María Guadalupe Tuc Iutiz
Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Guadalupe Tuc Iutiz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de cuatro de septiembre del presente año, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y la certificación efectuada por la Secretaria de este Juzgado en la cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no dio cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron mediante acuerdo de veinte de agosto del presente año, dentro del término de cinco días otorgado para tal fin; SE ACUERDA: Haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el referido auto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Geronides Aguiar Ordóñez, quien se ostenta con el carácter de apoderado de la quejosa María Guadalupe Tec Uitz, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La omisión a emplazar al juicio ********************, a ********************. Al respecto, SE ACUERDA: Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 930/2018-VI-B. Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones II y III, y 108, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare la demanda, en los siguientes términos: 1. Acredite con la documentación idónea, el carácter con el que promueve el presente juicio y que lo faculte como tal. Lo anterior, no obstante lo que aduce en el sentido de que la personalidad con la que comparece está acreditada y reconocida ante la responsable; toda vez que, el artículo 11 de la ley de la materia que invoca, es clara al señalar que cuando alguien se apersone al juicio en nombre del quejoso afirmando tener reconocida su representación en ese sentido, solamente le será admitida cuando así lo acredite con las constancias respectivas, de lo cual fue omiso el promovente en el caso particular, pues la materia de la que proviene el acto reclamado es de naturaleza laboral, por lo que no se ubica en el supuesto de excepción que prevé dicho numeral. A mayor abundamiento, es menester destacar que la fracción I del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone al peticionario del juicio, la obligación de acreditar la representación con la que se ostenta, a fin de que el juzgador de amparo, se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Asimismo, debe decirse que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que sólo incumba al peticionario y al juzgador de amparo o que no trascienda a la litis constitucional, sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108 fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro -para poner en marcha la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto-, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho de las demás partes a conocer el contenido del escrito de demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la Ley de la materia, se logra a través de las constancias respectivas, carga que corresponde a la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1862 y Registro: 2012545, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente". Así como en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, con número de registro 167431, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." 2. Manifieste si señala como autoridad responsable al actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, toda vez que de acuerdo a la narrativa plasmada en el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa refiere que la omisión a emplazar al juicio ********************, a ********************, lo atribuye especialmente al actuario adscrito a la Junta responsable, quien con tal proceder transgrede en su perjuicio el contenido de los artículos 748, 750 y 973, de la Ley Federal del Trabajo (articulado relativo a las notificaciones). Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, dentro del término concedido anteriormente, en el supuesto precisado en el número 1, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo de la invocada ley, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de mérito, y en caso de incumplir con lo señalado en el numeral 2, se tendrá únicamente como autoridad responsable a la Junta laboral señalada como responsable. Asimismo, hágase saber a la parte impetrante, que de igual forma deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el que señala para tal fin en la demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Además, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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