Maria Trinidad Sosa Y Barquet
Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Trinidad Sosa Y Barquet
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obre la constancia e notificación de la referida resolución a la autoridad responsable: 23. Fiscal General de la República, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por María Trinidad Sosa y Barquet; auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno (suspensión provisional); informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, y acuerdo que los tuvo por recibidos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y, el juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Por tanto, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 70/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Trinidad Sosa y Barquet; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por por María Trinidad Sosa y Barquet, contra actos del 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado, y otras autoridades, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se acordó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por la parte quejosa María Trinidad Sosa y Barquet en el presente asunto son: a) Las órdenes de aprehensión, detención y/o presentación, decretadas en contra de la aquí quejosa; y, b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1 Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado. Niega 2 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega 3 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 4 Enrique López Criollo, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 5 Aarón Hernández Chino, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 6 Rosalva Elena Zarate Herrera, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega 7 Javier Vázquez Fernández, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 8 Idalia Arciniega Arias, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega 9 Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 10 María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 11 Mirian Huerta Lechuga, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla, Niega 12 Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sede en Puebla. Niega 13 David Rodríguez González, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Niega 14 Fernando Martínez Espinosa, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Niega 15 Juzgado de Ejecución de Sentencias Itinerante. Niega 16 Kenia Salgado Covarrubias, Jefe de Causas del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Niega 17 Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega 18 Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega 19 Milton Moctezuma Vega, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal. Niega 20 Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega 21 Marcela Elizabhet García Cante, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. Niega 22 Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega 23 Fiscalía General de la República. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención y/o presentación, decretadas en contra de la aquí quejosa; así como, su ejecución, debe decirse que las autoridades responsables citadas en el cuadro que antecede, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Trinidad Sosa y Barquet, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, por las autoridades indicadas en el diverso considerando tercero. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 70/2021-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por María Trinidad Sosa y Barquet, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; María Trinidad Sosa y Barquet, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A. ORDENADORAS: 1. DANIEL lVÁN CRUZ LUNA, JUEZ DE CONTROL DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO (.) 2. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 3. CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 4. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 5. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 6. ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 7. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITO AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARlAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 8. IDALIA ARCINIEGA ARIAS, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 9. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 10. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 11. MIRlAN HUERTA LECHUGA, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) DE PUEBLA, SEDE EN PUEBLA (.) 12. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL (.) SEDE EN PUEBLA (.) 13. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE' LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA (.) 14. DAVID. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARlAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA (.) 15. FERNANDO MARTÍNEZ ESPINOSA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA (.) 16. JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ITINERANTE (.) 17. KENIA SALGADO COVARRUBIAS, JEFE DE CAUSAS DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, PERTENECIENTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA (.) 18. FRANCISCO RUBÉN MARTÍNEZ IÑIGUEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN El SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 19. LUIS EDUARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN El SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 20. MILTON MOCTEZUMA VEGA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN El SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 21. JESÚS ENRIQUE PALACIOS INIESTRA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN El SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 22. MARCELA ELlZABHET GARCIA CANTE, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN El SISTEMA PENAL ACUSATORIO. B. EJECUTORAS: 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (.) 2. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (...) IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo a las Autoridades señaladas como responsables: 1. En calidad de ordenadoras, la ilegal emisión y/o libramiento de cualquier orden de aprehensión, detención, comparecencia, citación y/o presentación en contra del que suscribe (.) 2. En calidad de ejecutores, todos los actos tendientes a cumplir las instrucciones de la ordenadora para privarme de mi libertad injustificadamente (.) La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales; así como 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial de la demanda de amparo, admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 70/2021-C, se desechó parcialmente respecto del acto consistente en la citación para la audiencia inicial de formulación de imputación; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, se admitió a trámite por los restantes actos; formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo auto, se dejó de tener como autoridad responsable en este juicio de amparo a la autoridad a la que la parte quejosa denominó: 13. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, debido a que no precisó el nombre del juez al que se refería; sin embargo, tomando como hecho notorio que en la mencionada región judicial existen dos jueces de oralidad, mismos que fueron señalados como responsables, resultó innecesario realizar mayor requerimiento al respecto. TERCERO. Cita para audiencia. En el mismo auto admisorio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Las ordenes de aprehensión, presentación o detención; y, su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (Daniel Iván Cruz Luna). Niega 2 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez). Niega 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez). Niega 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Enrique López Criollo). Niega 5 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Aarón Hernández Chino). Niega 6 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), por conducto de José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 7 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Javier Vázquez Fernández). Niega 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Idalia Arciniega Arias). Niega 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Rosa Aurora Espejel Prado). Niega 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (María Guadalupe Muñoz Pérez). Niega 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Mirian Huerta Lechuga). Niega 12 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez) Niega 13 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla (David Rodríguez González). Niega 14 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla (Fernando Martínez Espinosa). Niega 15 Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante (Blanca Laura Ollivier Palacios) Niega 16 Coordinador de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla (Luis David Pérez Romero), en representación de Kenia Salgado Covarrubias, pues dejó de fungir como Jefa de Causas de dicho órgano jurisdiccional. Niega 17 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Francisco Rubén Martínez Íñiguez). Niega 18 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Luis Eduardo Jiménez Martínez). Niega 19 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Milton Moctezuma Vega). Niega 20 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Jesús Enrique Palacios Iniestra). Niega 21 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Marcela Elizabhet García Cante). Niega 22 Directora de Procedimientos Constitucionales, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 23 Fiscal General de la República, a través del Director de Amparo, por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por María Trinidad Sosa y Barquet, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables, precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE ENERO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como Covid19, mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; .... en el apartado Oficialía de partes, sub índice Recursos o Demandas OCC. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 70/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa María Trinidad Sosa y Barquet reclama, entre a otras autoridades, al 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado, y otras autoridades, entre otros actos, la citación de comparecencia, lo que se traduce en la citación para la audiencia inicial de formulación de imputación, dictada en su contra. Por tanto, respecto del referido acto reclamado, el suscrito juez de Distrito estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan El numeral 107, de la Carta Magna precisa la procedencia del amparo contra actos de un tribunal judicial, y previene, en su fracción III, los casos en que son competentes para conocer de ellos, los Jueces de Distrito en vía de amparo indirecto, cuyos casos se reiteran en lo conducente en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tratándose de actos realizados fuera de juicio o después de concluido; esto es, de una interpretación sistemática de ambos preceptos, se colige que el juicio de amparo indirecto, es procedente contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando su ejecución sea de imposible reparación. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.; consideración que se reproduce en el artículo 170, fracción I, párrafo final, de la Ley de Amparo, en relación a que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo se circunscribe a la cita de comparecencia para formulación de imputación, dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. En mérito de ello, dado que en el caso se reclamó la citación de comparecencia para la audiencia inicial de formulación de imputación, dictada en su contra, como forma de conducción al procedimiento penal, no procede el juicio de amparo indirecto de conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada en párrafos que anteceden, se desecha parcialmente la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo contra los restantes actos que reclama al 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las regiones judiciales del Estado, y otras autoridades. DIVERSA PROVIDENCIA. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable, entre otras, al 13. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador, que en la región judicial Centro-poniente, con sede en Cholula, existen dos jueces de oralidad penal y ejecución; y, tomando en consideración que la quejosa en los arábigos 14. y 15. del escrito de demanda, señaló como responsables a ambos jueces, y en el arábigo 13. no precisó el nombre del juez al que se refiere, resulta inconcuso tenerla como autoridad responsable en este controvertido constitucional; por lo que se deja de tener como autoridad señalada como responsable en esta instancia constitucional al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirán, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. PARTE TERCERA INTERESADA. Una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la diversa parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica para tal efecto en su escrito de demanda. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Guevara de la Trinidad, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, ténganse como autorizados en términos restringidos del citado numeral, a Yorcely Herendida Martínez Luna y Jessica Karina Loranca Machorro, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica ....; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada...... Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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