Maria Victoria O Gloria Morales Perez
Expediente 874/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Victoria O Gloria Morales Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se ordenó guardar en el seguro del juzgado, por considerarse de información reservada, las documentales públicas que remitió la autoridad responsable con los nombres y domicilios de las víctimas del delito en la indagatoria AP-20-2013/USDTP, aquí terceros interesados, asignándoles el registro 3/2016; así también, se advierte que por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa, calificándose los autos del juicio principal de no relevancia documental y susceptible de depuración; sin embargo, se omitió proveer respecto de las señaladas documentales de información reservada, por lo que se provee: Con fundamento en el punto vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año (acuerdo vigente en la época que se ordenó el archivo), del que se advierte que no serán objeto de depuración o destrucción las constancias que se hayan determinado como información reservada hasta que venzan el plazo previsto en la normatividad aplicable, respecto a la depuración o destrucción y, como esto ya aconteció, toda vez que han transcurrido los cinco años para proceder a depurar el expediente de origen, que transcurrió del trece de marzo de dos mil diecisiete al trece de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, se determina que las documentales que remitió la autoridad responsable en el que constan los nombres y domicilios de las víctimas del delito en la indagatoria AP-20-2013/USDTP, son susceptibles de depuración junto con el presente expediente de amparo, esto es serán destruidas junto con algunas constancias. Aunado a lo anterior, se ordena agregar las referidas documentales al expediente en que se actúa en el sobre en el que constan, y en su momento procédase a su depuración; y dese de baja el registro 3/2016 que se le dio para ser guardadas en el secreto del juzgado. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a las partes y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Seguimiento del Delito de Trata de Personas, mesa tres, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (anexo I), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó, y por otra se negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 551 a 589), se sobreseyó en parte, se negó por otro lado y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a). Dentro del término de veinte días hábiles, tiempo que se estima razonable, tome las medidas necesarias para continuar con la investigación con actos de efectivo seguimiento de algún delito, o en caso de no existir más diligencias pendientes por desahogar, determine sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 20/2013/USDTP. b). Deje insubsistente el acuerdo de siete de noviembre de dos mil catorce y las medidas tomadas para su cumplimento; y, en su lugar, emita otro en el mismo sentido pero con fundamento en los dispositivos correspondientes a legislación procesal aplicable (Código Federal de Procedimientos Penales). c). Ordene la notificación de dicho acuerdo en términos del artículo 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales." Resolución contra la cual, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, por lo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-364/2016 (fojas 730 a 758), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Así, mediante oficio FISDAI/UIETP/2734/2016 de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 695 a 722), remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa 20/2013/USDTP, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Mediante resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis determinó el no ejercicio de la acción penal en la referida indagatoria 20/2013/USDTP. Sin embargo, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se reservó acordar dicho oficio hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión antes mencionado (foja 723). Ahora bien, mediante oficio FISDAI/UIETP/237/2017 de veinte de enero del año en curso (fojas 770 a 780), el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa 20/2013/USDTP, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de siete de noviembre de dos mil catorce. - En proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, fundamento en los artículos 21 Constitucional, 95, 96 y 98 de la Constitución del Estado de Puebla, 2, 15, 16 y 182-B, fracción I, inciso a) del Código Federal de Procedimientos Penales, estableció que toda vez que dicha fiscalía tiene asegurada la cantidad de quinientos noventa y uno mil cuatrocientos veintidós pesos, que fue localizado y asegurado en la diligencia de cateo realizada en el inmueble ubicado en calle ocho Poniente, número trescientos dieciocho de la colonia Centro de la ciudad de Puebla, y que la parte quejosa mostró interés sobre el mismo, se le requirió para que dentro del término de noventa días naturales a partir de que quedara notificada de dicho auto, compareciera ante dicha fiscalía y acreditara su propiedad y legítima procedencia, de lo contrario causará abandono a favor del Estado. - Resolución que notificó a la aquí quejosa en el domicilio señalado en el presente juicio de amparo, por conducto del Licenciado Lucio Badillo Montiel, quien se identificó con su cédula profesional número 55575017. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 551 a 589), se sobreseyó en parte, se negó por otro lado y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "a). Dentro del término de veinte días hábiles, tiempo que se estima razonable, tome las medidas necesarias para continuar con la investigación con actos de efectivo seguimiento de algún delito, o en caso de no existir más diligencias pendientes por desahogar, determine sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 20/2013/USDTP. b). Deje insubsistente el acuerdo de siete de noviembre de dos mil catorce y las medidas tomadas para su cumplimento; y, en su lugar, emita otro en el mismo sentido pero con fundamento en los dispositivos correspondientes a legislación procesal aplicable (Código Federal de Procedimientos Penales). c). Ordene la notificación de dicho acuerdo en términos del artículo 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales." Resolución contra la cual, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, por lo que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-364/2016 (fojas 730 a 758), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Así, mediante oficio FISDAI/UIETP/2734/2016 de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 695 a 722), remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa 20/2013/USDTP, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Mediante resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis determinó el no ejercicio de la acción penal en la referida indagatoria 20/2013/USDTP. Sin embargo, en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se reservó acordar dicho oficio hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión antes mencionado (foja 723). Ahora bien, mediante oficio FISDAI/UIETP/237/2017 de veinte de enero del año en curso (fojas 770 a 780), el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Trata de Personas, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la averiguación previa 20/2013/USDTP, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el acuerdo reclamado de siete de noviembre de dos mil catorce. - En proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, fundamento en los artículos 21 Constitucional, 95, 96 y 98 de la Constitución del Estado de Puebla, 2, 15, 16 y 182-B, fracción I, inciso a) del Código Federal de Procedimientos Penales, estableció que toda vez que dicha fiscalía tiene asegurada la cantidad de quinientos noventa y uno mil cuatrocientos veintidós pesos, que fue localizado y asegurado en la diligencia de cateo realizada en el inmueble ubicado en calle ocho Poniente, número trescientos dieciocho de la colonia Centro de la ciudad de Puebla, y que la parte quejosa mostró interés sobre el mismo, se le requirió para que dentro del término de noventa días naturales a partir de que quedara notificada de dicho auto, compareciera ante dicha fiscalía y acreditara su propiedad y legítima procedencia, de lo contrario causará abandono a favor del Estado. - Resolución que notificó a la aquí quejosa en el domicilio señalado en el presente juicio de amparo, por conducto del Licenciado Lucio Badillo Montiel, quien se identificó con su cédula profesional número 55575017. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
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