Marisol Guerrero de la Luz

Expediente 326/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
326/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
04/09/2019

Partes del expediente

  • Marisol Guerrero de la Luz
  • Juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    PRAL 326/2019 MESA 3-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. ... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y toda vez que la secretaria encargada del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca (fojas 87 a 106) informó respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en esas condiciones, se procede a establecer si del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable se encuentra cumplido el fallo protector. 2. Antecedentes. I. En este juicio de amparo Marisol Guerrero de la Luz, en lo subsecuente se hará referencia sólo como quejosa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal 446/2016 (foja 8). II. En sentencia autorizada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 51 a 66) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la responsable procediera en los siguientes términos (foja 63 vuelta a 65 vuelta): "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, para el efecto que el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve y, con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser a) en el mismo sentido de la aquí reclamada o b) en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan (artículos 348 y 348 BIS A del Código Penal del Estado de Oaxaca). b) Deberá establecer con certeza con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del cuerpo del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. c) Deberá subsanar la incongruencia en la valoración de la declaración de Eduardo Hernández Fernández, de veinte de abril de dos mil diez. d) Deberá precisar la forma de participación de la quejosa e indicará los elementos probatorios que lo justifiquen (.) Cabe indicar que la autoridad responsable, además de atender los efectos en que es concedido este asunto, deberá observar lo relativo a la cosa juzgada, en relación a las pruebas ilícitas, en atención a la ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito (fojas 2475 a 2502 del tomo III)". (Transcripción) III. El veintiséis de julio del año en curso causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento a la responsable (foja 77 a 79). IV. Mediante oficio recibido el nueve de agosto del año en curso (foja 86) la secretaria encargada del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo y remitió copia certificada de la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 446/2016 (fojas 87 a 106). V. En acuerdo de doce de agosto de este año (fojas 107 a 108) se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con la constancia remitida por la autoridad responsable. VI. La parte quejosa a través de sus autorizados legales, expuso sus manifestaciones respectivas (fojas 115 a 120). 3. Análisis de la sentencia. 1º. El primer efecto de la sentencia señala (foja 63 reverso): "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve y, con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser a) en el mismo sentido de la aquí reclamada o b) en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia (.)". Al respecto, la autoridad judicial responsable en la resolución de siete de agosto del año en curso (foja 87 vuelta), dejó sin efecto el auto de formal prisión de dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Por lo que cumplió con el primer efecto de la sentencia de amparo. Dictó otra resolución en el mismo sentido que la reclamada, pues dictó auto de formal prisión contra la aquí quejosa (foja 105 reverso). Para ello, debió haber subsanado los vicios formales de los que adolecía el acto que se le reclamó a dicha responsable, en los términos siguientes: "a) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, atendiendo a las normas que lo prevén y sancionan (artículos 348 y 348 BIS A del Código Penal del Estado de Oaxaca)." A lo que la autoridad responsable indicó (foja 89): "Los elementos del cuerpo del delito en estudio son: Elementos objetivos. a).- Que el sujeto activo, prive de su libertad a alguien en algún lugar, es decir, al detenerlo e impedir su libertad deambulatoria, restringiendo la prerrogativa de movimiento o bien el encerramiento o aislamiento del pasivo en algún lugar (conducta realizada). b).-Que con la conducta de privar de la libertad a alguien en un lugar, lesione o ponga en peligro la libertad física de las personas (bien jurídico tutelado por la norma). Elemento subjetivo específico de finalidad. c).- Consiste en que, el citado ilícito no se concreta a exigir para su configuración el acto material de la privación de la libertad de una persona, por cualquier medio, sino, exige como ELEMENTO SUBJETIVO que ese acto de privación esté finalísticamante regido, precisamente por el fin de obtener un rescate. Agravante. d).