Maria Guadalupe Sanchez Trujillo

Expediente 1328/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1328/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Sanchez Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; lo anterior por cuanto dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa por lista electrónica el trece de agosto siguiente, por lo que dicho término transcurrió del dieciséis al veintitrés de los corrientes, descontando de dicho cómputo los días catorce y quince de agosto del año en curso, por ser sábado y domingo, así como diecinueve de agosto del presente año, por haber sido inhábil. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, mismo que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, de donde se desprende que la quejosa ***, no dio cabal cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veintiocho de julio último; mismo que le fue notificado vía electrónica el treinta de julio siguiente; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del dos al seis de los corrientes, descontando los días treinta y uno de julio; uno, siete y ocho de agosto, todos del año en curso, por ser sábados y domingos. En consecuencia, habiendo transcurrido el término de cinco días concedido para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la misiva HRM/DIR/570/07/2021 remitida por el Director del Hospital Regional Mérida "Elvia Carrillo Puerto" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que adjuntó. Ahora bien, del referido oficio se advierte que el Director responsable informó las gestiones realizadas para la compra del fármaco denominado Ácido Valproico a fin de entregárselo a la aquí quejosa. Para lo cual adjuntó el diverso oficio HRM/SA/CRM/428/07/2021 de dos de julio del presente año, signado por el Coordinador de Recursos Materiales del Hospital Regional Mérida "Elvia Carrillo Puerto" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, con el que hizo de su conocimiento que el área de farmacia del aludido nosocomio cuenta con existencias suficientes para cubrir las necesidades de la quejosa IRASEMA DE LA CRUZ OJEDA TABASCO, hasta el mes de septiembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, fue omiso en informar las gestiones que hubiere realizado a fin de contar con el medicamento de que se trata posterior a la referida fecha, y así, continuar proporcionándoselo a la impetrante del amparo, pues como la propia responsable informó a este órgano jurisdiccional, resulta necesario para el control de sus crisis epilépticas. En mérito de lo anterior, a efecto de tener elementos para resolver, con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable en cita Director del Hospital Regional Mérida "Elvia Carrillo Puerto" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que acrediten las gestiones que se encuentra realizando para la compra del fármaco en cita, a fin de encontrarse en aptitud de continuar proporcionando el mismo a la ahora impetrante del amparo. Apercibida que, de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con dieciséis minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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