Martín Reyes De la Cruz
Expediente 260/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 05/01/2018
Partes del expediente
- Martín Reyes De la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
V.Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformo contra el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. 4.- El original de la incidencia derivada del presente sumario principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 5.- El duplicado de la incidencia derivada del presente sumario principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese sin mayor proveído el escrito signado por Miriam Ojeda Martínez, autorizada de la parte quejosa; pues la promovente sólo está autorizada para oír y recibir notificaciones, como se precisó en proveído de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 5-7). Por otra parte, la certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de dieciséis de los cursantes (foja 129), para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a analizar el cumplimiento al fallo de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La privación de mis derechos a la pensión del adulto mayor al no recibir el pago bimestral de $1,160.00 (un mil ciento sesenta pesos M.N.) conforme a las reglas de Operación del Programa Pensión para adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2016 y 2015, sin haberme otorgado previamente mi derecho fundamental de audiencia." "IV.- ACTO RECLAMADO.- La privación de mis derechos a la pensión del adulto mayor al no recibir el pago bimestral de $1,160.00 (un mil ciento sesenta pesos M.N.) conforme a las reglas de Operación del Programa Pensión para adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2016 y 2015, sin haberme otorgado previamente mi derecho fundamental de audiencia." Mediante resolución emitida el diecisiete de abril del presente año (fojas 26 a 30), se determinó: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Martin Reyes de la Cruz, por lo motivos expuestos esta sentencia." Inconforme con dicha resolución, en auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete se tuvo por interpuesto el recurso de revisión del quejoso (foja 40). Mediante proveído de ocho de noviembre pasado, se tuvo por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remitió el testimonio de la resolución dictada el dieciséis de octubre del presente año, por el pleno del tribunal de su adscripción, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante. En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "A- La autoridad responsable Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá: Emitir una resolución en la que, de manera fundada y motivada, justifique porque es procedente, en su caso, la suspensión de pago de pensión de adulto mayor al quejoso. Demuestre los hechos por lo que, en su caso, considere procedente la suspensión de pago de pensión de adulto mayor al quejoso." Razón por la cual, en auto de ocho de noviembre del presente año (foja 78), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 129), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniese. Ahora, en el oficio con número de control interno 22940 (fojas 105 a 128), el Director de Procesos y Amparos adscrito a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, delegado del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, remitió copia certificada de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 1.64/11,232 de su índice, por el que de manera fundada y motivada, justificó que no era procedente la suspensión de pago de pensión de adulto mayor al quejoso, razón por la cual determino reincorporarlo al programa Pensión para Adultos Mayores, así como de la notificación al quejoso de dicha resolución, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente al quejoso por lista, de conformidad a lo proveído en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Así lo proveyó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio 6063/2017 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, quien actúa asistido de la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el ocurso de cuenta, signado por el Director de Procesos y Amparos adscrito a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, delegado del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual comunica la forma en la que dio cumplimiento al fallo protector y remite las constancias que acreditan tal situación; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad responsable e insubsistente el apercibimiento decretado para el caso de ser omisa. En tal virtud, dese vista a las partes con el oficio de referencia de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de mérito, apercibidas que para el caso de omisión, se resolverá con base en los elementos aportados por la autoridad responsable y las constancias de autos. Notifíquese personalmente al quejoso por lista, de conformidad a lo proveído en auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y anexos adjuntos para que surtan los efectos legales el oficio suscrito por el Director de Procesos y Amparos adscrito a la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, delegado del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social , a través del cual, informa que se encuentra en vías de cumplimiento, hecho lo cual, remitirá las constancias que acrediten dicha circunstancia, de igual manera solicita se otorgue una prórroga a efecto de acatar la sentencia de amparo; y este órgano jurisdiccional toma conocimiento de su contenido para los efectos legales procedentes. Finalmente, se le otorga una prórroga para que dentro del improrrogable plazo de cinco días previsto en la fracción I del ordinal 297 de la codificación señalada, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que remita las constancias necesarias con las que acredite la notificación del laudo emitido en cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 258, fracción de la Ley de Amparo y se procederá en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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