María Isabel de la Rosa Chávez

Expediente 334/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
334/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • María Isabel de la Rosa Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a catorce de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta y uno de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIA-A

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda promovida por la ahora quejosa María Isabel de la Rosa Chávez, por propio derecho, contra actos del 1) Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 2) Juez de lo Civil de la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 3) Actuario del Juzgado de lo Civil de la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 4) Regidor de obras públicas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y 5) Director de obras públicas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- DE LAS TRES PRIMERAS AUTORIDADES ORDENADORAS: Reclamo la orden que de manera verbal y/o por escrito han realizado para otorgar a favor de los señores permiso o licencia de construcción a favor de los CC. ROMELIA VILLALOBOS ANGULO y CARMEN VILLANA GUZMÁN, e iniciar construcción en el inmueble de mi propiedad. b).- DE LAS SEGUNDAS AUTORIDADES CON EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: el cumplimiento material que pretenden realizar para llevar a cabo dicha construcción en contubernio con los terceros interesados en el presente juicio (sic)". Por otra parte, a efecto de acordar lo que en derecho proceda y tomando en cuenta lo asentado en la certificación secretarial que antecede, se ordena deducir del citado juicio de amparo número 319/2017, que se tramitó en este Juzgado Federal, copia certificada de la papeleta expedida por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, de la demanda de amparo, del auto de admisión, del escrito por el que la quejosa desistió en su perjuicio del trámite del juicio de garantías, del proveído en el que se ordenó la ratificación de dicho ocurso, de la diligencia actuarial en la que la quejosa ratificó dicha promoción y del acuerdo dictado el veintiocho de julio del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio por desistimiento expreso de la quejosa; lo anterior, para ser glosados a este expediente y surtan sus efectos legales procedentes. Ahora bien, de las constancias de autos y de la certificación secretarial que antecede, se desprende que procede desechar de plano la demanda de amparo, atento a las consideraciones siguientes: En efecto, de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la ahora quejosa María Isabel de la Rosa Chávez, reclama los mismos actos que hizo consistir en su diversa demanda que motivó la formación del juicio de amparo número 319/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, contra las mismas autoridades responsables. En tanto que de las copias certificadas que se ordenaron glosar a los autos, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se advierte que la quejosa, por escrito de demanda presentado el diecisiete de julio del año curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados Federales, con sede en esta ciudad, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 2. Juez de lo Civil de la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 3. Actuario del Juzgado de lo Civil de la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, 4. Regidor de obras públicas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca y 5. Director de obras públicas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hizo consistir literalmente en lo siguiente: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- DE LAS TRES PRIMERAS AUTORIDADES ORDENADORAS: Reclamo la orden que de manera verbal y/o por escrito han realizado para otorgar a favor de los señores permiso o licencia de construcción a favor de los CC. ROMELIA VILLALOBOS ANGULO y CARMEN VILLANA GUZMÁN, e iniciar construcción en el inmueble de mi propiedad. b).- DE LAS SEGUNDAS AUTORIDADES CON EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: el cumplimiento material que pretenden realizar para llevar a cabo dicha construcción en contubernio con los terceros interesados en el presente juicio (sic)". Juicio en el cual por acuerdo dictado el veintiocho de julio del año en curso, al haberse desistido la quejosa expresamente del trámite de dicho juicio, además, en diligencia actuarial de veintisiete de julio del año en curso, ratificó su escrito correspondiente, se decretó el sobreseimiento del juicio. En tales consideraciones, toda vez que la quejosa desistió expresamente en su perjuicio de la demanda origen del diverso juicio de amparo número 319/2017, así como de la prosecución del mismo; es obvio que por ese motivo se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;". Lo anterior es así, puesto que el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, ocasiona el sobreseimiento en el juicio, por lo que deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquél del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número P./J. 3/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formada con motivo de la contradicción de tesis 302/91, publicada en la página veintidós, Tomo III, del mes de Febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200197, cuyo rubro y texto son como sigue: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Magaly Chávez Vicente y Joaquín Santiago Antonio, en virtud de que no acreditaron con prueba documental alguna su calidad de licenciados en derecho, además no existe registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, no obstante que resulta necesaria, pues se trata de un asunto en materia civil, el cual es de estricto derecho. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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