-Que los plagiarios obren en grupo o banda, compuesta de dos o más personas." (Transcripción) De ahí que cumplió con el inciso a), ya que desglosó los elementos del cuerpo del delito conforme a los preceptos 348 y 348 bis A del Código Penal del Estado de Oaxaca. "b) Deberá establecer con certeza con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que apoye su conclusión, es decir, deberá de forma clara y pormenorizada aducir la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del cuerpo del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito". Respecto al primer elemento, consistente en que el sujeto activo prive de su libertad a alguien en algún lugar, es decir, al detenerlo e impedir su libertad deambulatoria, restringiendo la prerrogativa de movimiento, o bien, el encierro o aislamiento del pasivo en algún lugar (conducta realizada), la autoridad responsable lo acreditó con las pruebas siguientes: 1. La declaración ministerial del ofendido Eduardo Hernández Pedroarena, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 89 vuelta). Denuncia que la responsable otorgó valor probatorio indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca (foja 90). 2. Testimonio de Eduardo Hernández Fernández, de veinte de abril de dos mil diez (foja 90 vuelta). Mismo al que la responsable le concedió valor probatorio de indicio, de conformidad a lo establecido por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, por cumplir con los requisitos exigidos por la fracción VI del diverso 355 del citado ordenamiento legal (foja 90 vuelta). En lo concerniente al segundo elemento consistente en la conducta de privar de la libertad a alguien en un lugar, lesione o ponga en peligro la libertad jurídica de las personas (bien jurídico tutelado por la norma), la autoridad responsable lo tuvo por demostrado con las pruebas siguientes: 1. La declaración ministerial del ofendido Eduardo Hernández Pedroarena, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 91). 2. Testimonio de Eduardo Hernández Fernández, de veinte de abril de dos mil diez (foja 92). Pruebas que la responsable valoró (foja 92) de forma idéntica al justipreciarlas en el apartado relativo al primer elemento del cuerpo del delito de que se trata (foja 89 a 91). En lo que se refiere al tercer elemento, consistente en que el citado ilícito no se concreta a exigir para su configuración el acto material de la privación de la libertad de una persona, por cualquier medio, sino exige como elemento subjetivo que ese acto de privación esté finalísticamente (sic) regido, precisamente, con la finalidad de obtener un rescate (foja 92 reverso), la responsable lo tuvo por acreditado con las pruebas siguientes: 1. La declaración ministerial del ofendido Eduardo Hernández Pedroarena, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 92 reverso). 2. Testimonio de Eduardo Hernández Fernández, de veinte de abril de dos mil diez (fojas 93 reverso y 94). Probanzas que la responsable valoró en forma similar al apartado en el que tuvo por demostrado el primer elemento analizado (fojas 89 a 91). Medios de pruebas que relacionó en su contenido, de los que advirtió circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, para tener por demostrado que la víctima fue abordado el tres de diciembre de dos mil nueve, por varias personas, entre ellas una mujer, que con violencia lo levantaron, para enseguida llevarlo a diversos lugares hasta que fue introducido a un domicilio donde la tuvieron privado de su libertad, mientras se realizaban las negociaciones para que el padre de aquél efectuara el pago de una determinada cantidad de dinero y así otorgarle la libertad (foja 94). Al respecto, la responsable señaló que en este caso el ofendido refirió que una mujer, vía celular, se comunicó con él para solicitarle un servicio de entrega de cerveza en inmediaciones de la negociación "Poing Poing", lugar al que llegó y desde el cual llamó a dicha mujer para avisarle que ya se encontraba en el lugar, indicándole que adelante estaba la primera calle a la izquierda; sin embargo, resultó que se encontraba a la derecha de una calle solitaria donde había una luz, así como tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, por lo que se bajó de su vehículo y se dirigió hacia la cajuela, de donde sacó con la mano izquierda dos six de la marca Barrilito, en eso el sujeto que se encontraba de lado derecho de la mujer lo empujó hacia el mismo lado del vehículo, cuando llegó una camioneta de color negro en sentido contrario, tipo Ford Explorer o Expedition, de la que bajaron tres personas, lo golpearon, uno de ellos fuertemente en las costillas, en tanto otro lo cubrió con un chaleco y lo subieron en la parte de atrás de la camioneta, en medio de dos de ellos, los que le apuntaron a la cabeza diciéndole que no se moviera, y escuchó que hablaban por teléfono manifestando "adelante comandante ya lo tenemos, vamos a la comandancia", y se le señaló al pasivo que iba a hablar con el comandante para arreglar su situación jurídica, así llegaron a una casa, lo bajaron y lo metieron a un cuarto, despojándolo de sus pertenencias, entre ellos dos teléfonos con números 951 122 73 38 y 951 122 74 29, luego lo acostaron y esposaron, sujetándolo a una armella, le taparon los ojos con diurex y papel de baño, pegándole entre los tres, incluso, le dieron una descarga eléctrica en la espalda, y lo siguieron golpeando, a lo que suplicó que ya no lo hicieran, pero le contestaron que era un secuestro, por