María Guadalupe Euan Sarabia

Expediente 1362/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1362/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • María Guadalupe Euan Sarabia

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos el alegato ministerial de cuenta número 745/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia de la sentencia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por *****, contra el acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mismo que hace consistir esencialmente en la negativa de la autoridad responsable de acordar su memorial de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente número 343/2017 de su índice, mediante el cual proporciona el domicilio de ****, para que sea emplazado a juicio en ese asunto, así como la omisión de fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar en dicho juicio. Fórmese expediente, regístrese con el número 1362/2017-V-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de mérito, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de acordar su memorial de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente número 343/2017 de su índice, mediante el cual proporciona el domicilio de Armando López Domínguez, para que sea emplazado a juicio en ese asunto, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En este sentido, debe decirse que tal negativa de la responsable de acordar el escrito de la quejosa, resulta ser un acto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que el tema relacionado con la negativa de la responsable de acordar su memorial, no constituye un acto dentro de juicio que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales, ya que si bien es un acto verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución favorable en el procedimiento, y que por lo mismo no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una afectación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, por lo que el inconforme tendrá que esperar a que el Tribunal de origen dicte la sentencia y/o resolución correspondiente, para impugnar en su caso, dicha violación a través del amparo directo o en su caso el adhesivo. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de Registro 2006338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.), en la página 1539, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR PARCIALMENTE la demanda promovida por María Guadalupe Euán Sarabia, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de acordar su memorial de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente número 343/2017 de su índice, mediante el cual proporciona el domicilio de Armando López Domínguez, para que sea emplazado a juicio en ese asunto. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado por la quejosa al Juez Primero de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de fijar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar en el expediente 343/2017 de su índice, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la citada ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos, del quince de diciembre de dos mil diecisiete. En términos de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se les impondrá multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Dése la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo y como sus autorizados para tal fin, a Francisco Daniel Nah Tzuc, Cindy Estefany Kantún Carrillo y Sara Esther Medina Cano. Pero todos ellos, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado Federal realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, y regístrese.

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