Maria Hilda Villalobos Alonso

Expediente 459/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
459/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Hilda Villalobos Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado contra el acuerdo dictado el ocho de noviembre del presente año (fojas 15-21), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por María Hilda Villalobos Alonso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Notifíquese. MESA I-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta, signado por la quejosa María Hilda Villalobos Alonso; en su atención, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2, de la ley de la materia, previa razón de recibido que se deje en autos, expídase a su costa, copia certificada del auto de ocho de noviembre de la presente anualidad (fojas 15-21), teniéndose por autorizados para recibirla a las personas que indica, asentando razón de su recibo. Notifíquese. I-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Maria Hilda Villalobos Alonso, mediante el cual, en atención a la prevención formulada por auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11), precisa, bajo protesta de decir verdad, que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y se le tenga señalando como única autoridad responsable al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Regional de Salina Cruz. En atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de treinta de octubre del año en curso (fojas 8-11). DATOS DE LA DEMANDA. Ahora, vista la demanda y el escrito aclaratorio, signados por María Hilda Villalobos Alonso, contra actos del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Regional de Salina Cruz, que hace consistir en: La omisión de dar contestación al oficio de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recibido por IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Delegación Regional de Salina Cruz, Oaxaca, con fecha catorce de Marzo del presente año. DESECHAMIENTO En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. Ahora, en esencia la parte quejosa reclama del Instituto responsable, la omisión de dar contestación al oficio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, signado por el Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, deriva del juicio 730/2018, de su índice, en el que se le solicita que ordene a quien corresponda realice el descuento del diez por ciento a favor de la aquí quejosa, por concepto de pensión alimenticia provisional, del salario que percibe el demandado Rolando Cruz Vázquez, así como también, rinda informe que, entre otras cosas, se le requirió para que informara el salario que percibe la parte demandada. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de la materia, que en su orden señalan: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, acorde a la nueva legislación, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo vigente el concepto jurídico de autoridad responsable que sobre dicho concepto normativo ya existía respecto de la abrogada ley, en la medida que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, del análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la omisión de dar contestación al oficio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, signado por el Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, deriva del juicio 730/2018, de su índice, en el que se le solicita que ordene a quien corresponda realice el descuento del diez por ciento a favor de la aquí quejosa, por concepto de pensión alimenticia provisional, del salario que percibe el demandado Rolando Cruz Vazquez, así como también, rinda informe que, entre otras cosas, se le requirió para que informara el salario que percibe la parte demandada. Por lo cual es dable deducir que, así planteado el acto reclamado por la quejosa, si bien es cierto que corresponde realizarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del aérea correspondiente, también lo es, que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional, para lo cual, la forma de cumplimentarlo o, en su caso, de omitirlo, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que lo efectuará o no, pero en su calidad de patrón o ente asegurador, de quien fue demandado en el juicio de alimentos. Por ende, tal conducta será como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo. Pues si bien es cierto, que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también lo es, que la necesidad de que el acto revista las características apuntadas, pues así lo ha establecido el Máximo Tribunal del país al determinar cuándo un determinado organismo o ente cumple con los atributos para ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, es de considerarse que cuando el acto reclamado constituye la omisión de descuento por concepto de pensión alimenticia, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad en términos del referido numeral 5 de la Ley de Amparo, fracción II, de la Ley de la materia, susceptibles de combatirse mediante el procedimiento de amparo. En este punto, es dable señalar que la circunstancia de que la legislación de la materia contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Además, para fijar con precisión si se está frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos reclamables en el juicio de amparo fundamentales (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. Así pues, el acto que reclama la quejosa no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la señalada como autoridad responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón o ente asegurador, en tanto, que la omisión reclamada será como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que tal conducta revista la características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 168203, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, enero de 2009, página 2360, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. De igual forma, la tesis I.6o.T.26 L, con número de registro 202602, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Tomo III, abril 1996, que expone: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Además, no debe pasar inadvertido que la parte quejosa al desahogar la prevención formulada mediante proveído de treinta de octubre del año en curso (8 a 11), indicó que no era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuyo requerimiento se le formuló dado que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado deriva del juicio 730/2018 del índice del Juzgado aludido. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, de los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con número de registro 194725, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero 1999, página 648, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Finalmente, debe decirse que con la anterior determinación no se deja en estado de indefensión a la ahora quejosa, puesto que queda expedito su derecho para promover de manera directa ante el Juez de origen, el medio de defensa correspondiente a efecto de que requiera al ente de gobierno aquí señalado como responsable IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Regional de Salina Cruz el cumplimiento de la determinación contenida en el oficio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, derivado del controvertido referido en líneas precedentes; pues el juzgado natural a través de los medios de apremio pertinentes, tiene la potestad de aplicarlos para hacer cumplir sus determinaciones. Notifíquese personalmente a la quejosa. I-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por María Hilda Villalobos Alonso, por propio derecho, contra actos del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Delegación Regional de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en: "La omisión de dar contestación al oficio de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recibido por IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Delegación Regional de Salina Cruz, Oaxaca, con fecha catorce de Marzo del presente año." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número de juicio de amparo 459/2019. PREVENCIÓN Ahora bien, previo a acordar lo procedente, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. .." De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108, fracción III, así como 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: a) Manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la promovente manifiesta en el capítulo de "antecedentes", que promovió demanda de pensión alimenticia contra Rolando Cruz Vásquez, ante el Juzgado Segundo de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien ordenó girar oficio a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS Delegación Regional, Salina Cruz, Oaxaca, para que informara lo solicitado en el expediente 730/2018, e hiciera el descuento ahí establecido por concepto de pensión alimenticia, por lo que deberá manifestar si es su deseo llamar al presente juicio a dicho juez y el acto que, en su caso, le atribuye. Funda lo expuesto, en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cincuenta, del tomo III, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200588, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.- Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En el entendido que de señalar a dicha autoridad, deberá exhibir la copia del escrito de la demanda, a efecto de correrle traslado. Apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente, que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, en el plazo señalado, se tendrá únicamente como autoridad responsable y acto reclamado los señalados en el escrito inicial de demanda. Cabe destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la quejosa, no así por alguna persona que autorice en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte a la ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Constancia sin número, colonia 5 de Febrero, como referencia frente a Abarrotes Marcela, en esta ciudad. AUTORIZADOS Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a Santiago Castillejos Hernández, Mercedes Cruz Villalobos y Delia Cruz Villalobos, por así haberlo indicado la quejosa. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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