Martin Salinas Ortega

Expediente 454/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
454/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
22/06/2016

Partes del expediente

  • Martin Salinas Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio a través del cual el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, acusa recibo de las constancias devueltas por este juzgado de distrito, mediante auto de catorce de junio de los actuales (foja 95). Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Martín Salinas Ortega, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden, a la autoridad responsables Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, devuélvanse las copias certificadas que remitió como complemento a su informe justificado. En en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 454/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil dieciséis (foja 8), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Martín Salinas Ortega, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. COMO ORDENADORAS: EL C. JUEZ PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL C. JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL C. JUEZ TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL C. JUEZ CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL C. JUEZ QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. Todas las anteriores con domicilio en la Avenida DR. Nicolás San Juan número 104 colonia Ex Rancho Cuauhtémoc en Toluca, México. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE LE RECLAME: SE RECLAMAN LAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE EMBARGO, REALIZADAS EN MI DOMICILIO UBICADO EN A. OBREGÓN 228 A, INDUSTRIA Y CAMINO REAL, SAN ANTONIO BUENAVISTA F106, TOLUCA, MÉXICO. C.P. 50266, ESTO EN RAZÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO REALIZADOS AL SEÑOR VÍCTOR MANUEL CLAVELLINA SAAB. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN 43/2016 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DE LOS EXPEDIENTES REGISTRADOS BAJO EL NÚMERO DE ORDEN 1066/2015, 1206/2015, 1332/2015, RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN 77/2016 RADICADO EN EL JUZGADO TERCERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN 1314/2015 RADICADO EN EL JUZGADO CUARTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. DENTRO DEL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE ORDEN 943/2015 RADICADO EN EL JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. El promovente del amparo estimó violados los derechos humanos tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 10). TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se registró con el ordinal 303/2016, previa su aclaración (foja 17), el seis de abril de dos mil dieciséis, se ordenó la separación de autos y se ordenó remitirlos a través de oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a efecto de que se realizara la compensación correspondiente. El siete de abril de dos mil dieciséis, se recibió en este juzgado de distrito el oficio 14859/2016, de seis de abril de dos mil dieciséis, el cual se registró con el número 454/2016-III, teniéndose como actos reclamados las diligencias de requerimiento de pago y embargo de veintisiete de octubre de dos mil quince y de cambio de depositario de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ordenadas en el expediente 943/2015, del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, las cuales fueron realizadas en el domicilio del quejoso ubicado en A. Obregón, número doscientos veintiocho-A (228-A), Industria y Camino Real, San Antonio Buenavista F106, Toluca, Estado de México. Por auto de esa misma fecha, se admitió a trámite; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado a Lidio Alfonso Mejía Jasso; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de juicio por una autoridad judicial del orden civil, que afectan a personas extrañas al juicio y que se ejecutan dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: a. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento veintisiete de octubre de dos mil quince, ordenada en contra de Víctor Manuel Clavellina Saab, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, que tuvo verificativo en el domicilio ubicado en Calle Álvaro Obregón, número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, México, en la que se trabó embargo sobre el vehículo marca Ford Escort, color gris plata, placas de circulación del Estado de México LRK 75 23, con número de clave vehicular IFABPI3PIVW40677I, modelo mil novecientos noventa y siete. b. La diligencia de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, que tuvo verificativo en el domicilio ubicado en Calle Álvaro Obregón, número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, México, en la que se requirió al demandado Víctor Manuel Clavellina Saab, a efecto de que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días hiciera entrega del vehículo embargado mediante diligencia de veintisiete de octubre de dos mil quince. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que de él se reclaman. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 943/2015, que remitió como complemento a su informe de mérito, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley. CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes que dieron origen al presente juicio de garantías son los que a continuación se narran: 1. Lidio Alfonso Mejía Jasso por conducto de su endosatario en procuración José Leonardo Peña González, demandó en la vía ejecutiva mercantil de Víctor Manuel Clavellina Saab, el pago de diversas prestaciones, la cual quedó registrada con el número 943/2015, del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México (foja 1, anexo 943/2015). 2. Por auto de dos de septiembre de dos mil quince, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, se ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en contra del demandado Víctor Manuel Clavellina Saab, en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México (fojas 4 a 6 del anexo 943/2015). 3. El veintisiete de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de Víctor Manuel Clavellina Saab, en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México, en la que en uso de la palabra el actor señaló para embargar un vehículo Ford Escort, color gris plata, con placas de circulación del Estado de México LRK 75 23, con número de clave vehicular IFABPI3PIVW40677I, modelo mil novecientos noventa y siete; respecto del cual, el actuario adscrito al Juzgado responsable trabó embargo, nombrándose como depositario a Oscar David Ortega Lagos (fojas 13 y 14, anexo 943/2015). 4. Previa solicitud de la parte actora, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se tuvo por revocado el cargo de depositario respecto de Oscar David Ortega Lagos y se tuvo como nuevo depositario a Ángel Ernesto Mejía Vigueras, por lo que se ordenó turnar los autos al ejecutor, a efecto de que requiriera al demandado Víctor Manuel Clavellina Saab, la entrega del bien mueble embargado (foja 55, anexo 943/2015). 5. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la diligencia de cambio de depositario en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México, en la que se requirió al demandado la entrega del vehículo embargado el veintisiete de octubre de dos mil quince, sin embargo el mismo se opuso a realizar dicha entrega (foja 158, anexo 943/2015). QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de vigencia." De dicha disposición, interpretada a contrario sensu, se desprende que para que el juicio de garantías sea procedente, además de otras cuestiones, es menester que el acto reclamado cuando emana de una controversia jurisdiccional, afecte los intereses jurídicos del impetrante. En este sentido, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, sino que éste debe fundarse en un derecho derivado de la ley, a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa. En efecto, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la página 35, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En el mismo tenor, debe decirse que, al establecer el artículo 6 de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional, que cuando el acto reclamado sea emitido por una autoridad jurisdiccional, el promovente acredite plenamente su interés jurídico. Lo anterior, a fin de que, si así lo estima fundado el órgano de control constitucional, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada, pues de otra forma se correría el riesgo de otorgar el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los invocados preceptos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por los motivos que refiere, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." De donde se sigue, que para que exista afectación en la esfera jurídica del impetrante de protección constitucional, el acto reclamado debe encontrarse dirigido a él, y no a terceras personas. Corrobora tal consideración, la tesis II.2o.212 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 590, tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Luego, la afectación a dicho interés jurídico debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Cobra aplicación la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 28/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada a foja 230, tomo V, primera parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto indican: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Puntualizado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, el quejoso reclama la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento veintisiete de octubre de dos mil quince, ordenada en contra de Víctor Manuel Clavellina Saab, en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, que tuvo verificativo en el domicilio ubicado en Calle Álvaro Obregón, número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, México, en la que se trabó embargo sobre el vehículo marca Ford Escort, color gris plata, placas de circulación del Estado de México LRK 75 23, con número de clave vehicular IFABPI3PIVW40677I, modelo mil novecientos noventa y siete; así como, la diligencia de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 943/2015, que tuvo verificativo en el citado domicilio, en la que se requirió al demandado Víctor Manuel Clavellina Saab, a efecto de que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días hiciera entrega del vehículo embargado mediante diligencia de veintisiete de octubre de dos mil quince. Ahora, el quejoso aduce en su demanda que es propietario del inmueble en el cual se llevaron dichas diligencias. Sin embargo, no exhibió prueba suficiente con la que acreditara la existencia del derecho que dice violado, pues aunque durante la tramitación del presente sumario ofreció y desahogó pruebas, lo cierto es que ellas no producen la convicción suficiente para tener por fehacientemente demostrada la titularidad que dice tener el impetrante. Lo anterior es así, pues si bien se desahogaron los medios de prueba consistentes en: a. Un recibo por concepto de pago de predial expedido por el Ayuntamiento de Toluca, México, de quince de enero de dos mil dieciséis. b. Copia simple de un recibo de luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad de ocho de febrero de dos mil dieciséis. c. La instrumental pública. d. La presuncional en su doble aspecto legal y humano. Por cuanto hace a la copia simple de un recibo de luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad de ocho de febrero de dos mil dieciséis, al ser valorado en términos de los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, carece por sí sólo de valor probatorio para demostrar su interés jurídico, máxime que una copia es una reproducción fotográfica de un documento del cual podría presumirse su existencia; sin embargo, si se toma en consideración que en la actualidad la tecnología en ese ámbito es avanzada, se estaría en la posibilidad de que dicha reproducción sea de un documento inexistente y por tanto prefabricado. En esos términos, se tiene que las copias simples, por sí solas, son insuficientes para que el quejoso acredite el interés jurídico que le asiste para solicitar el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados, ya que son consideradas como simples indicios que no acreditan la propiedad sobre el bien jurídico que, en su caso, constituya la materia del juicio. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, Materia Común, página 219, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia considera que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen; pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Asimismo, por lo que hace al recibo predial expedido por el Ayuntamiento de Toluca, México, de quince de enero de dos mil dieciséis, al cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, al contener el sello digital; el mismo resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, pues únicamente se acredita su carácter de contribuyente respecto del inmueble ubicado en calle General Obregón número doscientos veintiocho, San Antonio Buenavista, Toluca, México; sin embargo no acredita la causa que generó el derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble que defiende en el presente juicio de amparo. Asimismo, respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, tampoco son idóneas para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, porque de su análisis no se acredita la propiedad que del predio defendido tenga el impetrante, aunado a ello, cabe añadir que de autos no se desprende ningún otro elemento que aunado a ellas pueda generar en este órgano de control constitucional la convicción de la afectación al interés jurídico del quejoso, lo que propicia la falta de interés jurídico para instar el juicio constitucional. Por tanto, los medios de convicción aportados por el quejoso son insuficientes para acreditar el interés jurídico necesario para solicitar la protección constitucional; fundamentalmente, ante el hecho de que al ostentarse tercero extraño al juicio, era insoslayable la acreditación del derecho subjetivo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional, en el caso, el derecho real de propiedad proveniente de un acto jurídico válido y preexistente. Aunado a ello, de autos no se desprende ningún otro elemento que pueda generar en este órgano de control constitucional la convicción de la afectación al interés jurídico de la quejosa, lo que propicia la falta de interés jurídico para instar el juicio constitucional. Por lo tanto, el quejoso fue omiso en acreditar su dicho con otros medios de prueba que adminiculados unos con otros, crearan en este juzgador la convicción suficiente para tener por acreditado su interés, ya que por sí solas las probanzas exhibidas son insuficientes para probar la titularidad del inmueble mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o.C. J/10, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 134, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. " En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio con apoyo en la diversa fracción V, del artículo 63, de la misma legislación. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Martín Salinas Ortega, contra los actos y por las autoridades que fueron precisados en los considerando segundo y tercero de la presente determinación. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con quince minutos, como se precisó en auto de once de abril de dos mil dieciséis; sin embargo, mediante auto de veintidós de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Quinto Mercantil de Toluca, Estado de México, acuerdo notificado el veinticinco de abril del presente año, tal notificación surtió efectos el veintiséis siguiente; en consecuencia aun no transcurren los ocho días referidos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y, para su celebración, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 7, en la página 11 de la actualización 2001, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, materia común cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ("...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Por otro lado, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Alejandra Domínguez Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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