Marisol Guerrero De la Luz
Expediente 308/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marisol Guerrero De la Luz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA EDUARDO HERNÁNDEZ PEDROARENA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído ocho de enero pasado (fojas 190 a 191), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento emitido por las autoridades responsables; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido y, enseguida, se proveerá lo relativo a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero actual (foja 197). Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, materia común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, (fojas 154 a 165), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos (fojas 162 vuelta y 163): ". En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, a efecto de que la 1) juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, efectúe lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 2.- En esa misma actuación analice, con libertad de jurisdicción, si procede o no, en su caso, la convalidación de las actuaciones del juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca; hecho lo cual, determine, también con libertad de jurisdicción, si la situación jurídica de la inculpada Marisol Guerrero de la Luz se sigue o no rigiendo por el diverso auto de formal prisión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 38 a 96 tomo III de pruebas), dictado en la causa penal 137/2010, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, únicamente por lo que respecta al delito de SECUESTRO, previsto y sancionado por el artículo 348 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relacionado con la fracción III del artículo 348 BIS A del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Eduardo Hernández Pedroarena y continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal; de ser procedente, determine y concluya en esos términos. Así al haberse concedido el amparo solicitado bajo los efectos ya precisados, no se realiza el análisis de los conceptos de violación, ya que se atendió a la violación procesal advertida. En apoyo se invoca, por su contenido jurídico la tesis jurisprudencial aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, abril de 1991, página 86, registro electrónico 223103, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al 2) director del Centro de Reinserción Femenil, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pues éste no se combatió por vicios propios, sino que, su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Tiene aplicación al efecto, la siguiente jurisprudencia : "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de ésta." II.- Por auto de quince de diciembre del año próximo pasado (fojas 177 a 178) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca; y, 2) director del Centro de Reinserción Femenil, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (fojas 177 y 178). III. Por oficio número 4672, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 182) y, al efecto, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha -veintidós de diciembre del año que antecede- en la causa penal 446/2016, de su índice (fojas 184 y 185); en tanto que por diverso comunicado de cuatro de enero del año en curso (foja 188) la directora del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet, con sede en Tlacolula, Oaxaca, informó los tramites adoptados en acatamiento a la concesión de amparo; documentales con las que, en proveído de ocho de enero de este año (foja 190 y 191), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, plazo en el que el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero actual (foja 197), realizó manifestación al respecto. Ahora, es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con una sentencia de amparo, como es el caso, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que no se interpuso recurso de revisión en su contra, se establece que la autoridad responsable juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, a través de la resolución de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 184 y 185): 1.- Dejó insubsistente la diversa resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 446/2016, de su índice. 2.- Con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución de la que se advierte que: I. Convalidó las actuaciones realizadas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, en la causa penal 137/2010, del índice de ese órgano jurisdiccional, el cual dio origen a la causa penal 446/2016, del índice de la responsable. II. Determinó que el auto de formal prisión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el citado Juzgado Quinto de Distrito, será el que continuará rigiendo la situación jurídica de la procesada (aquí quejosa) Marisol Guerrero de la Luz, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de Eduardo Hernández Pedroarena. III. Finalmente, ordenó hacer del conocimiento de las partes que se aperturó la etapa de instrucción a fin de que promuevan las pruebas que estimen pertinentes. En tanto que la diversa autoridad responsable, directora del Centro Penitenciario Femenil, con sede en San Francisco, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, informó el acatamiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, ello atento a la concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución que se le atribuyó (foja 188). Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Se acuerda manifestación de la parte quejosa. No obsta a lo anterior las manifestaciones que formula el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero pasado (foja 197), en razón de que en ellos expresa su conformidad con el cumplimiento emitido por las autoridades responsables. Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena devolución de tomos anexos. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obran tres tomos anexos, correspondientes a la copia certificada del expediente 446/2016, del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, que dicha autoridad acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse dichos tomos, toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 308/2016 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído ocho de enero pasado (fojas 190 a 191), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento emitido por las autoridades responsables; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido y, enseguida, se proveerá lo relativo a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero actual (foja 197). Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, materia común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, (fojas 154 a 165), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos (fojas 162 vuelta y 163): ". En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, a efecto de que la 1) juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, efectúe lo siguiente: 1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 2.