Mario Sánchez Pacheco
Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Sánchez Pacheco
Actuaciones
- Principal
PRAL 297/2021 MESA 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de treinta de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 804/2018-2A* Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con dos minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 804/2018, como se ordenó en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Magdalena Ortiz Mejía, por propio derecho, e informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta y que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: La autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca, remitió copia certificada de constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 232/2014, de su índice. Los terceros interesados Catalina Epitacio Mejía e Ignacio Peña Montiel ofrecieron la documental consistente en copia simple del acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el referido expediente mercantil. Por lo que, se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve los terceros interesados Catalina Epitacio Mejía e Ignacio Peña Montiel realizaron diversas manifestaciones y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 804/2018; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en este municipio y turnado en esa fecha a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Magdalena Ortiz Mejía, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014; que atribuyó al juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca, mediante la que se resolvió el incidente de liquidación de intereses formulado por la parte actora. La quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. 2.1. Prevención. Por auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho se ordenó formar expediente impreso y electrónico; se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 804/2018 y se previno a la quejosa para que aclarara dicho ocurso. 2.2. Admisión. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho la quejosa cumplió con la prevención que se le formuló, por lo que, en proveído de veinticuatro del mismo mes y año se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, quien no formuló pedimento y se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado. 2.3. Emplazamiento. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó emplazar a esta instancia de amparo a 1) Catalina Epitacio Mejía, 2) Ignacio Peña Montiel y 3) María Isabel Ortiz Mejía, en su carácter de terceros interesados. Tercero. Recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra la sentencia dictada en este expediente. 3.1. Por sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve, firmada y autorizada el dieciocho de junio siguiente, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Magdalena Ortiz Mejía, por las consideraciones ahí expuestas. 3.2. En proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de revisión contra la resolución de mérito, el que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, bajo el número de toca 276/2019. 3.3. Por ejecutoria dictada el treinta de enero de dos mil veinte el citado órgano revisor revocó la sentencia emitida en este expediente y ordenó reponer el procedimiento, para que este Juzgado de Distrito a) dejara sin efecto la audiencia constitucional, b) con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo recabara oficiosamente todas las constancias relativas al incidente de liquidación de intereses y c) se continuara con la secuela procesal; por lo que, previo los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y el acto reclamado emana de un autoridad residente en San José Cosolapa, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y constancias que aparecen en este juicio de amparo, es: La interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, promovido por Catalina Epitacio Mejía e Ignacio Peña Montiel contra una deudora principal y la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, como avalista, en la que se aprobó la planilla por la cantidad de $396,060.00 (trescientos noventa y seis mil sesenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de intereses moratorios y de la suerte principal. Que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, y agregó que: El diecinueve de julio de dos mil dieciocho dictó resolución en el incidente de liquidación de intereses, promovido por la parte actora, en la que aprobó por concepto de intereses moratorios, la cantidad de $396,060.00 (trescientos noventa y seis mil sesenta pesos, cero centavos, moneda nacional). Para justificar su aseveración, remitió copia certificada de constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 232/2014. Cuarto. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia son de orden público y estudio preferente, lo aleguen o no las partes. En el caso, no se advierte que exista causal de improcedencia invocada o que deba analizarse de oficio; por lo que, lo procedente es entrar al estudio del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó sus conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos; sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa reclama la interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, promovido por Catalina Epitacio Mejía e Ignacio Peña Montiel contra una deudora principal y la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, como avalista, en la que se aprobó la planilla por la cantidad de $396,060.00 (trescientos noventa y seis mil sesenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, que incluye la suerte principal. Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la quejosa aduce fundamentalmente en sus conceptos de violación, que se transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por las razones siguientes: 1. El acto que reclama es ilegal, toda vez que el incidente de liquidación de intereses se tramitó conforme al procedimiento previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio y no con base en el procedimiento que prevén los diversos numerales 1349 a 1357 de ese ordenamiento legal, que, dice, regulan los requisitos, sustanciación y resolución de las cuestiones que tienen por objeto la cuantificación de la condena impuesta en la sentencia (foja 7). 2. En el acuerdo donde se tuvo a la parte actora formulando la planilla de liquidación, dictado el catorce de mayo de dos mil dieciocho (fecha que se advierte de las constancias remitidas por la responsable), el juez natural se limitó a realizar el trámite previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio, impidiéndole contestar esa cuestión incidental y ofrecer las pruebas pertinentes para justificar su improcedencia, dado que, manifiesta, la citada autoridad judicial no ordenó que se le corriera traslado con la copia de la planilla de liquidación, ya que únicamente decretó que se le diera vista (foja 7). 3. La autoridad responsable únicamente se basó en la operación aritmética formulada por la parte acreedora (sic) (foja 7). 4. La institución procesal de cosa juzgada no puede estar por encima del derecho humano que prohíbe la usura, pues una sentencia que condene al pago de intereses usurarios debe ser objeto de estudio en ejecución de sentencia (fojas 9 y 11). Por tanto, la quejosa estima que la autoridad responsable debió realizar un análisis de ponderación entre el principio de cosa juzgada y el de prohibición de la usura, como una forma de explotación del hombre por el hombre, con base en lo establecido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo prohíbe (foja 9). Para sostener su aseveración, la promovente del amparo citó la jurisprudencia de rubro: "USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA" (foja 12). 6.1. Concepto de violación infundado. El primero de los conceptos de violación vertidos por la quejosa resulta infundado, en tanto que el segundo de ellos es fundado; siendo suficiente este último, para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. 6.1.1. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento, se considera pertinente citar los antecedentes destacados del acto reclamado, en los términos siguientes: a) María de la Concepción González Martínez, en su carácter de endosataria en propiedad de Ignacio Peña Montiel y Catalina Epitacio Mejía, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a María Isabel Trujillo Ortiz, como deudora principal y a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su calidad de avalista, el pago de diversas prestaciones derivadas de un título de crédito. b) La demanda fue admitida por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Cosolapa, Oaxaca, quien por auto de exeqüendo de tres de diciembre de dos mil catorce la radicó con el número 232/2014, de su índice, ordenó requerir a las demandadas del pago de las prestaciones reclamadas y emplazarlas a dicho juicio. c) Llevado el trámite del juicio mercantil hasta su conclusión, el trece de diciembre de dos mil diecisiete se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, condenando a las demandadas María Isabel Trujillo Ortiz, como deudora principal, y a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su calidad de avalista, al pago de las prestaciones reclamadas. d) Contra esa resolución, las demandadas promovieron juicio de amparo directo, mismo que el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito desechó por extemporáneo. e) La parte actora promovió incidente de liquidación, para cuantificar las prestaciones no cubiertas. f) Mediante proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, el juez responsable: - Tuvo a la referida parte procesal (actora) promoviendo el incidente de liquidación de intereses, con base en la planilla remitida. - Ordenó dar vista a la parte demandada con esa cuestión incidental, para que, dentro del término de tres días, se manifestara al respecto, apercibida que, de no hacerlo, se le tendría por perdido su derecho para ello y el incidente seguiría su curso, con las consecuencias legales que conllevara. g) Por interlocutoria dictada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho se resolvió el incidente de liquidación de intereses y se determinó que las demandadas, entre ellas, la aquí quejosa, debe pagar a la parte actora una cantidad por concepto de intereses moratorios (lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo). Continuando, como se dijo al inicio de este considerando, el primero de los conceptos de violación expresado por la parte quejosa es infundado. En dicho motivo de disenso, la quejosa aduce que el acto que reclama es ilegal, toda vez que el incidente de liquidación de intereses se tramitó conforme al procedimiento previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio y no con base en el procedimiento que prevén los diversos numerales 1349 a 1357 de ese ordenamiento legal, que, dice, regulan los requisitos, sustanciación y resolución de las cuestiones que tienen por objeto la cuantificación de la condena impuesta en la sentencia (foja 7). Para resaltar lo infundado de ese argumento, debe exponerse, previamente, que de la revisión de las constancias que obran en el sumario, las cuales tienen plena eficacia probatoria que les confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, puede advertirse que el incidente motivo de esta instancia constitucional, se tramitó en