Maria Victoria Garcia Hernandez

Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
339/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Victoria Garcia Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista, agréguese a los autos le escrito de la quejosa María Victoria García Hernández, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, señalando que reclama la respuesta que le recayó a la solicitud de cancelación de las firmas periódicas en el libro del juzgado responsable así como la devolución de las fianzas exhibidas, respuesta que se traduce ene l auto de once de febrero del año en curso y que es del tenor siguiente: RESOLUTIVO SEGUNDO: (...) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que María Victoria García Hernández, reclama, a la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, en donde la autoridad responsable da respuesta a la solicitud de la devolución de la fianza exhibida por la quejosa, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez responsable. Respecto del citado acto reclamado, el este juzgador Constitucional advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que María Victoria García Hernández, acude a reclamar segundo resolutivo del auto de once de febrero del presenta año, en donde la responsable se pronunció respecto a la devolución de la garantía económica que exhibió como fianza en el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 a 270 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece: "Artículo 267 EL recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. Artículo 268 El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia. Artículo 269 Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano. Artículo 270 Si el Juez o Tribunal admite el recurso, lo resolverá dentro de los tres días siguientes; pero si estima necesario oír a las partes, las citará a una audiencia verbal que se verificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y en la que se dictará la resolución que corresponda, la que no admitirá recurso alguno." Del contenido de los citados preceptos, se advierte la parte promovente se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, como lo señalan los numerales transcritos. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Por lo que se invocan los siguientes criterios: "AUTOS DICTADOS POR EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. PREVIO A ACUDIR AL AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA (ACTUALMENTE ABROGADO). El precepto mencionado establece que el recurso de revocación procede cuando esa legislación no conceda el de apelación, por lo que se está en presencia de una disposición legal de carácter enunciativa y no limitativa, al darle cabida a todas las situaciones que expresamente no estén previstas en el diverso artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (actualmente abrogado), sin que la legislación aplicable haga alguna distinción en lo que respecta al momento en que dicho recurso cobra vigencia (durante o después de concluido el juicio), debiendo entenderse que se refiere a ambos momentos, pues si hubiera sido otra la intención del legislador, expresamente lo habría establecido así, como lo hizo en cuanto al recurso de reposición en el artículo 268 del propio código, al considerar expresamente que éste se actualiza durante la sustanciación de la segunda instancia. En estas condiciones, todas aquellas determinaciones emitidas por el Juez Penal dentro del procedimiento y que por su naturaleza tengan el carácter de autos, no pueden perder ese atributo, por el solo hecho de que sean dictados después de la resolución que haya puesto fin al juicio, de manera que en su contra procede el recurso de revocación, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la pare relativa al auto de once de febrero de dos mil veintiuno en el que da respuesta a la petición de devolver la garantía económica que exhibió como fianza, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, por lo que, atinente a dicho acto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista, agréguese a los autos le escrito de la quejosa María Victoria García Hernández, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, señalando que reclama la respuesta que le recayó a la solicitud de cancelación de las firmas periódicas en el libro del juzgado responsable así como la devolución de las fianzas exhibidas, respuesta que se traduce ene l auto de once de febrero del año en curso y que es del tenor siguiente: RESOLUTIVO SEGUNDO: (...) DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que María Victoria García Hernández, reclama, a la autoridad responsable Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, en donde la autoridad responsable da respuesta a la solicitud de la devolución de la fianza exhibida por la quejosa, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez responsable. Respecto del citado acto reclamado, el este juzgador Constitucional advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que María Victoria García Hernández, acude a reclamar segundo resolutivo del auto de once de febrero del presenta año, en donde la responsable se pronunció respecto a la devolución de la garantía económica que exhibió como fianza en el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla; por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 a 270 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece: "Artículo 267 EL recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. Artículo 268 El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia. Artículo 269 Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano. Artículo 270 Si el Juez o Tribunal admite el recurso, lo resolverá dentro de los tres días siguientes; pero si estima necesario oír a las partes, las citará a una audiencia verbal que se verificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, y en la que se dictará la resolución que corresponda, la que no admitirá recurso alguno." Del contenido de los citados preceptos, se advierte la parte promovente se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, como lo señalan los numerales transcritos. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Por lo que se invocan los siguientes criterios: "AUTOS DICTADOS POR EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. PREVIO A ACUDIR AL AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA (ACTUALMENTE ABROGADO). El precepto mencionado establece que el recurso de revocación procede cuando esa legislación no conceda el de apelación, por lo que se está en presencia de una disposición legal de carácter enunciativa y no limitativa, al darle cabida a todas las situaciones que expresamente no estén previstas en el diverso artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (actualmente abrogado), sin que la legislación aplicable haga alguna distinción en lo que respecta al momento en que dicho recurso cobra vigencia (durante o después de concluido el juicio), debiendo entenderse que se refiere a ambos momentos, pues si hubiera sido otra la intención del legislador, expresamente lo habría establecido así, como lo hizo en cuanto al recurso de reposición en el artículo 268 del propio código, al considerar expresamente que éste se actualiza durante la sustanciación de la segunda instancia. En estas condiciones, todas aquellas determinaciones emitidas por el Juez Penal dentro del procedimiento y que por su naturaleza tengan el carácter de autos, no pueden perder ese atributo, por el solo hecho de que sean dictados después de la resolución que haya puesto fin al juicio, de manera que en su contra procede el recurso de revocación, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualizan de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la pare relativa al auto de once de febrero de dos mil veintiuno en el que da respuesta a la petición de devolver la garantía económica que exhibió como fianza, dentro de la causa penal 145/2015 del índice del Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, por lo que, atinente a dicho acto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a sus autos el oficio 2722/2021, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 51/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de constitucional; misma que en sus puntos resolutivos señala: ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja hecho valer por MARÍA VICTORIA GARCÍA HERNÁNDEZ. En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, del testimonio de queja se advierte que la Superioridad indicó que no se encuentra bien precisado el acto reclamado por la parte quejosa, en consecuencia, resulta evidente que no se puede conocer lo que se está reclamando en la presente instancia; por lo que, el Tribunal Colegiado declaró fundado el citado recurso para que el suscrito se pronuncie como legalmente corresponda; en tal sentido, se acuerda: PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise los actos que reclama por esta vía constitucional. Ello es así, ya que la aquí promovente, en el apartado de acto reclamado manifestó: IV.- ACTOS RECLAMADOS.-Se reclama el auto de fecha once de febrero del presente año, específicamente en su segundo punto resolutivo, dictado dentro de la causa penal número 145/2015 a través del cual, el Juez Municipal en Materia Penal y Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, niega la devolución de la garantía económica que exhibí como fianza." Sin embargo, de la totalidad de las constancias que integran la demanda de amparo, no es posible establecer de manera inequívoca que se trate de una negativa de acordar favorable la petición de la quejosa, en el sentido de devolverle la garantía económica que exhibió como fianza, dentro de la causa penal 145/2015, pues del citado auto de once de febrero del presente año -del cual no se tiene certeza si fue reproducido o no es su totalidad-, resulta inexacto que contenga una negativa, sino más bien, se trata de una omisión a proveer lo solicitado, pues en ninguna parte de dicho acuerdo se advierte que la autoridad responsable 1. Juez Municipal en Materia Penal y Civil de Texmelucan, Puebla, se hubiera pronunciado en relación con la petición de once de diciembre de dos mil veinte. De lo anterior se advierte que, la promovente no es clara en especificar si lo que reclama a la autoridad responsable consiste en: a) la omisión de acordar su petición de once de diciembre de dos mil veinte; o, b) una negativa expresa, ya sea oral o escrita. Para clarificar la prevención, es menester destacar qué debe entenderse por negativa y omisión. La primera, requiere la solicitud de los gobernados y la correspondiente respuesta de la autoridad responsable de negarse a actuar de determinada manera (acto positivo). La segunda, se trata de una abstención total por parte de las autoridades responsables a realizar determinados actos. Así, la promovente deberá precisar, si reclama por una respuesta negativa -ya sea oral o escrita- de la autoridad responsable o, en su caso, si se duele de la omisión de la misma, de acordar su solicitud de once de diciembre de dos mil veinte. Para el caso de reclamar la negativa, deberá precisar la fecha de la determinación en la que la autoridad responsable emitió dicha respuesta, si fue verbal o escrita, así como la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad ordenadora, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones IV y V (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame y narrarse los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y su antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio a la Superioridad.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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