Marisol Guerrero De la Luz

Expediente 31/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 24 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
31/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Marisol Guerrero De la Luz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    INC 31/2016 MESA 2-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. 1. Se agrega copia a este expediente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 76 a 78) causó ejecutoria la sentencia ahí emitida, al haber sido revocada por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, acuerdo del que se agrega copia a este expediente. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 4. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. 5. Archivo reciente. Así también, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. ...., relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese...

  2. Principal

    PRAL.31/2016-2A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecinueve. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos Vistos los autos y toda vez que el juez Primero Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, Oaxaca, informó respecto del cumplimiento de la ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 201/2018, por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito); se procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido ese fallo protector; y, al efecto, se destaca lo siguiente: Sentencia I. Por sentencia dictada en audiencia celebrada el quince de enero de dos mil dieciocho, firmada y autorizada el treinta y uno de enero siguiente (fojas 291 a 311), por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, contra el acto que reclamó en esta instancia constitucional, consistente en el auto de formal prisión pronunciado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 137/2010, por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ahora registrado con el número 446/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en la ciudad de Oaxaca. Recurso de revisión II. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 341), la aquí quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia de mérito, del que correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con el número de amparo en revisión 201/2018 (fojas 384 y 385). Efectos de la ejecutoria del Tribunal de Alzada III. Por ejecutoria dictada el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 389 a 415) el órgano de alzada revocó la citada sentencia y, por consecuencia, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca (fojas 413 reverso y 414): 1. Dejara insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la entonces causa penal 137/2010, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado (hoy causa penal 446/2016, del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, con residencia en la ciudad de Oaxaca). 2. Emitiera una nueva resolución, en la que: a) Considerara como prueba ilícita la obtención de audio y fotografía de la recurrente, referido en el parte informativo 5490, de dieciséis de abril de dos mil diez, rendido por los suboficiales de la Policía Federal. b) Excluyera del material probatorio que sustenta el acto reclamado, consistente en el audio y fotografía de la recurrente, aquí quejosa, así como todas aquéllas pruebas en las que considerara que éstas inciden de manera determinante. En relación con este efecto, el Tribunal Colegiado señaló que ello debía ser considerado por la autoridad responsable (foja 412), dado que es a esta última a quien corresponde la apreciación directa del material probatorio que obra en la causa penal y, en su caso, su exclusión. c) Analizara fundada y motivadamente el restante material probatorio para determinar, en su caso, la demostración de cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro que se imputa a la aquí quejosa, así como su probable responsabilidad en su comisión; y, 3. Resolviera lo que en derecho procediera, con libertad de jurisdicción, respecto de la situación jurídica de la quejosa. Sin que esos requerimientos implicaran que la concesión del amparo prejuzga sobre la acreditación del hecho que la ley prevé como delito de secuestro, ni la probable responsabilidad penal de la quejosa en su comisión, por lo que la nueva resolución podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre que la autoridad responsable cumpliera con el imperativo constitucional de motivar y fundar en forma suficiente su resolución. Lo anterior es así, dado que el Tribunal de Alzada precisó que los efectos de la concesión decretada implican únicamente la emisión de una nueva resolución, en la que la autoridad responsable subsane las inconsistencias procesales y formales destacadas, pero de ninguna manera tales efectos se traducen en la libertad de la quejosa, ya que las violaciones que se estimaron actualizadas, en el caso, se hallan relacionadas con aspectos procesales y de forma, empero, no de fondo. Esa concesión se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado a la directora del Centro de Reinserción Femenil Tanivet, Oaxaca, al no haberse impugnado por vicios propios. Oficio remitido por la autoridad responsable IV. Por oficio 4303 (foja 430), el secretario encargado por ministerio de ley del Juzgado Primero Penal, con sede en Ixcotel, Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 432 a 447), en la causa penal 446/2016, de su índice. Análisis de la resolución V. En esa resolución, el secretario encargado del Juzgado de la causa:  Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 446/2016 (foja 432 -primer efecto de la ejecutoria de amparo-). Por cuanto al tercer efecto de la determinación del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa:  Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 432 a 447) dictó un nuevo auto de formal prisión contra la aquí quejosa Marisol Guerrero de la Luz, por su probable responsable en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de E.H.P., al habérsele otorgado plenitud de jurisdicción para resolver lo procedente.  