Marisela Avendaño Martínez
Expediente 793/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marisela Avendaño Martínez
Actuaciones
- Principal
PRAL.793/2018-4A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil dieciocho. Tribunal de Alzada remite autos originales. Glósese a los autos, el oficio 8386, signado por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta población, y anexo consistente en el juicio de amparo 793/2018, del índice de este Juzgado; acúsese recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de diez de agosto de dos mil dieciocho (fojas 21 a 27) en el que se desechó la demanda de amparo; y lo declaró firme. Desglosándose únicamente del cuaderno de antecedentes las actuaciones realizadas a partir de la fecha de ese envío. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Ahora, como se advierte de la certificación que antecede, que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se deja a disposición documentos. Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa, el original del escrito de veintinueve de mayo del año en curso, suscrito por la quejosa Marisela Avendaño Martínez, que acompañó a su demanda de amparo, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CA-PRAL.793/2018-4A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Remisión al Tribunal de Alzada. Vistos los autos, se advierte que este expediente se encuentra debidamente integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en este municipio, al que corresponde substanciar el recurso de queja interpuesto por la quejosa Marisela Avendaño Martínez, pues obra la constancia que acredita que dicha promovente quedó notificada del acuerdo de veintidós de este mes -foja 35-, el veintitrés de agosto del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto dicho medio de impugnación. Por tanto, realícese la remisión respectiva, e intégrese el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.793/2018-4A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Trámite de recurso de queja. Agréguese el escrito de la quejosa Marisela Avendaño Martínez, por el que interpone recurso de queja contra el acuerdo de diez de este mes -fojas 21 a 27-, en el que se desechó la demanda de amparo; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa contra el referido acuerdo, mismo que le fue notificado el trece del mes en curso. Como lo solicita la quejosa, dado que el recurso interpuesto es contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, deberán remitirse los autos originales al Tribunal de Alzada que corresponda. Por tanto, una vez que este expediente se encuentre integrado, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios y los autos de este juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PRAL.793/2018-4*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil dieciocho. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo escrita presentada el nueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnada el mismo día a este órgano jurisdiccional, promovida por Marisela Avendaño Martínez, contra actos del titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico y radíquese en el libro respectivo con el registro 793/2018. Integración del expediente (instrucción a la secretaria). Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Desechamiento. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la misma ley. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. .. La causal de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. .... Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. . Los preceptos transcritos establecen -el primero- que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y -el segundo- que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es necesario precisar que el máximo tribunal ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Caso concreto. Precisado lo anterior, es necesario destacar que del análisis de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la pretensión de la quejosa Marisela Avendaño Martínez se traduce en impugnar: La falta de respuesta a su escrito de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a su patrón, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, con copia marcada para el director Administrativo de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, en el que le solicitó al primero, que 1) diera la orden para que se le informe, por escrito, respecto a los descuentos que se aplican a su salario (percepción quincenal); asimismo, 2) que ordenara la suspensión o cancelación de dichos descuentos -fojas 15 a 18-, así como que se le expida copia certificada de su expediente administrativo -foja 16-. La omisión del titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca de cancelar los descuentos a su salario -foja 4-, como lo solicitó en el referido escrito petitorio. Ahora, de los antecedentes de la demanda de amparo, se evidencia que Marisela Avendaño Martínez es servidora pública dependiente de la secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca -foja 5-; esto es, trabajadora de la citada secretaría; por tanto, existe una relación de trabajo entre la quejosa y la autoridad a la que dirigió su escrito y a la que le marcó copia, que ahora señala como responsables. En ese tenor, se estima que los actos reclamados tienen una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre los trabajadores y la parte patronal. Se afirma lo anterior, en virtud de que los actos reclamados versan sobre el salario que percibe la parte quejosa como empleada de la secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca, aspecto que constituye un elemento esencial de la relación de trabajo que existe entre la promovente y las autoridades que señalada como responsables, en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la relación que existe entre la quejosa y las autoridades dependientes de la secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca (señaladas como responsables), se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, por lo que los actos reclamados quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, de ahí que no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento; por tanto, de plano, procede desechar por improcedente la demanda de amparo promovida por Marisela Avendaño Martínez. Con lo anterior, de ninguna manera se desconoce que tanto en el escrito presentado ante las autoridades responsables (cuya falta de respuesta se reclama) como en la demanda de amparo la parte quejosa alega una violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal. Sin embargo, dicha transgresión se da dentro de la relación laboral que existe entre Marisela Avendaño Martínez y el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca y director Administrativo de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, por lo que la posición de la promovente frente a las responsables no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la Secretaría de Salud como parte de la Administración Pública Local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, si no que su origen -del acto reclamado- se encuentra en el derecho que tiene todo empleado de percibir un salario a cambio de la prestación de un servicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la tesis con registro 2010538, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizados para ese efecto, a las personas que menciona. Se precisa que dicha autorización se hace sin las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, por no haberlo solicitado. Medios electrónicos. Como lo solicita la parte quejosa, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte promovente, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace del conocimiento de la parte quejosa que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al (la) actuario (a) de este Juzgado que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la promovente o sus autorizados, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturen. Correo electrónico. Por otra parte, no es procedente autorizar el correo electrónico barraoax1988@hotmail.com para recibir notificaciones, toda vez que no satisface los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues omite señalar cuál es su firma electrónica y si ésta tiene limitantes o condiciones de revocación. Número telefónico. Sin que sea procedente tenerle señalando el número de teléfono y fax que proporciona para el efecto de recibir notificaciones, toda vez que el precepto 26 de la ley de la materia establece la forma en que se harán las notificaciones en los juicios de amparo, y no contempla la hipótesis que menciona. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Mario Ruiz Pérez101/2022
- Mario Sánchez Pacheco297/2021
- Mario Serrano Dolores231/2021
- Mario Villalobos Martínez980/2022
- Mario Virgen Tadeo y Otros.177/2016
- Mario Zuñiga Salinas721/2020
- Marisol Díaz Santiago371/2023
- Marisol Guerrero De la Luz147/2019
- Marisol Guerrero De la Luz31/2016
- Marisol Guerrero de la Luz326/2019
- Marisol Guerrero De la Luz308/2016
- Marisol Guerrero de la Luz750/2019