María Guadalupe Segura Ancona
Expediente 2204/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2204/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Guadalupe Segura Ancona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se desprende que mediante proveído de cuatro de enero de esta anualidad, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa el cinco de enero de dos mil veintitrés; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad: ".Deje insubsistente el proveído de dieciocho de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral 891/2022, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." Así, por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió a las responsables su cumplimiento. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora, mediante oficio 8/2023 (promoción 39), integrado en autos mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta responsable, informó y acreditó que mediante auto de dos de enero del año en curso, dictado en el juicio de origen, se dejó insubsistente el diverso de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, únicamente en cuanto a la fecha señalada, por lo que en el mismo proveído se fijaron las once horas del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, como nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previo los registros correspondientes en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: cuatro de enero de dos mil veintidós. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: cinco de enero del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: tres de enero de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: dos de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa del oficio que se provee, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se les apercibe que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintidós. ********************Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.********************En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. ********************En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal; lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días.********************Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 2204/2022-VI-B, promovido por MARÍA GUADALUPE SEGURA ANCONA, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el siete siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2204/2022-VI-B y se admitió a trámite la misma; se ordenó dar a la representación social Federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La fecha lejana (veintidós de marzo de dos mil veintitrés), señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio laboral 891/2022. TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidenta. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, en relación al acto reclamado a la Junta Federal responsable, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la Junta responsable, por conducto de su Presidenta, hace valer la causa de improcedencia a la que alude la jurisprudencia con número de registro 2011580, por los motivos que en la misma se exponen. El referido criterio jurisprudencial es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". (Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), Página: 1086). La causal de improcedencia citada debe desestimarse, pues como se verá al abordar el fondo de la cuestión planteada, de los autos en consulta se advierte que existe una abierta paralización del procedimiento laboral 891/2022; de ahí que como se indica en la parte final de la propia jurisprudencia en cita, ante esa circunstancia, el juicio de amparo, sí resulta procedente. QUINTA. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTA. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. En el caso, la parte quejosa reclama de la Junta responsable, violación a sus derechos fundamentales toda vez que no se le está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, dejándolo en estado de indefensión. Pues bien, asiste razón al impetrante del amparo, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia, o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo , se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado , se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se fijaron las diez horas del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Juan José Maldonado Cen, para el efecto de que la Junta responsable: - Deje insubsistente el proveído de dieciocho de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral 891/2022, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, en su lugar, emita nuevo pronunciamiento en el que observando los lineamientos de la presente resolución, señale nueva fecha para la celebración de dicha audiencia de ley, dentro de los plazos que al efecto establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTA. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARÍA GUADALUPE SEGURA ANCONA, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para el efecto precisado en la quinta consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese una reimpresión firmada electrónicamente de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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