la etapa de ejecución de sentencia; por ende, tiene como objeto cuantificar una condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal y, primordialmente, constituye un procedimiento contencioso con miras a determinar si el cálculo realizado en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos o las bases establecidas por el juzgador al momento de resolver la acción principal, así como los accesorios legales inherentes a ella. En ese sentido, si bien es cierto que tal procedimiento -incidental- es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva, también lo es que tal procedimiento es una consecuencia del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida sujeta al citado principio de cosa juzgada. Bajo ese panorama, el derecho sustancial otorgado a una de las partes en la sentencia definitiva que no pudo cuantificarse en el momento oportuno, debe cuantificarse en la etapa de ejecución de sentencia, en los términos precisados en el artículo 1348 del Código de Comercio, que dispone: "Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo". De la recta interpretación de tal numeral se obtiene que la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia definitiva y ésta no contiene cantidad líquida, debe: 1. Presentar su liquidación. 2. Con la liquidación se dará vista por tres días a la parte condenada. 3. Desahogada o no la vista el juez emitirá resolución. Así las cosas, en el asunto que se analiza no tiene aplicación el Capítulo Vigésimo Octavo, Título Primero, Libro Quinto, del Código de Comercio, denominado "De los incidentes", que comprenden los artículos 1349 a 1357, que aduce la parte quejosa, al estarse en presencia de un incidente de liquidación de intereses en la etapa de ejecución de sentencia, que tiene su origen específico en el numeral 1348 de la legislación mercantil en cita, actualizándose de esa forma el principio de especialidad de la ley, que impide la aplicación de una figura genérica mientras exista un dispositivo específico, tal y como lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubros y textos siguientes: "DISPOSICIONES ESPECIALES. Es bien sabido en derecho, que las disposiciones especiales, como casos de excepción, son derogatorias de las reglas generales que contradicen". "LEY CIVIL, DISPOSICIONES GENERALES DE LA. Las que tienen ese carácter, no pueden aplicarse, cuando exista otra disposición contraria establecida para casos especiales". Por lo anterior, resulta infundado que el juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca hubiese tenido que tramitar el incidente de liquidación de intereses conforme al procedimiento previsto en los artículos 1349 a 1357 del Código de Comercio, en virtud que, como se dijo, esa cuestión incidental que tiene por objeto cuantificar condenas ilíquidas, entre ellas, la de intereses, prevé una tramitación especial en el numeral 1348 del citado ordenamiento legal, cuya regulación únicamente se complementa con las reglas generales de los incidentes, previstas en los artículos 1,353 a 1,357 del Código de Comercio; razón por la que, se estima, la mencionada autoridad responsable no incurrió en incongruencia al aplicar ese precepto legal. 6.2. Concepto de violación fundado. En un diverso concepto de violación, la parte quejosa aduce que en el acuerdo en el que se tuvo a la parte actora formulando la planilla de liquidación, dictado el catorce de mayo de dos mil dieciocho (fecha que se advierte de las constancias remitidas por la responsable), el juez natural se limitó a realizar el trámite previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio, impidiéndole, con ello, la posibilidad de contestar esa cuestión incidental y ofrecer las pruebas pertinentes para justificar su improcedencia, dado que, manifiesta, esa autoridad no ordenó que se le corriera traslado con la copia de la planilla de liquidación, ya que únicamente decretó que se le diera vista (foja 7). Es sustancialmente fundado ese argumento, suplido en su deficiencia, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, por las razones que serán expuestas a continuación. De las constancias que integran el sumario mercantil de origen, que fueron justipreciadas con anterioridad, se advierte que en proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, el juez responsable: - Tuvo a la parte actora promoviendo el incidente de liquidación de intereses, con base en la planilla remitida; y, - Ordenó dar vista a las demandadas, entre ellas, a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su carácter de avalista, con esa cuestión incidental, para que, dentro del término de tres días se manifestaran al respecto; se les apercibió que, de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho para ello y el incidente seguiría su curso, con las consecuencias legales que conllevara. - El diecinueve de julio de dos mil dieciocho se resolvió el incidente de liquidación de intereses, condenando a las demandadas al pago de las cantidades fijadas en dicha interlocutoria. En el caso, no se advierte que la autoridad responsable hubiese ordenado notificar personalmente a las demandadas, entre ellas, a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su carácter de avalista, la apertura del incidente de liquidación de intereses, lo que se aprecia de la parte conducente de dicho proveído, que dice: "En Cosolapa, Oaxaca, a catorce de Mayo de dos mil dieciocho. .Por otra parte, en atención al escrito de la parte actora, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, téngasele a los accionantes promoviendo PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES, en base a la planilla inserta en su escrito de cuenta; por lo que, con el mismo dése vista a la parte demandada, para que dentro del término de tres días se manifieste al respecto, apercibiéndolas que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para hacerlo, siguiéndose el incidente en su curso y con las consecuencias legales que conlleve. Notifíquese y Cúmplase. Lo acuerda y firma el Licenciado ABISAÍ HORACIO ORTEGA ROJAS, Juez Mixto de este Distrito Judicial, actuando ante el Licenciado FELIPE DE JESÚS JUAN ÁNGELES, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe". Lo anterior, provoca una trasgresión a los derechos fundamentales de la quejosa, ya que si bien es cierto que el Código de Comercio no establece expresamente la forma en que debe notificarse el auto que admite el incidente de liquidación de intereses, hacerle saber a la contraparte del actor incidentista su admisión y correrle traslado con la propuesta de liquidación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; se precisa que ello es tan importante como el emplazamiento al controvertido del que deviene la ejecución de esa sentencia. Esto es así, pues dicho incidente es una litis accesoria que se desahoga dentro del juicio principal, en su fase de ejecución; de ahí que si la parte demandada incidentista desconoce su admisión, desahogo y llamado a oír resolución interlocutoria, así como de la pretensión sustancial de su contrario, contenida en la planilla de liquidación, ello provoca una trasgresión a los derechos fundamentales de esa parte procesal (demandada), tan grave como la falta o ilegalidad de un emplazamiento al juicio principal, pues se le dejaría en total estado de indefensión al no haber tenido la oportunidad de alegar en su defensa y ofrecer pruebas. No debe perderse de vista que el acto de la notificación, consiste en poner en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias proferidas por las autoridades judiciales, por lo que adquiere trascendencia constitucional, en la medida en que permite al individuo conocer las decisiones que le conciernen y establecer el momento exacto en que empiezan a correr los términos procesales, de modo que se convierte en un presupuesto para ejercer los derechos de defensa y contradicción en todas las jurisdicciones. En el caso, la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses en los juicios mercantiles, así como el traslado de la planilla de liquidación, sin duda adquiere un carácter cualificado, debido, por una parte, a los caracteres propios de dicho incidente (un procedimiento que se desahoga en la fase de ejecución de sentencia en el juicio principal) y, por otra, a las consecuencias jurídicas que producen, es decir, el conocimiento cierto de la cantidad por la cual se pide se ejecute la parte ilíquida de la sentencia condenatoria (intereses, entre otros) y la oportunidad de la parte vencida de poder ejercer su derecho de defensa en relación con esa cuestión sustancial. Por ello, se concluye que el auto que admite el citado incidente de liquidación debe notificarse a la parte demandada en forma personal, aunado a que en ese acto debe corrérsele traslado con la planilla de liquidación, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, pues, se insiste, esa diligencia de notificación tiene similar trascendencia a un emplazamiento. En ese sentido, atendiendo en lo conducente al artículo 1068 Bis del Código de Comercio, se estima que el acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite el incidente de liquidación de intereses, debió notificarse en forma personal a la demandada Magdalena Ortiz Mejía, y en ese acto de notificación, tuvo que corrérsele traslado con la planilla de liquidación promovido por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, con la finalidad de asegurar que ésta tenga un verdadero conocimiento de la pretensión sustancial de su contrario y pueda defenderse oportunamente de ella, en lo que a la litis incidental concierna. Ello es así, pues, se reitera, el incidente de liquidación de intereses es un procedimiento autónomo respecto del principal, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio, ya que parte de una demanda incidental mediante la que se ejerza el derecho de acción, que contiene una pretensión jurídica, consistente en la correcta estimación de un derecho cuya existencia ha sido previamente declarada; por lo que, a partir de que se notifique personalmente a la parte demandada el auto en que se decreta su admisión y se le corra traslado con el contenido de la planilla o solicitud de liquidación, existe la posibilidad de que el demandado incidentista oponga a dicha acción, las excepciones y defensas que estime procedentes, teniendo cabida: i) un período de ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas; ii) un período de alegatos y, iii) finalmente, una resolución en la que se determina la procedencia o improcedencia de la acción incidental ejercida. Los razonamientos plasmados en líneas que anteceden fueron la base para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la jurisprudencia 1a./J. 21/2019 (10a.), con número de registro: 2019792, localizable en la página: 1155, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y contenido siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ. El Código de Comercio no establece expresamente la forma en que debe notificarse el auto que admite el incidente de liquidación de intereses; no obstante, para despejar esa cuestión no es necesario acudir a la supletoriedad de la ley, pues dada la importancia de la referida notificación, ésta se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia (entre ellos, el de intereses), ya que sin desconocer la vinculación que existe entre el incidente y el juicio principal al constituir