lo que les indicó que hablaran con su padre, proporcionándoles el número de su celular, quien finalmente logró negociar su rescate de cinco millones de pesos a doscientos mil pesos, siendo liberado el cuatro de diciembre de dos mil diez (foja 94 vuelta). De ahí que la responsable valoró esos elementos de convicción de forma individual, luego conjuntamente, en términos de los artículos 279 a 290 del Código de Procedimientos Penales, para establecer como verdad conocida que el tres de diciembre de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, un sujeto pasivo fue privado de su libertad ambulatoria por cinco sujetos y una mujer, al parecer con armas cortas, en inmediaciones de la negociación "Poing Poing", ubicado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en donde acudió a atender un llamado de servicio de cervezas, solicitado vía celular por una mujer, al que llegaron otros tres sujetos en un vehículo marca Ford Explorer o Expedition, quienes le pegaron para luego subirlo al mismo y llevárselo de ahí, llegando a una casa donde volvieron a golpearlo y le dijeron que era un secuestro, pagando su progenitor doscientos mil pesos para que fuera liberado, como ocurrió el cuatro de diciembre de dos mil diez (foja 95 vuelta). Además, la responsable determinó que el secuestro se llevó a cabo por una sujeto activo (mujer), que intervino conjuntamente con otros cinco individuos, para privar de la libertad a la víctima de forma violenta, el tres de diciembre de dos mil nueve, mismos que lo retuvieron hasta que se efectuó el pago de doscientos mil pesos. En relación con la agravante, la responsable indicó (foja 104 vuelta): "d).- AGRAVANTE. Al respecto, en el caso en concreto, se estima que el tipo penal básico de secuestro, se agrava de conformidad con el artículo 348 BIS A, fracción III, lo cual aduce lo siguiente: ". Cuando en el secuestro concurran algunas de las siguientes circunstancias. III.- Los plagiarios obren en grupo o banda, compuesta de dos o más personas."; de ahí que de los datos de prueba que obran en el sumario se advierte de que la imputada ., actuó en compañía de otras personas, tal como se advierte de la declaración ministerial de la víctima ., la cual ya fue valorada en apartados posteriores". (Transcripción) De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable estableció con certeza con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado, para lo cual expresó las razones lógico jurídicas en que apoyó su conclusión, es decir, de forma clara y pormenorizada adujo la parte o partes de las pruebas que le resultaron aptas para justificar el cuerpo del delito; además, de otorgar valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales relacionó con cada elemento del cuerpo del delito y concatenó en forma individual o circunstancial, de forma tal que expuso las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito. Por lo que se tiene por cumplido ese efecto de la sentencia. Al respecto, la parte quejosa alegó mediante escrito presentado el diecinueve de agosto del año en curso (foja 116) en este juzgado, que la acreditación del ilícito de secuestro no depende del retrato hablado elaborado el dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 120); lo que resulta infundado, toda vez que para demostrar el cuerpo de ese delito la autoridad judicial responsable no consideró el retrato hablado que menciona, pues ello fue motivo de valoración pero en el apartado relativo a la probable responsabilidad. "c) Deberá subsanar la incongruencia en la valoración de la declaración de Eduardo Hernández Fernández, de veinte de abril de dos mil diez." Respecto de la declaración de Eduardo Hernández Fernandez (fojas 90 vuelta, 92, 93 vuelta, 94, 95, 98 y 100), fue subsanada la incongruencia, toda vez que ahora precisa que la llamada telefónica que recibió dicho testigo fue realizada por una persona del sexo masculino; por ello, se tiene cumpliendo este punto de la sentencia. "d) Deberá precisar la forma de participación de la quejosa e indicará los elementos probatorios que lo justifiquen." La autoridad responsable tuvo por demostrada la probable responsabilidad de la quejosa, para lo cual estableció que el grado de participación de la quejosa fue de partícipe, en términos de la fracción VI del artículo 11, del Código Penal del Estado de Oaxaca, ya que la conducta desplegada por la misma consistió en realizar una llamada al ofendido Eduardo Hernández Pedroarena para pedirle que le llevara cervezas, refiriendo que su número se lo había proporcionado un amigo (fojas 96 y 103). Ello, de acuerdo a los elementos probatorios valorados con las pruebas siguientes (foja 96): 1. Declaración ministerial del ofendido Eduardo Hernández Pedroarena, de dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 96). 