- En esa misma actuación analice, con libertad de jurisdicción, si procede o no, en su caso, la convalidación de las actuaciones del juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca; hecho lo cual, determine, también con libertad de jurisdicción, si la situación jurídica de la inculpada Marisol Guerrero de la Luz se sigue o no rigiendo por el diverso auto de formal prisión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 38 a 96 tomo III de pruebas), dictado en la causa penal 137/2010, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, únicamente por lo que respecta al delito de SECUESTRO, previsto y sancionado por el artículo 348 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relacionado con la fracción III del artículo 348 BIS A del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Eduardo Hernández Pedroarena y continúe conforme a derecho proceda con la secuela procesal; de ser procedente, determine y concluya en esos términos. Así al haberse concedido el amparo solicitado bajo los efectos ya precisados, no se realiza el análisis de los conceptos de violación, ya que se atendió a la violación procesal advertida. En apoyo se invoca, por su contenido jurídico la tesis jurisprudencial aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, abril de 1991, página 86, registro electrónico 223103, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al 2) director del Centro de Reinserción Femenil, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, pues éste no se combatió por vicios propios, sino que, su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Tiene aplicación al efecto, la siguiente jurisprudencia : "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de ésta." II.- Por auto de quince de diciembre del año próximo pasado (fojas 177 a 178) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca; y, 2) director del Centro de Reinserción Femenil, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (fojas 177 y 178). III. Por oficio número 4672, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, la juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 182) y, al efecto, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha -veintidós de diciembre del año que antecede- en la causa penal 446/2016, de su índice (fojas 184 y 185); en tanto que por diverso comunicado de cuatro de enero del año en curso (foja 188) la directora del Centro Penitenciario Femenil en Tanivet, con sede en Tlacolula, Oaxaca, informó los tramites adoptados en acatamiento a la concesión de amparo; documentales con las que, en proveído de ocho de enero de este año (foja 190 y 191), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, plazo en el que el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero actual (foja 197), realizó manifestación al respecto. Ahora, es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con una sentencia de amparo, como es el caso, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que no se interpuso recurso de revisión en su contra, se establece que la autoridad responsable juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, a través de la resolución de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 184 y 185): 1.- Dejó insubsistente la diversa resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 446/2016, de su índice. 2.- Con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución de la que se advierte que: I. Convalidó las actuaciones realizadas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, en la causa penal 137/2010, del índice de ese órgano jurisdiccional, el cual dio origen a la causa penal 446/2016, del índice de la responsable. II. Determinó que el auto de formal prisión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el citado Juzgado Quinto de Distrito, será el que continuará rigiendo la situación jurídica de la procesada (aquí quejosa) Marisol Guerrero de la Luz, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de Eduardo Hernández Pedroarena. III. Finalmente, ordenó hacer del conocimiento de las partes que se aperturó la etapa de instrucción a fin de que promuevan las pruebas que estimen pertinentes. En tanto que la diversa autoridad responsable, directora del Centro Penitenciario Femenil, con sede en San Francisco, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, informó el acatamiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, ello atento a la concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución que se le atribuyó (foja 188). Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Se acuerda manifestación de la parte quejosa. No obsta a lo anterior las manifestaciones que formula el autorizado de la parte quejosa, por escrito recibido en este Juzgado el dieciséis de enero pasado (foja 197), en razón de que en ellos expresa su conformidad con el cumplimiento emitido por las autoridades responsables. Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena devolución de tomos anexos. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obran tres tomos anexos, correspondientes a la copia certificada del expediente 446/2016, del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, que dicha autoridad acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse dichos tomos, toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRAL. 308/2016 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Glósese a los autos, para que surta sus efectos legales correspondientes, el ocurso signado por Carlos Morales Sánchez, autorizado de la parte quejosa Marisol Guerrero de la Luz mediante el cual desahoga la vista que le fue otorgada en auto de ocho de enero del año en curso (fojas 190 a 191); en ese tenor, se provee: 1) Ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por la citada parte procesal en el líbelo de cuenta, mismas que serán tomadas en cuenta, en el momento procesal oportuno. 2) Una vez fenecido el plazo de tres días concedido a dicha parte en auto de ocho de enero del año en curso, efectúese el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento que adujo dar la autoridad responsable a la sentencia dictada en este expediente. Notifíquese.
- Principal
PRAL.308/2016-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de enero de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente. ...
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Mario Zuñiga Salinas721/2020
- Marisela Avendaño Martínez793/2018
- Marisol Díaz Santiago371/2023
- Marisol Guerrero De la Luz147/2019
- Marisol Guerrero De la Luz31/2016
- Marisol Guerrero de la Luz326/2019
- Marisol Guerrero de la Luz750/2019
- Marisol Guerrero De la Luz38/2019
- Marisol Martínez Ruíz215/2021
- Marisol Pérez Olvera1178/2022
- Marisol Santiago de la Cruz y Otros.1072/2022
- Marlen Mendoza Pérez119/2018