el primero una litis accesoria o derivada de los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia con la imposición de condenas ilíquidas, y que por ello, dicho incidente sea una extensión del juicio; lo cierto es que, también se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa; de ahí la necesidad de la notificación personal referida, que válidamente puede fundarse en el artículo 1,068 Bis del Código de Comercio, atento al principio general de derecho que consagra que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición. Por tanto, la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil ordinario o ejecutivo, debe practicarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, pues es necesario asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que pueda estar en aptitud de expresar cualquier inconformidad sobre su contenido." Lo anterior provoca que la interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, que resolvió el incidente de liquidación de intereses en comento, al devenir de un procedimiento incidental que adolece de ilegalidad en su notificación de admisión, sea ilícita también y, por ende, todos los demás acuerdos y diligencias subsecuentes. Precisión. No obsta que en autos del juicio de origen obre la diligencia de notificación de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, realizada a Humberto Montiel Carrión, relativa al acuerdo emitido el catorce del mismo mes y año, en el que se tuvo a la parte actora promoviendo el incidente de liquidación de intereses, en virtud que de esa diligencia de notificación se aprecia que el actuario adscrito al Juzgado responsable únicamente dio vista al autorizado legal de la parte demandada con la planilla de liquidación de intereses, para que, en el plazo de tres días se manifestara al respecto, pero no se advierte que le hubiese corrido traslado con la copia de esa pretensión, lo que resulta crucial para que esta última ejerza su derecho de defensa mediante la formulación de su oposición. Esa constancia es del tenor siguiente: Séptimo. Efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Magdalena Ortiz Mejía, para el efecto de que el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San José Cosolapa, Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, únicamente respecto de esa demandada: a) Deje insubsistente el acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la parte en la que: - Tuvo a la parte actora promoviendo el incidente de liquidación de intereses, con base en la planilla remitida; y, - Ordenó dar vista a las demandadas, entre ellas, a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su carácter de avalista, con esa cuestión incidental, para que, dentro del término de tres días se manifestaran al respecto. b) Como consecuencia deje insubsistente la interlocutoria dictada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, que lo resolvió y, en su caso, las demás diligencias emitidas en vía de consecuencia. c) Ordene se notifique en forma personal a la aquí quejosa Magdalena Ortiz Mejía el proveído de admisión del incidente de liquidación de intereses, dictado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, y en dicho acto le corra traslado con la copia de la planilla de liquidación. 7.1. No se hace extensiva la concesión del amparo. No obsta a lo anterior, la circunstancia que la quejosa Magdalena Ortiz Mejía, en su carácter de avalista, hubiese promovido esta instancia constitucional, para considerar que, por adquisición procesal, la resolución deba hacerse extensiva a la deudora principal María Isabel Trujillo Ortiz, aun cuando esta última no lo hubiere realizado; toda vez que el avalista es una institución accesoria de garantía y, por tanto, un deudor autónomo, a quien pudo exigirse la obligación en primer lugar, sin necesidad de recurrir al avalado previamente. En consecuencia, si únicamente la avalista combatió a través de este juicio de amparo la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de intereses, no puede considerarse opuesta por la deudora principal, aun cuando exista un litisconsorcio pasivo. 7.2. No se analizan diversos conceptos de violación. Es innecesario hacer el estudio de los restantes argumentos planteados por la parte quejosa, pues no serían útiles para modificar el sentido de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 107, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS". Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de esta sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a la quejosa Magdalena Ortiz Mejía, contra el acto reclamado consistente en la interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 232/2014, que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia de San José Cosolapa, Oaxaca; en términos del considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR (
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 297/2021 Acuerdo: p 297/2021 mesa 3º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el veintiséis de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado el veintinueve de marzo del año en curso, promovida por M***, por derecho propio, contra un acto del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 297/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama: Del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La omisión de radicar el escrito inicial de demanda, presentado el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro. Ahora, la reclamación de dicho acto evidencia que existe una abierta dilación en el proceso natural, pues han transcurrido aproximadamente más de tres meses sin que el juez responsable haya dictado un acuerdo en atención al escrito inicial que la parte quejosa presentó el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro, lo que patentiza que la parte quejosa reclama un acto de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, mayo de 2016, tomo II, registro 2011580, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." La jurisprudencia citada con anterioridad establece que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pese a que alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición. Sin embargo, establece como excepción a la regla que, cuando el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, será procedente el juicio de amparo, ya que, en esos supuestos (abierta la dilación o paralización total), se está en presencia de actos de imposible reparación, lo cual acontece en el caso, pues han transcurrido más de tres meses sin que se haya dictado el acuerdo correspondiente al escrito inicial de demanda, presentado el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro. Empero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en jurisprudencia, que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotarse el principio de definitividad contra los actos de imposible reparación; como así lo ilustra la jurisprudencia (registro 2017117) del texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, como ya se precisó con anterioridad, la parte quejosa reclama: la omisión de radicar el escrito inicial de demanda, presentado el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro, la cual se traduce como una negación de justicia; acto contra el cual no se agotó el principio de definitividad; por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. A efecto de demostrar la causa de improcedencia anunciada, resulta necesario precisar que el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; - - - (.)". Del citado artículo se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por razón del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre que no se trate de alguno de los actos de excepción a que se refiere los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone lo siguiente: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. Derogada. III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia". Del artículo citado se aprecia que contra casos de denegación de justicia (la omisión de radicar el escrito inicial de demanda, presentado el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro), procede el recurso de queja. Por tanto, si, en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de la responsable en radicar su escrito inicial de demanda, presentado el siete de diciembre de dos mil veinte ante el buzón de la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial del Centro, el cual se traduce toralmente como una denegación de justicia, es inconcuso que contra dicha actuación procede el recurso de queja previsto en el artículo 697, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. En consecuencia, al no impugnar la parte quejosa tal denegación a través del citado recurso de queja, antes de promover este juicio de amparo; se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 1999, tomo X, registro 193142, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Julio de 2012, página 729, registro 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No es óbice a lo anterior, que en el juicio natural estén inmersos derechos de un menor, pues no basta con que un acto sea irreparable para inobservar el principio de definitividad, aun en asuntos que traten sobre menores, ya que la excepción a dicho principio opera cuando el acto reclamado no pueda ser impugnado mediante un medio ordinario de defensa, por su inexistencia, o que existiendo no resulte idóneo para combatir sus efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Diciembre de 2013, página 350, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Sin que la parte quejosa se encuentre en ninguno de los supuestos establecidos en los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 113, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Mario Sánchez Pacheco. No impide llegar a la determinación que la parte quejosa debía agotar el principio de definitividad, que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca que los derechos humanos deben interpretarse conforme a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro personae), ya que la aplicación de ese principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales establecidos para la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis 1ª. CCLXXVI/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo I, página 530, registro 2002359, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO". 5. Domicilio y personas autorizadas. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa, con facultades amplias, a Armando Montaño Santiago (cédula profesional 5244435), toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, a las diversas personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa en el escrito de cuenta. 6. Se autoriza el uso de medios electrónicos. De acuerdo a la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; con la precisión de que esa autorización no compromete a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga esa parte, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al (a la) actuario(a) que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la referida parte, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Con la precisión que para el uso de dichos medios, deberá de atenderse a los lineamientos establecidos en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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