En relación al (inciso a) del segundo efecto de la resolución de mérito, el secretario encargado por ministerio del ley del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, en el considerando tercero de la resolución analizada, estableció que la obtención del audio y fotografía de la procesada, aquí quejosa, son pruebas ilícitas (foja 432 reverso); razón por la que no les concedió eficacia probatoria en la causa penal 446/2016, para tener acreditado el cuerpo de delito de secuestro y la probable responsabilidad de la agraviada en la comisión del delito de secuestro (foja 433), pues manifestó que en el parte informativo 5490, de dieciséis de abril de dos mil diez, los elementos de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a) no determinaron el lugar y momento exacto en que tomaron directamente de la quejosa, la fotografía y audio de mérito, b) no hicieron del conocimiento de esta última que estaba en condiciones de alegar lo que en derecho conviniera y, en consecuencia, c) no tuvo la oportunidad de oponerse a ese acto de autoridad (foja 432 reverso). Lo que, dijo, generó un acto de molestia en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no obra constancia que acredite que, previamente a la obtención de esa fotografía y audio, se haya informado a la promovente el derecho que tenía para oponerse a ello (foja 432 reverso).  Respecto al inciso b) del segundo efecto de la ejecutoria analizada, la autoridad judicial responsable precisó que, además de excluir la obtención del audio y fotografía de la procesada, aquí quejosa, por su ilicitud, también excluía del caudal probatorio (foja 433) la ampliación de la declaración del ofendido E.H.P., de fecha veintiuno de abril de dos mil diez, en la que identificó a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, como una de las personas que intervino en su secuestro, con base en la fotografía y audio que le fueron puestos a su disposición en dicha diligencia, pues, refirió, la ilicitud y la ineficacia probatoria de estas últimas probanzas repercute directamente en esa ampliación, pues, conforme a la teoría de los frutos del árbol envenenado (foja 433), los elementos de convicción obtenidos de manera ilícita deben ser declarados nulos, al igual que las pruebas adquiridas a partir de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido los requisitos constitucionales, dado que fueron obtenidas a través de la violación de un derecho fundamental (foja 433 reverso). Sin embargo, aun cuando el secretario encargado del Juzgado de origen inicialmente declaró ilícita la obtención de la fotografía y audio de la agraviada y excluyó como medio de prueba la ampliación de la declaración del ofendido realizada el veintiuno de abril de dos mil diez (foja 433), empero, al relacionar y justipreciar las pruebas con las que, dice, se acredita la probable responsabilidad de la quejosa, en la comisión de delito de secuestro (inciso c) del segundo efecto de la ejecutoria analizada): * Valoró (foja 440) y consideró como uno de los elementos de convicción para demostrar ese apartado (foja 439 reverso), el parte policial PF/CIP/DGSR/5940/2010, de dieciséis de abril de dos mil diez, emitido por los elementos de la Policía Federal, por el que, mediante cobertura, obtuvieron el audio y fotografía de la promovente, los que el Tribunal revisor señaló que debían declararse como pruebas ilícitas; y, * Determinó que con dicho audio e imagen fotográfica, el ofendido identificó a la quejosa, como la persona que hizo el pedido que motivó su secuestro y como la mujer que se encontraba en el lugar en que se cometió ese ilícito (foja 439 reverso). Es decir, la autoridad responsable sostuvo el auto de formal prisión que dictó contra la quejosa, en las pruebas de audio y fotografía que señaló son ilícitas (foja 433), así como en la ampliación de la declaración del ofendido, realizada el veintiuno de abril de dos mil diez, en la que identificó a la promovente y que, en principio, habían sido excluidas como medios probatorios. Requerimiento a la autoridad responsable IV. Ante esas inconsistencias, en proveído de once de enero del año en curso (fojas 461 a 468) se requirió al juez Primero Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, cumpliera en sus términos con la ejecutoria dictada por el órgano revisor, y: a) Dejara insubsistente la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 446/2016. 2. Emitiera una nueva resolución, en la que: a) Considerara como prueba ilícita la obtención de audio y fotografía de la quejosa, referido en el parte informativo 5490, de dieciséis de abril de dos mil diez, rendido por los suboficiales de la Policía Federal. b) Excluyera del material probatorio que sustenta el acto reclamado, consistente en el audio y fotografía de la promovente, así como todas aquéllas pruebas en las que considere que éstas inciden de manera determinante, entre las que se encuentra la ampliación de la declaración del ofendido E.H.P., de fecha veintiuno de abril de dos mil diez, en la que identificó a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, como una de las personas que intervino en su secuestro, con base en la fotografía y audio que le fueron puestos a su disposición en dicha diligencia. c) De considerarlo procedente, analizara fundada y motivadamente el restante material probatorio para determinar, en su caso, la demostración de cada uno de los elementos del cuerpo del delito de secuestro que se imputa a la quejosa, así como su probable responsabilidad en su comisión; y, 3. Resolviera lo que en derecho procediera, con libertad de jurisdicción, respecto de la situación jurídica de la agraviada, pero considerando: a) La ilicitud en la obtención del audio y fotografía de la quejosa, referido en el parte informativo 5490, de dieciséis de abril de dos mil diez, rendido por los suboficiales de la Policía Federal; y, b) Excluyendo ese parte informativo como medio de convicción, así como la ampliación de la declaración del ofendido, realizada el veintiuno de abril de dos mil diez, por derivar de su ilicitud, y todos aquéllos elementos probatorios en los que considerara que el audio y fotografía, que son considerados como ilícitos, incidían de manera determinante. Oficio remitido por la autoridad responsable. VII. Por oficio 173 (foja 488), la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero Penal del Centro, residente en Ixcotel, Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 489 a 502), dictada en la causa penal 446/2016, de su índice. Vista a la parte quejosa VIII. Con esa documental, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, a efecto de que manifestaran lo que sus derechos conviniera (fojas 503 y 514), a lo que únicamente el aquí quejoso y la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, se pronunciaron al respecto. Análisis de la resolución Por resolución dictada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Primero Penal del Centro, residente en Ixcotel, Centro, Oaxaca:  Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 446/2016 (foja 489); y,  Dictó un nuevo auto de formal prisión contra la aquí quejosa Marisol Guerrero de la Luz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de E.H.P., al habérsele otorgado plenitud de jurisdicción para resolver lo procedente. En ese auto de término constitucional, la autoridad judicial responsable: a) Estableció que la obtención del audio y fotografía de la procesada, aquí quejosa, son pruebas ilícitas (foja 489 reverso), razón por la que no les concedió eficacia probatoria en la causa penal 446/2016, para tener acreditado el cuerpo de delito de secuestro y la probable responsabilidad de la agraviada en la comisión del delito de secuestro; y, b) Señaló que, además de excluir la obtención del audio y fotografía de la procesada, aquí quejosa, por su ilicitud, también excluía del caudal probatorio la ampliación de la declaración del ofendido E.H.P., de fecha veintiuno de abril de dos mil diez, en la que identificó a la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, como una de las personas que intervino en su secuestro, con base en la fotografía y audio que le fueron puestos a su disposición en dicha diligencia, pues, refirió, la ilicitud y la ineficacia probatoria de estas últimas probanzas repercutía directamente en esa ampliación, dado que fueron obtenidas a través de la violación de un derecho fundamental (foja 489 reverso). c) Tuvo por acreditado el cuerpo de delito y la probable responsabilidad de la quejosa, en la comisión del delito de secuestro, con los medios de prueba siguientes: I. Declaración ministerial del ofendido E.H.P., rendida ante la autoridad investigadora el dieciocho de diciembre de dos mil nueve (foja 490 reverso). A la que otorgó valor probatorio de indicio, en términos de lo establecido en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por señalar que se hizo en forma verbal y en virtud que a través de esa deposición se hizo del conocimiento de la autoridad investigadora un hecho delictuoso perseguible de oficio, como es el ilícito de secuestro. Los hechos se hicieron constar en un acta que levantó el Ministerio Público investigador, en acato a lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de ese ordenamiento legal, dado que se hizo por una persona con pleno conocimiento, quien al momento de declarar indicó contar con veintinueve años de edad, por lo que tiene la capacidad física e intelectual para narrar los hechos que denunció, pues se desenvuelve en un medio conurbado como lo es la ciudad de Oaxaca, sabe leer, escribir y cursó una licenciatura, por lo que tiene el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el que depuso; por su probabilidad e independencia de su posición tiene completa imparcialidad, ya que, dice, lo único que desea es que se sancione a quien lo privó de su libertad, además de que dicha declaración no se deviene inverosímil ni aislada (fojas 491 y 491 reverso). II. Testimonio de Eduardo Hernández Fernández, rendida ante la autoridad investigadora el veinte de abril de dos mil diez (foja 491 reverso). La autoridad responsable justipreció esa probanza de forma indiciaria, conforme al artículo 354 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, dado que, manifestó, cumple con los requisitos exigidos por la fracción VI del diverso numeral 355 del citado ordenamiento legal, pues fue vertido por una persona capaz de declarar, quien al momento de hacerlo refirió contar con la edad de cincuenta años, cuenta con capacidad física e intelectual y tiene el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que depuso y se encuentra íntegro física y mentalmente, ya que no obra en autos constancia que demuestre lo contrario. Que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales se considera que dicho testigo es imparcial, pues no existe dato que destruya esa presunción, pues lo que declaró fue susceptible de conocerse por los sentidos, es decir por la vista y el oído, siendo evidente que no se requieren conocimientos especiales para percatarse de ello, percibió los hechos por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otras personas, además, porque su declaración resulta clara y precisa, sin dudas ni reticencias, respecto de la substancia de hecho, y de autos no se desprende que haya declarado por fuerza o por miedo ni impulsado por error, engaño o soborno (foja 491 reverso). III. Ampliación de las declaraciones ministeriales de E.H.P., realizadas el siete de mayo y veintitrés de septiembre de dos mil diez (foja 494 reverso). A las que concedió valor probatorio de indicio, en términos de lo establecido en el artículo 354 de código adjetivo penal, aduciendo que se hizo en forma verbal y en virtud que a través de esa deposición se hizo del conocimiento de la autoridad investigadora un hecho delictuoso perseguible de oficio, como es el ilícito de secuestro. Los hechos se hicieron constar en un acta que levantó el Ministerio Público investigador, en acato a lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de ese ordenamiento legal, dado que se hizo por una persona con pleno conocimiento, quien al momento de declarar indicó contar con veintinueve años de edad, por lo que tiene la capacidad física e intelectual para narrar los hechos que denunció, pues se desenvuelve en un medio conurbado como lo es la ciudad de Oaxaca, sabe leer, escribir y cursó una licenciatura, por lo que tiene el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el que depuso; por su probabilidad e independencia de su posición tiene completa imparcialidad, ya que, dice, lo único que desea es que se sancione a quien lo privó de su libertad, además de que dicha declaración no se deviene inverosímil ni aislada (fojas 495). IV. Declaración ministerial de Mónica del Carmen Pedroarena, de veintitrés de septiembre de dos mil diez (foja 495). Valorada de manera indiciara por el Juzgado de la causa, conforme a lo dispuesto en los numerales 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Oaxaca, al ser vertida por una persona capaz de declarar; que por su edad de treinta y tres años cuenta con la capacidad física, intelectual e instrucción, así como el criterio necesario para juzgar el hecho sobre el que declaró; se encuentra íntegra, física y mentalmente, pues no obra en autos constancia que demuestre lo contrario; por su probidad, independencia de posición y antecedentes personales se considera que dicha testigo es imparcial, los hechos relatados en su testimonio fueron susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, es decir, por la vista y el oído, de donde es evidente que no se requieren conocimientos especiales para percatarse de ellos; percibió los hechos por sí misma y no por inducciones ni referencias de otras personas, además, porque su deposición resulta clara y precisa, sin dudas ni reticencias respecto de la substancia del hecho, y de autos no se desprende que haya declarado por fuerza o miedo, ni impulsada por error, engaño o soborno (foja 495 reverso); y, V. Retrato hablado elaborado el dieciocho de diciembre de dos mil nueve, en el Departamento de Retrato hablado de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (foja 496). Pericial a la que le concedió valor probatorio indiciario, con base en lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al haber sido emitido por una persona con los conocimientos necesarios sobre la ciencia o materia en la que intervino, además de estar confeccionada conforme a lo establecido en los artículos 396, 397 y 398 de ese ordenamiento legal (foja 496). Vicio formal Ahora, la secretaria del Juzgado Primero Penal del Centro, también consideró la declaración de la inculpada, aquí quejosa, como una de las pruebas para acreditar su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro (foja 496 y 497 reverso), ya que, dice, en esa deposición "acepta que el retrato hablado guarda similitud con ella, tan es así que el retrato hablado parece su hermana" (foja 496 reverso). Sin embargo, la responsable no otorgó valor probatorio alguno a ese medio de convicción, ni expuso los motivos por los que lo justipreció. Requerimiento a la autoridad responsable IV. Ante esas inconsistencias, en proveído de ocho de marzo del año en curso (fojas 522 a 531) se requirió al juez Primero Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, cumpliera en sus términos con la ejecutoria dictada por el órgano revisor, y: a) Dejara insubsistente la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 446/2016. b) Emitiera una nueva resolución, en la que valorara, de manera motivada, la declaración rendida por la indiciada, aquí quejosa Marisol Guerrero de la Luz; y, c) Resolviera lo que en derecho proceda, con libertad de jurisdicción, respecto de la situación jurídica de la agraviada, una vez subsanado ese vicio formal. Oficio remitido por la autoridad responsable IV. Por oficio 848/2019 (foja 542), el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, remitió copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 543 a 550), en la causa penal 446/2016, mediante la que: * Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha de veintidós de enero de dos mil diecinueve, pronunciada en ese expediente (foja 543). * Con la libertad de jurisdicción que se le otorgó, dictó un nuevo auto de formal prisión contra la aquí quejosa Marisol Guerrero de la Luz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de E.H.P., en el que, además de valorar las probanzas referidas con anterioridad, subsanó el vicio formal en que incurrió al justipreciar la declaración rendida por la indiciada, aquí quejosa Marisol Guerrero de la Luz. Ello