Maria Teresa Ortega Perez

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Maria Teresa Ortega Perez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 26 DE MARZO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período; Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021; Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 278/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado.DESECHAMIENTO.El suscrito considera que respecto al acto que por esa vía se reclama consistente en el citatorio de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, signado por la autoridad responsable 1. Josué René Macip Cajicá, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Titular de la Mesa de Medidas de Protección de Puebla, por el que requiere a la quejosa para que espere al citado Fiscal responsable en su domicilio el diecinueve de marzo siguiente, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio consistentes en: a) la imposición de una multa de quinientos días de salario mínimo vigente; y, b) arresto de hasta por treinta y seis horas, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el citatorio de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, signado por la autoridad responsable. En el citado citatorio se le hizo saber que debía esperar al Fiscal responsable en el domicilio particular de la quejosa, el diecinueve de marzo siguiente, con el apercibimiento de aplicarle las siguientes medidas de apremio: a) la imposición de una multa de quinientos días de salario mínimo vigente; y, b) arresto de hasta por treinta y seis horas -previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales-. Es oportuno señalar que la naturaleza de dicha citación, emitida dentro de una carpeta de investigación, no se pueden considerar como actos que restrinjan la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, en este punto debe destacarse que una vez terminada la diligencia, la quejosa podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque -señaló- contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, -precisó- ello sería cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados. Ahora bien, este juzgado considera que no es obstáculo para concluir lo anterior, que el agente del ministerio público pueda influir en la decisión del gobernado, a través de un apercibimiento en el sentido de hacer efectiva alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no asistir - en el caso, de no encontrarse presente en el domicilio particular a la hora citada-. Ciertamente, -en su momento- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 4/2011 el diez de agosto de dos mil once, determinó que la comparecencia ante el agente del ministerio público lograda por medio de una orden de localización, búsqueda y presentación, si bien no tenía como propósito lograr su detención, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse el buscado, limitaba temporalmente su derecho a la libertad. Lo último, según explicó, porque una vez cumplida, ésta finalizaría al momento en el que el Agente del Ministerio Público desahogara la diligencia que motivó su presencia y es, hasta ese momento y de no existir causa legal que lo impidiera, que el presentado podía retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por ende, -concluyó- que era evidente que sí afectaba la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin embargo, debe decirse que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su postura sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de que solo tengan el efecto de citar a una persona para el desahogo de una diligencia. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó- la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal de este circuito, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucia Martínez García, Andrés Vázquez Guzmán y Francisco Javier Torres Moreno, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y en términos restringidos del citado numeral, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En diverso aspecto, por cuanto hace a la solicitud en el sentido de autorizarle el uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la autoridad oficiante, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA.( Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período; Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021; Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 278/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO. El suscrito considera que respecto al acto que por esa vía se reclama consistente en el citatorio de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, signado por la autoridad responsable 1. Josué René Macip Cajicá, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, Titular de la Mesa de Medidas de Protección de Puebla, por el que requiere a la quejosa para que espere al citado Fiscal responsable en su domicilio el diecinueve de marzo siguiente, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio consistentes en: a) la imposición de una multa de quinientos días de salario mínimo vigente; y, b) arresto de hasta por treinta y seis horas, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el citatorio de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, signado por la autoridad responsable. En el citado citatorio se le hizo saber que debía esperar al Fiscal responsable en el domicilio particular de la quejosa, el diecinueve de marzo siguiente, con el apercibimiento de aplicarle las siguientes medidas de apremio: a) la imposición de una multa de quinientos días de salario mínimo vigente; y, b) arresto de hasta por treinta y seis horas -previstas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales-. Es oportuno señalar que la naturaleza de dicha citación, emitida dentro de una carpeta de investigación, no se pueden considerar como actos que restrinjan la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, en este punto debe destacarse que una vez terminada la diligencia, la quejosa podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque -señaló- contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, -precisó- ello sería cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados. Ahora bien, este juzgado considera que no es obstáculo para concluir lo anterior, que el agente del ministerio público pueda influir en la decisión del gobernado, a través de un apercibimiento en el sentido de hacer efectiva alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no asistir - en el caso, de no encontrarse presente en el domicilio particular a la hora citada-. Ciertamente, -en su momento- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 4/2011 el diez de agosto de dos mil once, determinó que la comparecencia ante el agente del ministerio público lograda por medio de una orden de localización, búsqueda y presentación, si bien no tenía como propósito lograr su detención, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse el buscado, limitaba temporalmente su derecho a la libertad. Lo último, según explicó, porque una vez cumplida, ésta finalizaría al momento en el que el Agente del Ministerio Público desahogara la diligencia que motivó su presencia y es, hasta ese momento y de no existir causa legal que lo impidiera, que el presentado podía retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por ende, -concluyó- que era evidente que sí afectaba la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin embargo, debe decirse que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su postura sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de que solo tengan el efecto de citar a una persona para el desahogo de una diligencia. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó- la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal de este circuito, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucia Martínez García, Andrés Vázquez Guzmán y Francisco Javier Torres Moreno, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y en términos restringidos del citado numeral, a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En diverso aspecto, por cuanto hace a la solicitud en el sentido de autorizarle el uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la autoridad oficiante, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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