los actos y autoridades precisadas en la parte considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que da fe. Doy fe.
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Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta evidencia que venció el plazo otorgado al quejoso en auto de siete de junio pasado, a efecto de manifestar si era su deseo ampliar su demanda respecto al Ejecutor designado por la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México. Consecuentemente, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 21/2002, visible en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y se continúa el trámite del presente asunto únicamente por las autoridades señaladas como responsables inicialmente en el ocurso constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente asunto evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada once horas con cuarenta minutos como se determinó en auto de treinta y uno de mayo pasado (fojas 131 a 132); sin embargo, no es posible su desahogo en virtud de que a la fecha transcurre el pazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de seis de los actuales (fojas 133), con la finalidad de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del Ejecutor designado por la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, Estado de México. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las once horas con veinticinco minutos del once de julio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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