2. Ampliación de declaración ministerial de Eduardo Hernández Pedroarena de siete de mayo y veintitrés de septiembre de dos mil diez (foja 97, 97 reverso y 100). Versiones que la responsable justipreció de forma indiciaria, en términos de lo establecido por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca 3. Testimonio de Eduardo Hernández Fernández (foja 98); y, 4. Declaración ministerial de Mónica del Carmen Hernández Pedroarena, de veintitrés de septiembre de dos mil diez (foja 98). Pruebas 3 y 4 que fueron valoradas de forma indiciaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, por cumplir con los requisitos exigidos en la fracción VI del diverso 355 de ese código (foja 98). Recalcó la autoridad responsable que respecto de la ampliación de declaración de la víctima, de siete de mayo de dos mil diez y de la testigo Mónica del Carmen Hernández Pedroarena, si bien no son aptas para acreditar la probable responsabilidad de la quejosa, las mismas permiten dar veracidad a la primigenia declaración vertida por el ofendido, en la cual proporcionó la media filiación de dos de las personas que intervinieron en su secuestro, entre ellas, una del sexo femenino (foja 98 reverso). 5. Retrato hablado elaborado el dieciocho de diciembre de dos mil nueve, en el departamento de retrato hablado de la dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con base en la declaración proporcionada por la victima (foja 98 vuelta). Prueba pericial que la autoridad responsable reconoció con valor probatorio indiciario, de conformidad con lo que establece el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, al haber sido emitido por una persona con conocimientos necesarios sobre la ciencia o materia en la que intervino, además de estar confeccionada en términos de los preceptos 396, 397 y 398 del referido código (foja 99). Lo que relacionó con la declaración de la indiciada, aquí quejosa quien, en lo que interesa, negó haber participado en esos hechos, pero dijo en el retrato hablado se parece a su hermana; lo que fue valorado en forma indiciaria (foja 99). Además, la responsable refirió que en ampliación de declaración ministerial, vertida el veintitrés de septiembre de dos mil diez, el ofendido al enterarse de que una persona cumplía una medida cautelar de arraigo y al verlo en una videograbación obtenida por la Procuraduría General de la República, la reconoció como la que participó en su secuestro el tres de diciembre de dos mil nueve, incluso, también reconoció su voz (foja 100). Asimismo, la responsable indicó que el padre del secuestrado confirmó que él reunió el dinero del rescate y lo entregó, por exigencias de una persona del sexo masculino (foja 100). Al respecto, la autoridad judicial responsable refiere que el pasivo no señala a la indiciada, aquí quejosa, por su nombre, pero sí a través de una descripción física, que permite la elaboración de su retrato, admitiendo aquélla en su declaración preparatoria que tiene rasgos similares a los de ella, porque se parece a su hermana (foja 100 reverso). De esos elementos probatorios, adminiculados entre sí, la responsable tuvo por demostrado que el tres de diciembre de dos mil nueve, como a las veinte horas, un sujeto fue privado de su libertad por cinco individuos y una mujer, probablemente la quejosa, a quien para dejarlo libre exigieron y obtuvieron la suma de doscientos mil pesos (foja 100 reverso y 101). Finalmente, la responsable precisó lo siguiente (foja 101): "(.) resultando. es una de las personas que intervinieron en el secuestro; lo que se encuentra acreditado con la declaración ministerial del ofendido, concatenado con el retrato hablado de la aquí indiciada, así como con la propia declaración de la indiciada. Por ende, es de concluir, al menos en forma probable, que la citada indiciada., intervino en el secuestro del agraviado, conjuntamente, con cinco sujetos más, entre ellos el identificado como., alias., el tres de diciembre de dos mil nueve, privándolo de su libertad violentamente reteniéndolo hasta que se efectuó el pago de doscientos mil pesos por la libertad del citado ofendido. Esto es, se tiene por acreditado que probablemente la indiciada., conjuntamente con otros sujetos (cinco), entre ellos el identificado como ., alias ., de manera autodeterminada, consciente, voluntaria, libre, empleando la violencia moral y física, privaron de su libertad a otra, es decir, le impidieron la libertad deambulatoria, ya que, le restringieron la prerrogativa de movimiento, con el propósito de obtener un rescate y, con ello, lesionaron el bien jurídico tutelado por la norma penal en análisis, específicamente la libertad física del ofendido, por ende, tal conducta es probablemente típica." (Transcripción) Por lo que se cumple con ese efecto de la sentencia, consistente en señalar la forma de participación de la quejosa, para lo cual indicó los elementos probatorios que lo justificaron. Y en relación con la precisión a que se refiere el considerando séptimo de la sentencia de amparo, en el que se determinó (foja 65 reverso): "Cabe indicar que la autoridad responsable, además de atender los efectos en que es concedido este asunto, deberá observar lo relativo a la cosa juzgada, en relación a las pruebas ilícitas, en atención a la ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito (fojas 2475 a 2502 del tomo III)". Es de señalarse que en la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia de amparo ya no invocó como prueba el audio y fotografía, ni la diligencia de veintiuno de abril de dos mil diez, en la que el ofendido identificó a la aquí quejosa como una de las personas que intervino en su secuestro; por