Maria Isabel Bengochea Lopez
Expediente 435/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Isabel Bengochea Lopez
- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca y especializado en oralidad mercantil del circuito judicial del Istmo en Salina Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y concedido la definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso a, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su destrucción, debiendo enviarse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pondrán a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de constancias Por último, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución a la parte quejosa de lo siguiente: Copia certificada de la constancia de trámite vehicular para servicio particular de veintiocho de abril de dos mil catorce. Copia certificada de la tarjeta de circulación expedida a favor de la aquí quejosa María Isabel Bengochea López, con número de placa MRY6605. Copia certificada de la factura de la compraventa de un vehículo nuevo, con número de serie JM3TB26A2E0425758. Acta de matrimonio con número de registro B906088 de treinta de julio de dos mil uno. Dejándose copia de los mismos en autos como constancia legal, asimismo, deberá comparecer a recogerlos, dentro del plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, serán destruidos junto con el expediente; haciendo la indicación que el documento con que se identifique no deberá encontrarse deteriorado, es decir roto, desprendido en algunas de sus partes, ilegible por desgaste o incompleto; además de encontrarse vigente al día en que se presente en este órgano jurisdiccional para tal efectos. Atendiendo al contexto que actualmente impera en nuestro país, con apoyo en el numeral 6, fracción II, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace de su conocimiento que para efectuar la entrega de las citadas constancias, previamente deberá generar una cita para comparecer ante esta sede judicial (Código QR), a fin de ser atendida por el personal adscrito. Asimismo, de le hace del conocimiento conforme a la normatividad aludida, la asistencia a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tiene un límite de veinticinco minutos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, en la cual se hizo constar que la parte quejosa dentro del término de veinte días que se le otorgó por proveído de dieciocho de marzo del año en curso, no se presentó ante este Juzgado de Distrito a recoger los edictos en donde se ordena el emplazamiento a terceros perjudicados ********; así también, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos correspondientes. Ahora bien, tomando en consideración que a la fecha ya transcurrió el término legal concedido al quejoso para que se presentara a recoger los edictos correspondientes para su publicación, por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en "EL UNIVERSAL", que es uno de los periódicos diarios de mayor circulación de la República Mexicana; en consecuencia, es de estimarse que con dicha omisión, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 63, fraccionamiento II, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II.- El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. " Ello es así, toda vez que por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a juicio por medio de edictos a los terceros perjudicados Griselle Yedema Ortíz Guzmán y Joel Vásquez Rojas; los cuales, como se dijo en párrafos que anteceden, la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional, a efecto de recogerlos y realizar las publicaciones correspondientes, así también, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos correspondientes. Por lo tanto, como la parte quejosa no compareció dentro del plazo legal que se le otorgó a recoger los edictos para su publicación ni hizo manifestación al respecto en cuanto a que no tiene capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de marzo del año en curso; aunado al hecho de que este juzgado, agotó todos los medios tendentes a localizar a los terceros interesados, sin resultado favorable. En consecuencia, es evidente que la conducta contumaz de la quejosa, en el sentido de que no se presentó a recoger los edictos para su publicación, ni hizo manifestación alguna en cuanto a su incapacidad económica para sufragar el costo de la publicación de dichos edictos, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo citado en párrafos anteriores, por lo tanto, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186587, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164074, publicada en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo.". De la que se advierte que, se determinó que en aquellos casos en los que el quejoso afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en la especie, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no manifestó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza y tampoco ofreció pruebas para demostrar tal circunstancia. Consecuentemente, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de dos de mayo del año en curso, a efecto de que manifieste expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes a la publicación de los edictos, quien quedó legalmente notificada por lista el doce del actual, como así se advierte de las constancias que obran en autos. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cinco minuto del diez de junio de dos mil veintidós, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese
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