Maria Victoria Teresa Taboada Aviles

Expediente 188/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
188/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Maria Victoria Teresa Taboada Aviles

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la demanda de amparo, la misma se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; por lo tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 188/2017-D. Así pues, debe señalarse que de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa María Victoria Teresa Taboada, reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente - Deyla Arredondo Flores- los actos siguientes: "1.- La Posible Consignación de la Averiguación Previa número 3529/2016/ORIEN. Al Juez de lo Penal en Turno. 2.- Asimismo reclamo todas las consecuencias de los actos reclamados que pudieren concretarse con violación a mis garantías individuales." En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, la parte promovente reclama en esta instancia constitucional del Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente - Deyla Arredondo Flores-, la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN iniciada en su contra, así como las consecuencias jurídicas derivado de ello, esto es, la integración de la citada indagatoria. La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho de actualizarse el supuesto establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Así mismo, compete al Ministerio Público en representación de la sociedad, 1) llevar a cabo la averiguación previa, carpeta de investigación -acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa o carpeta de investigación y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a la autoridad en comento. De ahí que la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación o, como sucede en el presente caso, la consignación de una averiguación previa; y, en general, la investigación de un delito, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN, no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos o la de un juzgador consistente en radicar un proceso no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dicha autoridad. Resulta ilustrativo al respecto, los criterios siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Bajo ese contexto, la posible consignación de la averiguación previa y las consecuencias que de ello emanen, no constituyen actos que causen perjuicio alguno a la esfera jurídica del promovente, pues debe entenderse que únicamente se trata de un acto relacionado directamente con las actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la averiguación previa, así como determinar si en realidad se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; o en su caso, si existen datos de prueba que evidencien la existencia de un hecho que la ley señala como delito, para, en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia; o bien citar, al inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión, comparecencia, citación del inculpado o imputado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos del promovente; por lo que es inconcuso que la integración de una averiguación previa, así como su consignación no afecta de manera alguna pregorrativa de éste. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN iniciada en su contra y las consecuencias que de ello emanen; por ser notoriamente improcedente la acción constitucional en su contra, dado que no afecta su interés jurídico. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida contra el acto precisado en el párrafo que antecede, por ser notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo y como autorizado, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Manuel González Luviano, Héctor Leopoldo Uribe Pacheco y Hugo César García Reyes pues se constató que cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho, inscritas ante la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, la misma se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; por lo tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 188/2017-D. Así pues, debe señalarse que de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa María Victoria Teresa Taboada, reclama a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente - Deyla Arredondo Flores- los actos siguientes: "1.- La Posible Consignación de la Averiguación Previa número 3529/2016/ORIEN. Al Juez de lo Penal en Turno. 2.- Asimismo reclamo todas las consecuencias de los actos reclamados que pudieren concretarse con violación a mis garantías individuales." En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, la parte promovente reclama en esta instancia constitucional del Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Oriente - Deyla Arredondo Flores-, la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN iniciada en su contra, así como las consecuencias jurídicas derivado de ello, esto es, la integración de la citada indagatoria. La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, deriva del hecho de actualizarse el supuesto establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Así mismo, compete al Ministerio Público en representación de la sociedad, 1) llevar a cabo la averiguación previa, carpeta de investigación -acción persecutoria-; 2) de ser el supuesto, ejercer o no la acción penal ante los tribunales; 3) de ejercitarse la acción penal los jueces deberán radicar la averiguación previa o carpeta de investigación y, en caso de advertir elementos que acrediten la comisión de la conducta delictiva imputada, podrán librar orden de aprehensión; por lo tanto, debe colegirse que dichas funciones no constituyen un derecho privado, es decir, no forman parte de las garantías de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido a la autoridad en comento. De ahí que la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación o, como sucede en el presente caso, la consignación de una averiguación previa; y, en general, la investigación de un delito, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN, no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa, pues con la realización de un acto de esa naturaleza no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos o la de un juzgador consistente en radicar un proceso no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica del quejoso, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dicha autoridad. Resulta ilustrativo al respecto, los criterios siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Bajo ese contexto, la posible consignación de la averiguación previa y las consecuencias que de ello emanen, no constituyen actos que causen perjuicio alguno a la esfera jurídica del promovente, pues debe entenderse que únicamente se trata de un acto relacionado directamente con las actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la averiguación previa, así como determinar si en realidad se encuentran acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; o en su caso, si existen datos de prueba que evidencien la existencia de un hecho que la ley señala como delito, para, en su caso, ordenar la aprehensión o comparecencia; o bien citar, al inculpado y, posteriormente, determinar en forma precisa si se acreditan los elementos constitutivos del ilícito de que se trate, incluyendo las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas correspondientes. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión, comparecencia, citación del inculpado o imputado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de derechos del promovente; por lo que es inconcuso que la integración de una averiguación previa, así como su consignación no afecta de manera alguna pregorrativa de éste. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la posible consignación de la averiguación previa 3529/2016/ORIEN iniciada en su contra y las consecuencias que de ello emanen; por ser notoriamente improcedente la acción constitucional en su contra, dado que no afecta su interés jurídico. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida contra el acto precisado en el párrafo que antecede, por ser notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo y como autorizado, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Manuel González Luviano, Héctor Leopoldo Uribe Pacheco y Hugo César García Reyes pues se constató que cuentan con sus cédulas de licenciados en derecho, inscritas ante la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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