tanto, fue excluida, como se determinó en esa ejecutoria que emitió el Tribunal Colegiado. Manifestaciones de la quejosa. Al respecto, los autorizados legales de la quejosa manifestaron, en contestación a la vista otorgada en auto de doce de agosto del año en curso (fojas 107 y 108), que los elementos probatorios relacionados por la autoridad judicial responsable no permiten concluir que la quejosa sea probable responsable del ilícito atribuido, ya que, dicen, no hay ninguna referencia en cuanto a la intervención de la quejosa en el mismo, por ello, es equívoca la apreciación de la responsable, ya que no existen pruebas directas de su intervención en el ilícito, ni motiva las circunstancias especiales, además, de que dolosamente inventa una premisa falsa en el sentido de que el ofendido señaló la participación de una persona del sexo femenino sin justificar que era la quejosa. Son infundadas esas manifestaciones. 1°.- La autoridad responsable expuso los argumentos y los medios probatorios por los cuales consideró que la quejosa sí es partícipe en los hechos atribuidos; de ahí que si fue correcta o no esa determinación, no es materia de estudio en el cumplimiento de la sentencia de amparo, sino únicamente lo fue para que señalara la forma de participación de la quejosa e indicara los elementos probatorios que lo justificaran. 2°.- También se pretende que, mediante el estudio del cumplimiento de la sentencia, se determine que no existe ninguna prueba directa que relacione a la quejosa en el delito imputado, o que se establezca que la responsable dolosamente inventa una premisa falsa en el sentido de que el ofendido señaló la participación de una persona del sexo femenino sin justificar que era la quejosa; sin embargo, jurídicamente no es posible analizarlo de esa forma, ya que, de hacerlo así, se estaría estudiando la legalidad de la correcta valoración de las pruebas invocadas por la responsable, sin que ello fuera parte del efecto de la ejecutoria de amparo. De ahí que, como no existe defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. 5. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 5.2. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. 5.3. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    PRLA.326/2019-3A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vistos los escritos de Carlos Morales Sánchez y Noel Valdivieso Tapia, autorizados legales de la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, mediante los cuales desahogan la vista otorgada en proveído de doce de agosto del año en curso (fojas 107 a 108), mismos que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CR-PRAL.326/2019-3A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil diecinueve. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, residente en Santa María Ixcotel, Oaxaca, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en proveído de doce de agosto del año en curso, la cual se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Cuaderno relacionado. Finalmente, toda vez que el juicio de amparo 326/2019 se encuentra en la actuaría de este Juzgado para notificación personal, fórmese cuaderno de antecedentes para proveer lo correspondiente y, en su oportunidad, sin previo acuerdo, agréguese a ese expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO .- PRAL 326/2019 MESA 3-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil diecinueve. 1.- Informa de cumplimiento. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, residente en Santa María Ixcotel, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia engrosada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 51 a 66), que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, remite copia certificada de la resolución de siete de agosto de dos mil diecinueve. 2.- Vista a las partes. Por ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, con el oficio de cuenta, y anexo; para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus derechos convengan respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J49/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Libro XX, tomo I, mayo de 2013, página 212, con registro 2003526, con el rubro siguiente : "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA". 2.1. Apercibimiento. Se les apercibe que de hacer caso omiso sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro 192174, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". 3.- Estado de autos. Por otra parte, en proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve (foja 84), se concedió prórroga de cinco días al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a efecto de cumplir con la sentencia de amparo, del cual se advierte que el oficio 24791/2019 (foja 85), no fue turnado para su notificación; sin embargo, no ha lugar a reexpedir el referido oficio, toda vez que la autoridad citada ya remitió las constancias correspondientes, por ello, se ordena al (la) actuario (a) judicial adscrito (a), para efecto de la debida integración del expediente electrónico, utilice el presente auto, como constancia de notificación del mencionado oficio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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