es así, pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 354, del Código de Procedimientos Penales del Estado, el juez otorgó valor probatorio de indicio a ese medio de convicción, ya que, manifiesta, cumple con lo dispuesto en la fracción II, del diverso precepto 355, de dicho ordenamiento legal, toda vez que fue emitida por la indiciada, aquí quejosa de formal verbal, quien, dice, tuvo previo conocimiento de las personas que deponen en su contra, así como de los hechos que se le imputan y, estuvo debidamente asistida de un defensor particular, como lo establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal (fojas 546 reverso y 547). Además, el juez responsable refirió que la declaración de la indiciada no se considera una confesión, en virtud que esta última no señaló haber cometido algún delito, ni participado en su comisión, pues se concretó a negar los hechos; sin embargo, señala, dicha declaración no es prueba suficiente para demostrar los elementos de cargo que existen en su contra, dado que, durante la secuela preprocesal no aportó alguna prueba idónea para acreditar su versión defensiva (fojas 546 reverso y 547). De igual forma, la responsable concluyó que el enlace lógico natural de los datos expuestos y las pruebas valoradas en lo individual y, luego en su conjunto, conllevan a la conclusión inequívoca de que la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, de manera conjunta con cinco personas, privaron de su libertad a otra, lesionando de esa forma, el bien jurídico tutelado por la norma penal, como lo es la libertad del ofendido; por lo que ello es apto y suficiente para tener por acreditada la probable responsabilidad de la quejosa, en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de E.H.P. (foja 547 reverso). En otro aspecto, indicó que la forma de intervención de la quejosa, es en su carácter de coautora material, de conformidad con lo establecido en la fracción III, del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado (foja 548 reverso) y que su conducta fue dolosa, acorde a lo previsto en el artículo 8, fracción I, de ese código adjetivo, ya que la inculpada tuvo la capacidad de actuar y querer manifestar el hecho delictivo, toda vez que conocía los elementos objetivos del delito de secuestro y, no obstante conocerlos, decidió conducirse de acuerdo a esa comprensión (foja 548 reverso), sin que exista causa de licitud o excluyente de responsabilidad a su favor (foja 549). De ahí que sin existir defectos o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la ejecutoria de referencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. No obsta a lo anterior, las manifestaciones que formula la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dos de abril de dos mil diecinueve (fojas 558 a 562), pues contrario a lo que dice, la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en este juicio de amparo, además de que los motivos que expone, se encuentran dirigidos a combatir la ilegalidad en el cumplimiento que efectuó la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio; por lo que, esos argumentos serán materia de análisis en diverso medio de impugnación, ya que este órgano jurisdiccional atento a esos efectos, se encuentra impedido para prejuzgar las consideraciones de la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la tesis número 2a. CXIV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 1997, Novena época, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 70/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 248, del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2001, Novena Época, con el rubro: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA". Archivo del Expediente. Por lo anterior, con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se devuelven tomos anexos. Devuélvanse a las autoridades responsables, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 137/2010, consistente en tres tomos anexos y al juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, Oaxaca, la copia certificada del expediente 446/2016, que obran en tres tomos diversos. Destino del incidente. Finalmente, del auto dictado el veinte de octubre de dos mil dieciséis (fojas 57 a 62), se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente, acuérdese lo procedente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    PRAL.31/2016-2A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Se agrega escrito y oficio. Agréguese el escrito de Noel Valdivieso Tapia, autorizado legal de la quejosa Marisol Guerrero de la Luz, y el oficio número 111, de la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en Santa María Ixcotel, Oaxaca, recibido vía correo electrónico oficial, mediante los que realizan diversas manifestaciones en atención a la vista que se les dio en auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 551), con el contenido del oficio 848/2019, del titular del referido órgano jurisdiccional. En su atención, se reserva acordar lo procedente, hasta en que se provea lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 31/2016 Acuerdo: PRAL.31/2016-2A-# San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. 1° Se agrega oficio. Agréguese el oficio 848/2019, del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en Ixcotel, Oaxaca, mediante el que comunica lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, y remite copia certificada de las constancias respectivas. 2° Vista a las partes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Transcurrido el término concedido en el citado numeral, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

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