María Isabel Ochoa Vásquez

Expediente 76/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
76/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • María Isabel Ochoa Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 350 a 353), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido debiéndose glosar a este expediente. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado a la quejosa María Isabel Ochoa Vásquez, por acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 347 y 348), el que se notificó personalmente a su autorizado legal el nueve siguiente (foja 349), transcurrió del once al trece de enero del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 307 al 327), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa María Isabel Ochoa Vásquez, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán, Oaxaca, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por el Ejecutor de su adscripción el uno de julio de dos mil trece, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente número 500/2001 de su índice, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio, debiendo dictar las medidas correspondientes a efecto de que a la quejosa se le siguiera pagando la pensión alimenticia que venía disfrutando, pues sólo así se le restituiría el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sin perjuicio de que, previa solicitud del actor incidentista, se emplace a la quejosa en su domicilio correcto para que esté en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 339), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 04/2017, el Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, informó que declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento realizado por el Ejecutor anteriormente adscrito a ese juzgado, el uno de julio de dos mil trece, así como todo lo actuado posterior al auto admisorio en el cuaderno de incidente de cancelación de pensión alimenticia 500/2001, de igual forma y atendiendo a la nulidad decretada de las actuaciones dictadas posteriormente a la diligencia de emplazamiento en ese cuaderno, ordenó girar oficio al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dejara sin efectos el oficio número 1434 de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, por lo que debería seguir aplicando el descuento del dieciocho punto treinta y tres por ciento tal como fue ordenado mediante oficio número 900/2009 de veintidós de mayo de dos mil nueve y que debería pagar en forma retroactiva a la acreedora alimentaria María Isabel Ochoa Vásquez, la cantidad de dinero que dejó de percibir a partir del cumplimiento dado al oficio número 1434 de treinta de mayo de dos mil catorce. Remitiendo copia certificada del aludido oficio 006/2017 dirigido al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por el Ejecutor de su adscripción el uno de julio de dos mil trece, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente número 500/2001 de su índice, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio, además dictó las medidas correspondientes a efecto de que a la quejosa se le siguiera pagando la pensión alimenticia que venía disfrutando; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los citados efectos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado, en cumplimiento a lo ordenado por auto de quince de marzo del actual. IIIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado a la quejosa María Isabel Ochoa Vásquez, por acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete (fojas 347 y 348), el que se notificó personalmente a su autorizado legal el nueve siguiente (foja 349), transcurrió del once al trece de enero del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 307 al 327), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa María Isabel Ochoa Vásquez, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán, Oaxaca, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por el Ejecutor de su adscripción el uno de julio de dos mil trece, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente número 500/2001 de su índice, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio, debiendo dictar las medidas correspondientes a efecto de que a la quejosa se le siguiera pagando la pensión alimenticia que venía disfrutando, pues sólo así se le restituiría el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sin perjuicio de que, previa solicitud del actor incidentista, se emplace a la quejosa en su domicilio correcto para que esté en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 339), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 04/2017, el Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, informó que declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento realizado por el Ejecutor anteriormente adscrito a ese juzgado, el uno de julio de dos mil trece, así como todo lo actuado posterior al auto admisorio en el cuaderno de incidente de cancelación de pensión alimenticia 500/2001, de igual forma y atendiendo a la nulidad decretada de las actuaciones dictadas posteriormente a la diligencia de emplazamiento en ese cuaderno, ordenó girar oficio al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dejara sin efectos el oficio número 1434 de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, por lo que debería seguir aplicando el descuento del dieciocho punto treinta y tres por ciento tal como fue ordenado mediante oficio número 900/2009 de veintidós de mayo de dos mil nueve y que debería pagar en forma retroactiva a la acreedora alimentaria María Isabel Ochoa Vásquez, la cantidad de dinero que dejó de percibir a partir del cumplimiento dado al oficio número 1434 de treinta de mayo de dos mil catorce. Remitiendo copia certificada del aludido oficio 006/2017 dirigido al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento llevada a cabo por el Ejecutor de su adscripción el uno de julio de dos mil trece, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al expediente número 500/2001 de su índice, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio, además dictó las medidas correspondientes a efecto de que a la quejosa se le siguiera pagando la pensión alimenticia que venía disfrutando; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los citados efectos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado, en cumplimiento a lo ordenado por auto de quince de marzo del actual.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio número 04/2017, signado por la Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca, por el que informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia al carbón con firma autógrafa, del oficio número 006/2017, dirigido al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que ordenó dentro del expediente número 500/2001, dejara insubsistente el oficio número 1434 de fecha treinta de mayo de dos mil catorce; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado en cumplimiento a lo ordeno por acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis. III-B

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