Maria Teresa Romero Rojas

Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
876/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Maria Teresa Romero Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 876/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por ***; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ***solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, escrito aclaratorio, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por ***, con el número de juicio de amparo indirecto 876/2022; y, se previno a la parte quejosa en los términos que del propio acuerdo se desprenden. Mediante escrito aclaratorio presentado el veintitrés de agosto siguiente, la demandante constitucional cumplió con el requerimiento del auto preventivo; por lo que, previa ratificación del contenido y firma de dicho ocurso, el seis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintiocho de septiembre del año en curso, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular,***reclama lo siguiente: La orden de cateo decretada sobre el domicilio que defiende la quejosa, ubicado en calle Once Norte, número cuatro mil cuatrocientos uno, colonia Santa María, de la ciudad de Puebla. La orden privativa de la libertad personal decretada en contra de la quejosa. La ejecución de dichas órdenes. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos (José González Zepeda), en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega (foja 39) 2 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega (foja 40) 3 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva en el Estado de Puebla (Eliseo Simón Guzmán Villegas). Niega (foja 45) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la quejosa haya aportado prueba idónea que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En efecto, si bien la demandante constitucional ofreció como prueba de su parte, la copia simple del instrumento público número 7837 (siete mil ochocientos treinta y siete), volumen noventa y uno, pasado ante la fe de la Notario Público Número Cuatro del distrito judicial de Atlixco, Puebla, relativo a la escritura de consolidación de usufructo vitalicio del bien inmueble identificado como casa señalada con el número cuatro mil cuatrocientos uno, de la calle Once Norte, de la ciudad de Puebla, a favor de María Teresa Romero Rojas en su carácter de nuda propietaria; lo cierto es que, con independencia del valor probatorio que pudiera otorgársele a dicha documental, por tratarse de una copia simple, sólo revela el acto que en él se consigna, es decir, la consolidación de usufructo vitalicio del bien inmueble detallado en dicho instrumento público, pero de forma alguna demuestra la existencia de una orden de cateo o de una diversa privativa de libertad personal en contra de la quejosa. Por ende, esa probanza no resulta idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con los actos que les fueron atribuidos. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por *** contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente a la autoridad responsable 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva; y, por oficio a las restantes autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese a las presentes actuaciones únicamente para que obre como corresponda el oficio de la autoridad responsable 2. Director General de la Policía Estatal Preventiva (recibido por duplicado), a través del cual rinde el informe previo que le fue solicitado; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante interlocutoria pronunciada el veintitrés de septiembre pasado, se resolvió respecto de la suspensión definitiva solicitada en el presente incidente de suspensión, en la cual se determinó lo conducente por cuanto hace a dicha responsable. Cúmplase.

  3. Principal

    27-09-22 PEDIMENTO. Agréguese a los presentes autos el alegato 265/2022, del agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrito a este juzgado; visto que fue su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al referido fiscal Federal haciendo diversas manifestaciones a manera de alegatos, en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa; para los efectos legales a que haya lugar. En atención a las copias que solicita, dígasele que una vez que se dicte la resolución correspondiente le será debidamente notificada y como lo pide, se le expedirá copia de la misma. Además, téngase el correo electrónico proporcionado, como medio para establecer contacto en este período de contingencia. INFORME JUSTIFICADO. Con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad siguiente: 3. Director General de la Policía Estatal Preventiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. DELEGADOS, DOMICILIO Y MEDIO DE CONTACTO. Asimismo, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas para oír y recibir notificaciones a las personas indicadas; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones, el referido para tal efecto. Además, téngase el número telefónico proporcionado, como medio para establecer contacto en este período de contingencia. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la autoridad responsable solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro:"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Toda vez que la autoridad responsable solicita que se le autorice el acceso al expediente electrónico, a través del delegado Enrique Morales Hernández, quien cuenta con nombre de usuario: "MrMorales", se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, vigente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación -doce de junio de dos mil veinte-, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se acreditó que Enrique Morales Hernández, en su carácter de delegado de la autoridad responsable 19. Director General de la Policía Estatal Preventiva, cuenta con nombre de usuario: "MrMorales", el cual se encuentra vigente, se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 3. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA; POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES; Y, PERSONALMENTE POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA, AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por María Teresa Romero Rojas, escrito aclaratorio; y, auto de seis de septiembre de dos mil veintidós (suspensión provisional). A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el juez de Distrito, acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 876/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Teresa Romero Rojas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por María Teresa Romero Rojas, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de cateo practicada en el domicilio ubicado en calle Once Norte número cuatro mil cuatrocientos uno de la colonia Santa María de esta ciudad de Puebla; y, - La orden de detención librada en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 3 Director de la Policía Estatal de Puebla. Omisa De lo anterior se advierte que las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, y 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Y, por su parte, la autoridad responsable ejecutora 3. Director de la Policía Estatal de Puebla omitió rendir su respectivo informe previo. Sin embargo, atento que del informe previo rendido por la autoridad responsable ordenadora, se advierte que negó los actos reclamados, por lo que dicha autoridad en su calidad de ejecutora se encuentra imposibilitada de ejecutar unos actos inexistentes, de ahí que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Teresa Romero Rojas, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista de acuerdos a la quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano